El Gobierno prorroga la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 con una extensión limitada y coyuntural. El Boletín Oficial del Estado del pasado viernes 14 de agosto formaliza la renovación de la autorización de explotación de las unidades I y II, según confirma el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en un comunicado.
La orden TED/864/2026, de 12 de agosto, establece una ampliación de 31 meses para la unidad I y de 19 meses para la unidad II respecto al calendario de cierre previsto inicialmente. La nueva fecha límite para ambas unidades queda fijada en el 8 de junio de 2030. El Gobierno justifica la decisión por la incertidumbre energética internacional, marcada por el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Ucrania, así como por su impacto sobre los precios y la volatilidad del gas internacional.
Los términos de la prórroga: plazos, seguridad y coste para el consumidor
El MITECO mantiene el objetivo de cierre del parque nuclear español en 2035. La extensión concedida a Almaraz tiene, según el ministerio, un carácter limitado y coyuntural que no altera el calendario de apagón nuclear pactado con el sector. La decisión se apoya en una evaluación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha emitido un informe favorable tras analizar la documentación aportada por las empresas titulares.
El organismo regulador pidió información adicional durante el proceso sobre la gestión del envejecimiento de estructuras, sistemas y componentes de seguridad, así como sobre la gestión del combustible gastado durante el nuevo periodo de operación. Tras revisar la documentación, el CSN concluyó que la central puede seguir operando con garantías de seguridad nuclear y protección radiológica.
Uno de los argumentos con más peso político es el coste. El ministerio sostiene que la extensión de Almaraz no supondrá un coste adicional para los consumidores. La capacidad firme que aporta la central permitirá, según el MITECO, reducir la exposición del sistema eléctrico a episodios de precios elevados mientras se acelera el despliegue de fotovoltaica, eólica y almacenamiento.
El Gobierno garantiza capacidad firme sin penalizar la factura mientras madura el almacenamiento renovable.
La estructura de propiedad de la instalación explica parte del debate interno. Iberdrola controla el 53% de Almaraz, Endesa el 36% y Naturgy el 11%. Aunque Iberdrola y Endesa plantearon inicialmente una prolongación de diez años, la oposición de Naturgy y la necesidad de unanimidad entre los socios llevaron a una solicitud limitada hasta 2030.
La diferencia de plazos entre ambas unidades responde a sus respectivas fechas de vencimiento administrativo. La unidad I necesitaba más margen que la unidad II para alcanzar la nueva fecha límite, lo que confirma que los calendarios individuales del parque nuclear español estaban desalineados desde el protocolo de 2018. Con la prórroga, ambas unidades quedan alineadas en la misma fecha de salida.
El giro político y la transición del resto del parque nuclear
La prórroga supone un giro respecto al acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar sobre el calendario de cierre nuclear. La decisión cuenta con el respaldo de los partidos políticos de Extremadura, los municipios del entorno de la central y las empresas propietarias. El calendario vigente procede del protocolo firmado en 2018 entre las empresas eléctricas y Enresa, que establecía el cierre progresivo de las centrales entre 2027 y 2035. Almaraz era la primera instalación prevista para cesar su actividad.
Sin embargo, el protocolo no tiene carácter vinculante y la normativa permite solicitar la renovación de las autorizaciones dentro de los plazos establecidos. Este matiz legal ha permitido a las propietarias presentar la solicitud de extensión sin modificar el marco regulatorio general.
El calendario de cierre de 2035 se ha convertido en una referencia orientativa, no en un compromiso blindado.
Un equilibrio inestable entre seguridad de suministro y descarbonización
La prórroga de Almaraz se produce en un momento de transición para el resto del parque nuclear español. La nueva autorización se solapa con el próximo vencimiento de los permisos de explotación de Cofrentes y Ascó I, cuyos titulares deberán iniciar también sus respectivos procedimientos de renovación ante el CSN. Este encadenamiento de decisiones configura un territorio jurídico y político delicado: cada extensión puntual refuerza la sensación de que el calendario de cierre de 2035 es más una referencia indicativa que un compromiso firme.
En paralelo, un estudio de la Barcelona School of Economics (BSE) y del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) concluye que prolongar la operación de las centrales nucleares hace 100% inviable el objetivo renovable del PNIEC para 2030. El trabajo, publicado en la revista Energy for Sustainable Development, modela escenarios estocásticos y señala que mantener la capacidad nuclear compite directamente con el despliegue de renovables y almacenamiento.
La contradicción es evidente. El Gobierno defiende la extensión de Almaraz como una medida de seguridad de suministro, mientras insiste en que el PNIEC y el objetivo del 81% de generación renovable en 2030 siguen vigentes. Los datos del estudio de BSE e IREC cuestionan la compatibilidad de ambos objetivos en términos estrictamente técnicos y de mercado. La tensión entre capacidad firme y penetración renovable no es nueva, pero se intensifica cuando el calendario nuclear se modifica sin revisar el plan de descarbonización.
La posición de Red Eléctrica añade presión al debate. El gestor técnico del sistema ha defendido la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema aun con la prórroga de Almaraz, lo que implica que la nuclear no se considera un sustituto del desarrollo de redes e interconexiones. La firmeza de la base nuclear convive con un sistema cada vez más dependiente de la meteorología.
El mercado interpreta la decisión como un respaldo a la firmeza del suministro en un contexto internacional volátil. La nuclear se concibe como un complemento transitorio, no como una alternativa al almacenamiento. El próximo indicador relevante será la tramitación de las renovaciones de Cofrentes y Ascó I, que pondrá a prueba la consistencia del calendario de cierre del parque nuclear español y su encaje con los objetivos climáticos de la próxima década.
