Hasta el pasado 19 de mayo, poca gente habría reconocido por la calle a Jonathan Andic. Ese día, sin embargo, su rostro adquirió más notoriedad pública tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra. La detención se produjo después de que Andic hubiera comparecido voluntariamente ante la policía siempre que fue citado. Desde entonces, su imagen quedó asociada a una escena muy alejada del perfil que hasta ese momento había proyectado por su vínculo con Mango.
Jonathan Andic pasó de ser un directivo y miembro de una de las familias propietarias de uno los imperios textiles de moda más importantes del mundo a ser también objeto de una investigación por presunto homicidio que le presentó ante la opinión pública esposado y rodeado de agentes de los Mossos d’Esquadra. Esas primeras imágenes han sido emitidas y publicadas centenares de veces desde entonces por los medios de comunicación convocados a las puertas del Juzgado para captar la llegada y los movimientos del detenido por su presunta implicación en la caída de su padre en Montserrat en diciembre de 2024.
Aunque cualquier policía sabe que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la detención debe practicarse “en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio y los encargados de practicarlas, así como de los traslados ulteriores velarán por el derecho al honor y a la intimidad de imagen”, la realidad en Martorell aquel día fue distinta.
Jonathan Andic fue exhibido ante los medios, entrando y saliendo del Juzgado varias veces, y custodiado en algunos momentos hasta por siete policías uniformados. Fuentes de los Mossos reconocen que “nunca hemos visto un traslado de un detenido en las circunstancias en las que se produjo, no es lo habitual ni mucho menos”. Y añaden: “Quizá se buscaba llamar la atención sobre el caso o simplemente se intentaba marcar perfil”, apuntan. Reconocen que lo normal para las conducciones y traslados de detenidos son dos agentes, no más. “Lo que ocurrió en Martorell sorprendió y más ante tanta gente allí esperando”, en referencia a la numerosa presencia de medios.
En cualquier caso, aquellas imágenes se viralizaron y la pena de telediario se estableció desde ese mismo día. La defensa de Jonathan Andic lo consideró en su recurso “una clara violación de sus derechos afectando a su presunción de inocencia”. Eso es especialmente grave cuando se trata de un caso que, de llegar a juicio, sería con jurado. Tampoco se entendió la decisión de llevar a cabo la detención, ya que Jonathan había acudido dos veces al llamamiento de los Mossos, su teléfono había sido intervenido y era conocedor por medios de su condición de investigado. Fue “del todo punto innecesaria”, apuntó el equipo legal.
Esa detención y las imágenes “ha conducido a un estado de cosas, a un tsunami informativo, en torno al auto interesadamente entregado a los medios, que conducen a una suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, reza el recurso contra la fianza y las medidas cautelares ante la Audiencia de Barcelona. Los abogados del primogénito de Isak Andic explican que las medidas tomadas con su defendido son “frontalmente contrarias” a la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016.
La visión de penalistas expertos
Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el transcurso de la instrucción del caso es que, al margen de los debates, tertulias y foros sociales donde el ruido y la condena social anticipada para Jonathan Andic están a la orden del día, han sido numerosos los expertos penalistas que se han pronunciado de manera muy crítica por la vulneración de derechos y la condena social.
Carlos Monguilod, de Monguilod-Advocats, aseveró sentirse indignado por la que consideró una “detención mediática” porque ese desfile era innecesario, con el detenido esposado, y aun menos con las manos atrás y varios policías a su alrededor. Monguilod añadió que, si la infraestructura no lo permite, el responsable de la detención debe velar porque se haga de la manera que menos perjudique a la persona investigada y a su reputación. “El tratamiento que recibió Andic de exposición mediática fue totalmente injustificado”, reiteró.
En el mismo sentido, el vicedecano del Colegio de la Abogacía de Cataluña, Jorge Navarro, explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal expresa que, la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Por lo tanto, obliga a velar por los derechos constitucionales, el honor, la intimidad e imagen, de los detenidos. “Lamentablemente, es frecuente que por parte de las fuerzas policiales no se preserve la intimidad de los detenidos”.
Otro experto en Derecho Penal, Miguel Capuz, manifestó que “la imagen de la detención de Jonathan Andic es una vergüenza”. Capuz recordó la directiva 2016/343, en vigor desde 2018, que dice que «se debe garantizar a los sospechosos y acusados que no sean presentados como culpables ante los órganos jurisdiccionales o el público mediante métodos como las esposas».
También señaló a los Mossos al considerar injustificado el uso de estas, ya que “el señor Andic no era ningún peligro y hace meses que sabe que está siendo investigado”.
Numerosos expertos han coincidido también en que, la posibilidad de que una vez finalizada la instrucción pueda llegar a celebrarse un juicio popular, influye de manera rotunda en los miembros del jurado por la condena social a la que ha sido sometido a Andic.
Días después de su detención, Jonathan Andic, se apartó temporalmente de sus cargos en Mango y publicó una carta en la que mostraba su dolor por la condena social a la que está siendo sometido desde el día que entró rodeado de Mossos y con las esposas en el juzgado. “Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad”, escribió.
En su misiva también recordó que, a la dolorosa y trágica muerte de su padre por una caída accidental, se ha sumado el hecho de tener que convivir con “la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, lamentando que se haya tratado de construir un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad.
Finalmente, otro de los puntos más controvertidos del caso que investiga el juzgado de instrucción de Martorell es la filtración de mensajes privados de la terapia familiar. Goteo de frases como “no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte” están, según la defensa, descontextualizados y, por lo tanto, tienen como único objetivo contribuir a crear “un relato que retuerce la verdad”, que rehúye el contexto metafórico para encajar la hipótesis de los investigadores, de la fiscal y de la jueza. Otra vía más que busca contribuir a una suerte de condena social anticipada.
