La CNMC ha dado luz verde a una regulación que permitirá a consumidores industriales y de almacenamiento conectarse a la red eléctrica aunque no haya capacidad firme disponible, a cambio de aceptar desconexiones o reducciones de demanda en momentos puntuales. La medida, que entra en vigor el próximo 1 de septiembre, busca desatascar miles de proyectos renovables e industriales que llevaban meses bloqueados en nudos saturados sin necesidad de construir nuevas líneas.
Cuatro modalidades de acceso flexible
La resolución desarrolla la Circular 1/2024 y define un abanico de permisos que permiten al gestor de red modular el consumo de los nuevos conectados. El tipo 0, para redes de distribución, se vincula a patrones horarios predefinidos. El tipo 1 autoriza la conexión normal, pero incluye la desconexión remota si la seguridad del sistema está en juego. El tipo 2, a partir de 1 MW, habilita recortes programados o en tiempo real. El tipo 3 aplica a grandes consumidores en la red de transporte, con obligación de reducir carga cuando lo indique el operador.
Esta arquitectura no es teórica. Exige un refuerzo de la observabilidad y el control de las instalaciones. El Procedimiento de Operación de Distribución (POD1), aprobado en paralelo, fija el envío de medidas en tiempo real, los protocolos de coordinación entre distribuidores y el operador del sistema y la firma de contratos específicos. La CNMC obligará además a publicar mapas de capacidad de acceso flexible disponible y a remitir informes anuales de utilización.
El almacenamiento entra por la puerta flexible
Un punto clave es el tratamiento de las baterías y las centrales de bombeo. Sus solicitudes se analizarán como acceso flexible desde el primer minuto, tal y como preveía el Real Decreto-ley 7/2026. La razón es técnica: un almacenamiento puede comportarse como demanda en valle y como generación en punta, así que su conexión flexible permite al sistema ajustar flujos y, según la CNMC, liberar capacidad de red para que otros proyectos puedan enchufarse. La resolución incluye un régimen transitorio para adaptar los permisos de almacenamiento ya concedidos, con una implantación progresiva que evite vacíos jurídicos.
La flexibilidad de la demanda se convierte en una llave reglada para abrir la red en los puntos más congestionados sin esperar a costosas ampliaciones.
Más capacidad sin cambiar un solo cable
El núcleo de la medida es puro ingenio regulatorio. En lugar de esperar a que Red Eléctrica y las distribuidoras completen las inversiones en nuevas infraestructuras —que pueden demorarse entre tres y cinco años—, se aprovecha la capacidad ociosa que el sistema ya tiene durante la mayor parte del día. Un consumidor industrial que acepte parar su horno eléctrico durante las dos horas de punta vespertina puede obtener permiso de conexión inmediatamente, sin que la red tenga que ser reforzada. El coste de oportunidad para ese consumidor es real, pero también lo es la ventaja de acelerar su proyecto y obtener un punto de suministro.
El esquema recuerda a las prácticas de firm access y non-firm access que ya funcionan en Australia y en algunos estados de Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta española introduce un catálogo de cuatro niveles que modula la severidad de las restricciones y las obligaciones de control, lo que la hace especialmente granular. La CNMC ha diseñado una escalera de compromisos que permite al solicitante elegir el escalón que mejor se adapta a su modelo de negocio.
El impacto más inmediato se sentirá en las zonas donde la capacidad firme ya está agotada —como el eje del Ebro, el sur de Extremadura o determinados nudos de la Comunidad Valenciana— y donde decenas de proyectos de electrolizadores, centros de datos y plantas de biogás llevan meses en lista de espera. Según datos del sector, la nueva modalidad podría desbloquear alrededor de 2.000 MW de demanda industrial en los próximos dos años, una cifra equivalente a la potencia de dos centrales nucleares modernas.
La energía más barata llega por otro flanco. Cuando el sistema puede absorber más generación renovable porque hay más demanda flexible dispuesta a consumir en horas de alta producción eólica o solar, se reducen los vertidos y los precios cero. En términos prácticos, una fábrica que carga sus baterías entre las doce y las cuatro de la tarde paga un precio medio significativamente inferior al que abonaría durante el resto del día. Esa diferencia se traslada a los costes de producción y, con el tiempo, al precio final de los bienes.
El regulador afina la herramienta
La aprobación no es un cheque en blanco. La CNMC va a monitorizar estrechamente la implantación y ha establecido obligaciones de información anual para los gestores de red. Además, los mapas de capacidad flexible serán públicos, lo que introduce un elemento de transparencia muy útil para inversores y promotores. Cabe preguntarse si los operadores de red adoptarán una actitud conservadora al principio, limitando los permisos flexibles por miedo a incumplir los estándares de seguridad. La experiencia en otros países indica que los primeros meses son de tanteo, pero una vez que se calibran los protocolos de desconexión remota, el sistema gana fluidez.
La medida encaja con la estrategia europea de electrificación inteligente. En un escenario donde el consumo eléctrico va a crecer un 35% en la UE de aquí a 2030, según la Agencia Internacional de la Energía, exprimir la capacidad existente se vuelve tan urgente como ampliar las líneas. España parte con una ventaja: dispone de una generación renovable barata y abundante, pero ha tropezado una y otra vez con los cuellos de botella de la red. Esta regulación puede ser la pieza que faltaba para alinear la oferta y la demanda en los nudos críticos.
Mi impresión es que la aprobación es un paso sensato y largo tiempo esperado. No sustituye a las inversiones en infraestructura, pero las complementa al proporcionar una válvula de escape inmediata. Los proyectos que estaban a punto de cancelarse por la negativa de acceso firme tienen ahora una segunda oportunidad. Eso sí, el éxito dependerá de la agilidad con la que se tramiten los permisos y de que las condiciones de desconexión no resulten tan restrictivas que ahuyenten a los inversores. El 1 de septiembre arranca un experimento regulatorio que, si funciona, podría cambiar la manera en que enchufamos la economía a la red.
