El litro de gasolina 95 supera ya los 1,90 euros en numerosas estaciones de servicio europeas y el umbral de los dos euros se dibuja en el horizonte de agosto. El barril de Brent ha escalado hasta 93,4 dólares, un nivel que no se veía desde el verano de 2022, y España se prepara para la retirada parcial del descuento estatal a los carburantes. En este contexto, el Gobierno ha decidido reforzar la vigilancia sobre las gasolineras para detectar posibles subidas injustificadas.
El Brent y el fin del descuento, un cóctel explosivo para el precio del litro
La ayuda pública que llegó a ser de 20 céntimos por litro se ha ido recortando y ahora desaparecerá para la mayoría de los conductores a partir del 1 de agosto. Las cuentas de los operadores apuntan a que, en apenas diez días, el litro de gasolina sin plomo de 95 podría marcar precios cercanos a 1,98 euros en los surtidores más caros, sobre todo en zonas de menor competencia. La subida del crudo ha sido el detonante: el Brent cerró ayer a 93,4 dólares, empujado por los recortes de la OPEP+ y unas tensiones geopolíticas que no ceden.
Mientras, en Alemania, Dinamarca y los Países Bajos el litro supera ya los 2,05 euros. Llenar un depósito de 50 litros cuesta más de 100 euros, una barrera psicológica que no se franqueaba desde 2022. Aunque España mantiene una fiscalidad algo más contenida, la ventaja se desvanece con rapidez.
Así será la lista de control de gasolineras: transparencia y apercibimientos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con la CNMC, lanzará una lista pública de estaciones de servicio bajo seguimiento reforzado. El sistema cruzará diariamente los precios que las gasolineras están obligadas a remitir con las cotizaciones internacionales y con los márgenes medios del sector. Si se identifica una gasolinera cuyo precio se desvía significativamente de lo que justificarían sus costes reales, la Administración enviará un apercibimiento. La reincidencia podría dar lugar a un expediente por prácticas abusivas.
La iniciativa no parte de cero. En 2022, con la bonificación de los 20 céntimos, el Ejecutivo ya publicó listados de estaciones que no trasladaban la ayuda al consumidor. Aquella experiencia tuvo luces y sombras: la mayoría de los operadores cumplió, pero varios pequeños distribuidores aprovecharon la confusión para ensanchar márgenes. Hoy, con un mercado más tensionado y los consumidores en guardia, la tolerancia será mínima.
La tentación de ensanchar márgenes a costa del fin del subsidio es real, pero la supervisión pública será milimétrica. El Ejecutivo no quiere otra polémica con los surtidores.
Las asociaciones de consumidores han recibido la medida con aprobación, pero reclaman que la información se publique en un formato de fácil consulta para que el automovilista pueda elegir la opción más barata. Fuentes del sector apuntan a que lo más probable es que los datos se integren en aplicaciones como Waze o Google Maps, aunque el Ministerio no ha dado detalles concretos.
Análisis: ¿freno real al alza de precios o gesto ante una opinión pública caliente?
El refuerzo de la vigilancia es tanto una herramienta técnica como un gesto político. Con una inflación subyacente que aún ronda el 3,2% en junio, la factura energética es el blanco más sensible para un Gobierno de coalición. Señalar a las gasolineras traslada la presión a los distribuidores y aleja, en parte, el foco de la política fiscal. Sin embargo, la opacidad de los márgenes del sector complica cualquier supervisión. Cada estación de servicio negocia contratos de suministro distintos y los costes logísticos varían con la ubicación. A menudo, la diferencia de hasta diez céntimos entre dos estaciones vecinas responde más a la estructura de cada empresa que a un comportamiento abusivo. El peligro es que un celo excesivo confunda la gestión empresarial legítima con una infracción.
A mi juicio, la lista es más una señal que una solución estructural. Ya he visto cómo en otros episodios de precios al alza la vigilancia acabó diluida en informes sin consecuencias sancionadoras palpables. Lo que de verdad funciona es la transparencia: que el usuario pueda comparar en tiempo real y que la competencia obligue a ajustar. La pregunta de fondo es si convendría revisar, como ya se plantea en Alemania, la fiscalidad de los carburantes en función de la coyuntura. Allí se estudia ajustar temporalmente el impuesto sobre el carbono cuando los precios del surtidor superan ciertos umbrales. En España, el debate ni siquiera se ha abierto.
El crudo seguirá su curso. Las decisiones de la OPEP+ y la evolución de la demanda asiática pesan mucho más que cualquier lista de control nacional. La vigilancia servirá para atajar abusos puntuales, pero no frenará la tendencia general. El mensaje, eso sí, es rotundo: el Gobierno estará mirando; otra cosa es que con eso baste.
