Bruselas ha puesto fecha de caducidad a las etiquetas vacías. A partir del 27 de septiembre de 2026, palabras como ‘sostenible’, ‘eco-friendly’ o ‘neutro en carbono’ desaparecerán de los productos europeos si la empresa no puede acreditarlas con datos verificables. La directiva Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo) entierra los sellos genéricos y los reclamos basados únicamente en compensaciones de carbono. La meta es inequívoca: que el consumidor no pague de más por un maquillaje verde. Sin embargo, al mismo tiempo, los estándares de reporte que las compañías deben usar para demostrar esas credenciales se han encogido. La Comisión Europea ha adoptado unos ESRS revisados que reducen en más del 60% las divulgaciones obligatorias, justo cuando más falta haría un retrato nítido del impacto ambiental.
El ‘sostenible’ que desaparece: qué etiquetas se prohíben
La directiva EmpCo, que modifica la ley europea de protección de los consumidores, entra en vigor para todas las nuevas producciones el 27 de septiembre. Los productos que ya están en las estanterías no necesitan actualizarse, pero todo lo que se fabrique a partir de esa fecha deberá cumplir las nuevas reglas. La norma prohíbe cuatro categorías de reclamos verdes.
Primero, los términos genéricos como ‘verde’, ‘ecológico’ o ‘sostenible’ quedan prohibidos si el vendedor no puede demostrar un desempeño ambiental excelente y reconocido ligado a esa afirmación. Segundo, las etiquetas de ‘neutro en carbono’ o ‘climáticamente neutro’ que se basen en créditos de compensación en lugar de reducciones reales de emisiones pasan a ser ilegales —los reclamos genuinos de menor carbono siguen permitidos—. Tercero, se prohíben las afirmaciones sobre el producto completo que se apoyen solo en una parte del mismo; por ejemplo, vender un coche como ‘cero emisiones’ porque su batería tiene una huella reducida. Y cuarto, está prohibido disfrazar el mero cumplimiento legal como un logro voluntario.
Las etiquetas autodeclaradas también desaparecen. Un sello de sostenibilidad solo podrá mostrarse si un tercero independiente supervisa el esquema de certificación que lo respalda. La responsabilidad legal recae sobre el minorista, no sobre el fabricante, lo que ejercerá una presión enorme sobre las cadenas que quieran mantener los productos en los lineales.
El cumplimiento lo vigilarán las autoridades nacionales de consumo, coordinadas a nivel europeo. La muy esperada Green Claims Directive —una ley aún más amplia de verificación de etiquetas— quedó aparcada en 2025 y su futuro sigue sin resolverse.
La reglamentación se encoge: CSRD y ESRS aligeran la carga
Mientras el escrutinio sobre lo que las empresas dicen al comprador se endurece, la base de datos que necesitan para probar esas afirmaciones se ha vuelto más esbelta. El Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) crea la obligación legal de reportar, y los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) detallan qué debe divulgarse. El pasado 3 de julio, la Comisión adoptó los estándares revisados, que suprimen más del 60% de los puntos de datos obligatorios.
Pero la tijera ya había empezado antes. El paquete Omnibus I, aprobado en febrero y en vigor desde el 18 de marzo de 2026, elevó el umbral de reporte a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocio anual. Los analistas estiman que aproximadamente el 80% de las compañías originalmente cubiertas por el CSRD quedan ahora exentas, incluidas las pymes cotizadas. De hecho, el número de empresas obligadas a reportar podría ser inferior a las 11.700 que ya lo hacían bajo la antigua Non-Financial Reporting Directive (NFRD).
Aunque el número de empresas que reportan se reduce, la calidad de lo que se divulga mejora: los informes ahora deben estar auditados, estandarizados y etiquetados digitalmente. Es un avance innegable, pero con menos actores en escena.
El cambio de filosofía también es notable. Los estándares originales obligaban a un análisis ascendente: cada impacto, riesgo y oportunidad debía identificarse y evaluarse antes de decidir si un tema como el agua o la biodiversidad merecía reporte. La versión revisada permite un juicio descendente: la empresa puede declarar un tema completo como no material y saltarse toda la información relacionada, sin documentar los impactos subyacentes. Además, se prohíbe reportar información que la empresa considere no material, para evitar que el exceso de datos entierre lo relevante.
El resultado es un rompecabezas: menos divulgación, pero supuestamente centrada en lo que de verdad importa. La letra pequeña, sin embargo, esconde pérdidas concretas.
La doble materialidad sobrevive a la tijera
Pese a la poda, la arquitectura del sistema aguanta. Los doce estándares temáticos permanecen y, sobre todo, se mantiene la doble materialidad: las empresas deben informar tanto de cómo las cuestiones de sostenibilidad afectan a sus finanzas como del impacto de sus operaciones en las personas y el planeta. Esta segunda pata —la que más interesa a consumidores y comunidades— fue la que más peligró durante la revisión, pero sobrevivió.
De los aproximadamente 1.073 puntos de datos originales se ha pasado a unos 320, pero los requisitos climáticos (ESRS E1) se han ampliado a once obligaciones de divulgación, entre ellas la publicación de un plan de transición alineado con 1,5°C, un inventario completo de emisiones de alcance 1, 2 y 3, análisis de escenarios, resiliencia, precios internos del carbono y el tratamiento separado de las absorciones y los créditos de carbono. Un estándar específico (ESRS S4) sigue cubriendo a consumidores y usuarios finales.
Las pérdidas son concretas. Según la organización de interés público Frank Bold, los nuevos estándares debilitan lo que las empresas deben revelar sobre emisiones de gases de efecto invernadero, microplásticos y derechos humanos. La divulgación de microplásticos se limita ahora a los primarios —los que se fabrican deliberadamente, como las microesferas en cosméticos—, eliminando los secundarios, que son los fragmentos de plástico más numerosos y dañinos. En materia de derechos humanos, las compañías solo tendrán que revelar incidentes confirmados y procedimientos aún en curso.
Un reclamo ecológico sin datos auditables no es sostenibilidad, es un precio inflado con un adjetivo.
Lo que los consumidores ganan y pierden
La paradoja es evidente: los reclamos de producto serán más fiables, pero la cantidad de información pública sobre las empresas que los fabrican se reduce. En una encuesta encargada por el propio asesor de estándares de la UE, EFRAG, el 55% de los usuarios de datos espera que los cambios reduzcan la calidad de la información, y el 67% de los inversores y entidades financieras anticipa una menor comparabilidad y una pérdida de detalle climático y medioambiental.
Para el consumidor, la clave está en saber dónde mirar. La información más reveladora no está en el frontal del envase, sino en el informe de gestión de la matriz del grupo. Desde el 27 de septiembre, comparar la tienda europea de una marca con su equivalente estadounidense se convertirá en un detector de greenwashing instantáneo: si una empresa mantiene el sello de ‘climáticamente neutro’ en su web .com y lo borra de su .de o .fr, el reclamo no ha sobrevivido al escrutinio.
La nueva normativa no es una brújula perfecta, pero envía un mensaje rotundo: la sostenibilidad o se demuestra con datos, o no puede venderse.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Miles de etiquetas genéricas desaparecerán del mercado único, forzando a las empresas a respaldar sus promesas con datos auditados.
- Modelo que cambia: La publicidad basada en compensaciones pierde su escaparate legal; la descarbonización real se convierte en el único camino para exhibir un reclamo climático.
- Para las próximas generaciones: Cada decisión de compra contará con menos ruido y más señales verificables, acelerando la presión competitiva hacia productos genuinamente sostenibles.
