EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Govern balear construirá 323 VPO en Sant Ferran (Palma) sobre un suelo cedido por el Consell. El proyecto se tramitará como Proyecto Residencial Estratégico (PRE) para acortar plazos a año y medio, con entrega en la próxima legislatura.
- ¿Quién está detrás? El Govern de Marga Prohens y el Consell de Mallorca, a través del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
- ¿Qué impacto tiene? Los solicitantes deberán acreditar 15 años de residencia legal en Baleares, triplicando el mínimo autonómico y replicando el modelo de municipios como Sóller o Santa Maria del Camí.
El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para levantar 323 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Sant Ferran, en Palma, una de las promociones públicas más ambiciosas de los últimos años en las islas. La parcela, de 33.131 metros cuadrados y valorada en unos 4,6 millones de euros, se cede gratuitamente al IBAVI, que asumirá la urbanización y la construcción. A cambio, el instituto entregará al Consell 35 viviendas para uso social, un local de 400 m2 para ensayos musicales y un solar de 3.000 m2 para futuros equipamientos.
El Ejecutivo autonómico tramitará la promoción como Proyecto Residencial Estratégico (PRE), un mecanismo que promete reducir la tramitación urbanística a apenas año y medio. La previsión oficial es poder entregar las llaves durante la próxima legislatura, aunque sin fecha concreta.
323 viviendas en Sant Ferran: suelo cedido, PRE y entrega en la próxima legislatura
La operación se sostiene sobre una cesión gratuita de suelo del Consell de Mallorca al IBAVI. El instituto autonómico financiará tanto la urbanización como la construcción de los 323 inmuebles, y el convenio le obliga a destinar 35 de esas viviendas a uso social gestionado por el Consell. Además, la parcela reserva espacio para un local de ensayos musicales y un solar para dotaciones públicas, un guiño a la vida cultural del barrio.
El IBAVI asumirá [doble espacio] el peso económico de la operación, incluido el coste de construir los 323 pisos, mientras que el suelo —valorado en esos 4,6 millones— se aporta sin contraprestación. El desfase entre la demanda real y la oferta programada sigue siendo abrumador: el propio IBAVI contabiliza más de 4.000 familias en lista de espera para una vivienda asequible en Baleares.
De 5 a 15 años de empadronamiento: la ‘prioridad balear’ que eleva el listón
La condición que más debate ha generado es el endurecimiento del requisito de arraigo. La normativa autonómica fija un mínimo de cinco años de residencia continuada para acceder a una VPO, pero los ayuntamientos pueden pactar condiciones adicionales con el Govern. En el caso de Sant Ferran, se exigen 15 años de empadronamiento legal en las islas. La presidenta Prohens lo defendió sin ambages: “No se trata de construir viviendas para atraer a más población a islas que han alcanzado su límite, sino de que la vivienda asequible esté disponible para la gente de aquí”.
Esa “prioridad balear” no es nueva. Municipios como Artà, Sa Pobla, Sóller o Santa Maria del Camí ya aplican baremos de entre 15 y 18 años de residencia para sus promociones protegidas. Lo relevante ahora, advierten fuentes del sector consultadas por MERCA2.ES, es que una gran capital como Palma adopte una exigencia similar, lo que podría marcar un precedente para futuros desarrollos en la Part Forana.
Los 15 años de empadronamiento no son una barrera administrativa: son una declaración de que en Baleares la vivienda protegida deja de ser un salvavidas universal para convertirse en un premio a la residencia de larga duración.
Dejémoslo en un ya veremos. La Administración no aclara todavía si los futuros solicitantes deberán computar esos años de forma ininterrumpida o si se aceptarán interrupciones laborales o formativas fuera de las islas. El margen interpretativo es amplio.
La Ficha del Inversor: el acceso a la VPO como política de arraigo
Métrica clave: la oferta de 323 viviendas apenas cubriría el 8 % de la demanda conocida —si todas las 4.000 familias en lista de espera aspiraran a este cupo—, lo que refleja un déficit estructural que la promoción no resuelve. La inversión, sin embargo, es modesta para las arcas públicas: el suelo se cede y la construcción se financia con cargo al IBAVI, pero el coste total por vivienda —incluidas las cesiones de gas— ronda, a falta de las cifras finales, una horquilla de 150.000 a 180.000 euros.
Tendencia a seis meses: es previsible que otras promociones públicas en Baleares incorporen barreras de empadronamiento similares, consolidando un modelo de acceso a la VPO que excluye a los nuevos residentes y a los trabajadores temporales. El Govern de Prohens ha hecho bandera de esta política, y los ayuntamientos gobernados por el PP o con sensibilidad local probablemente la replicarán. El riesgo inmediato es que los jóvenes que emigraron temporalmente por estudios o trabajo —y que, según la literalidad del requisito, podrían ver interrumpido su cómputo— queden fuera a pesar de tener raíces familiares en las islas.
Perfil recomendado: la promoción está pensada para familias con arraigo demostrado —al menos tres lustros de residencia— y no para atraer talento. Los inversores institucionales quedan fuera: las VPO no son activos de mercado. El pequeño ahorrador que busque su primera vivienda habitual en Palma deberá, si no cumple el requisito de empadronamiento, mirar al mercado libre o a los municipios que aún mantienen el mínimo de cinco años. En paralelo, las socimis y fondos de Build to Rent tienen aquí un argumento de peso para defender su papel complementario: si la vivienda pública se blinda para una minoría, el alquiler privado —con sus precios— seguirá siendo la única puerta abierta para el resto.
Observamos un patrón que va más allá de esta promoción: cada vez que una isla turística endurece los filtros de acceso a la VPO, el mercado libre se tensa y las rentas medias del alquiler suben. La ecuación parece sencilla, pero rara vez se verbaliza en los despachos oficiales. Lo seguiremos de cerca.
