La prórroga nuclear de Almaraz hasta 2030 costará 3.831 millones de euros a los consumidores españoles, según Fundación Renovables. La organización tacha la decisión de ‘error histórico’ horas después de su publicación en el BOE.
La orden del Gobierno, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, extiende la vida útil de la central extremeña hasta 2030. La medida rompe con el calendario de cierre nuclear escalonado pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y cierra casi un año de negociación entre el Ejecutivo y los propietarios de la planta.
Fundación Renovables no ha tardado en reaccionar. En un comunicado, ha calificado la decisión de ‘error histórico’ y ha asegurado que supone ‘echar por tierra’ la planificación energética de la última década. Para la organización, el modelo renovable español ‘sufre una herida de muerte’ ante una resolución que considera fruto de la presión de las empresas propietarias de las centrales nucleares.
El cálculo central del informe asciende a 3.831 millones de euros. Esa es la factura adicional que, según la Fundación con base en una estimación de la Universidad Rey Juan Carlos, asumirán los consumidores hasta 2033. La organización vincula ese sobrecoste al encarecimiento de la gestión de residuos radiactivos y a su traslado a la tarifa eléctrica.
La prórroga también obligará a modificar el PNIEC y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Además, la Fundación anticipa un ‘efecto dominó’ sobre el resto del parque nuclear español. Eso alteraría el calendario pactado de cierres y, a su juicio, agravaría los problemas de saturación de la demanda y de precios negativos.
El sobrecoste de 3.831 millones se trasladará a la tarifa eléctrica, mientras la nuclear satura la demanda y multiplica las horas con precios negativos.
La organización defiende que su oposición ‘no es un capricho ni un arrebato ideológico’, sino una postura sustentada en la Ley de Cambio Climático. Según su análisis, España dispone de sol, viento, agua, y biomasa suficientes para garantizar la independencia energética sin alargar la operación de Almaraz.
El peso de la central en el mix eléctrico es indudable. Desde su apertura ha generado unos 650.000 GWh, y en 2025 aportó el 28,5 % de la producción nuclear española. La cuestión de fondo, defiende la Fundación, es si esa aportación justifica el freno al despliegue de renovables y almacenamiento que, a su juicio, conlleva la nuclear.
Un coste de 3.831 millones para los consumidores hasta 2033
El dato económico está en el centro de la controversia. La estimación de la Universidad Rey Juan Carlos que cita la Fundación Renovables no se limita al periodo de prórroga inmediato, sino que proyecta el impacto hasta 2033. La cifra incluye los sobrecostes vinculados al combustible, la operación y la gestión posterior del combustible gastado y de los residuos radiactivos.
La organización insiste en que ese importe acabará en la factura eléctrica en un momento en el que la demanda convive con un despliegue masivo de autoconsumo y de almacenamiento. A su juicio, el coste nuclear se suma a otros cargos y tensiona la competitividad de los consumidores industriales y domésticos.
La saturación de la demanda es otro de los argumentos de fondo. Al prolongar la operación de Almaraz, la energía nuclear compite con la fotovoltaica y la eólica en las horas centrales del día. Eso puede incrementar los vertidos y las horas con precios cero o negativos, un problema que ya condiciona la financiación de las nuevas plantas renovables.
La Fundación advierte, además, de que los nudos del sistema eléctrico cercanos a las centrales nucleares quedarán saturados durante más tiempo. Ese cuello de botella retrasa la conexión de nueva capacidad renovable y obliga a redimensionar las redes de transporte y distribución.
Impacto en el PNIEC y en el calendario de cierre nuclear
La decisión del Gobierno obliga a revisar dos documentos esenciales de la política energética española. El PNIEC tendrá que incorporar un cierre nuclear más tardío, y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos deberá recalcular las necesidades de almacenamiento y su financiación. Según Fundación Renovables, la credibilidad española en Bruselas queda dañada por este giro.
El calendario de cierre nuclear pactado contemplaba la clausura de Almaraz en 2027 y 2028, en dos fases. La prórroga hasta 2030 lo deja sin efecto. La Fundación teme que la medida siente precedente para el resto de centrales, cuyos permisos vencen entre 2027 y 2035.
En paralelo, la organización rechaza que la prolongación aporte una ventaja significativa en términos de seguridad de suministro. España cuenta con una capacidad renovable instalada y con interconexiones suficientes para cubrir la demanda sin Almaraz, defiende. El debate, por tanto, no es solo técnico: es una disputa sobre qué modelo paga el sistema.
España dispone de sol, viento y almacenamiento para sustituir a Almaraz sin comprometer la seguridad de suministro.
Por qué la prórroga frena a las renovables en el mercado eléctrico
El choque no es nuevo. La nuclear y las renovables compiten por el mismo espacio en el sistema, y con un consumo eléctrico que aún no crece al ritmo previsto en el PNIEC, el margen para ambas es reducido. La prórroga de Almaraz retrasa la electrificación y puede desincentivar la inversión en almacenamiento justo cuando más se necesita.
El análisis de la Fundación Renovables apunta a una contradicción interna de la política energética: España se fija objetivos renovables ambiciosos y, al mismo tiempo, congela una fuente competidora. Esa coexistencia no es neutral. En horas de alta generación solar y viento, la nuclear obliga a activar mecanismos de desvío y puede acentuar la caída de precios mayoristas.
El riesgo de la prórroga no se limita a los 3.831 millones de euros. La Fundación lo expresa con claridad: la planificación energética depende de señales estables. La modificación del PNIEC introduce incertidumbre sobre el calendario de cierre nuclear y encarece la gestión de residuos. Esa incertidumbre ya tiene reflejo en las discusiones sobre el futuro de la tarifa eléctrica.
La cuestión que queda abierta es si Bruselas validará la reforma del PNIEC sin condiciones y cómo se repartirán los costes entre consumidores y propietarios. El expediente de Almaraz no se agota en la orden publicada este viernes: abre una etapa de adaptación regulatoria que se medirá en los próximos boletines oficiales y en la evolución de la tarifa.
