EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo anuló a finales de mayo el registro único estatal de alquileres de corta duración. La patronal Fevitur ha cuantificado las pérdidas para los propietarios en 496 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), presidida por Silvia Blasco, y el propio fallo unánime del Alto Tribunal.
- ¿Qué impacto tiene? Un coste medio de 33.000 euros por inmueble afectado entre bloqueos de comercialización, lucro cesante y gastos de tramitación. El sector prepara reclamaciones patrimoniales.
El Registro Único Estatal de Arrendamientos de corta duración, anulado por el Tribunal Supremo a finales de mayo, ha dejado un agujero de 496 millones de euros en el sector del alquiler turístico y temporal. La cifra, difundida por Idealista y respaldada por Fevitur, refleja el coste económico de un trámite que, en muchos casos, bloqueó la actividad comercial de inmuebles ya inscritos en registros autonómicos.
La anulación del decreto: un fallo unánime del Supremo
La Sala Tercera del Tribunal Supremo tumbó el real decreto que creaba el registro único al considerar que el Estado se había extralimitado en sus competencias. El fallo, adoptado por unanimidad, reconoce que el Gobierno solo podía coordinar las ventanillas autonómicas y regular la transmisión de datos de las plataformas, pero no imponer un registro exhaustivo que sustituyese a los ya existentes. “Deliberamos que no eran unas bases, sino la regulación exhaustiva de un registro”, explicó Diego Córdoba, magistrado del Supremo, en un foro organizado por el Consejo General del Notariado.
El Consejo de Estado ya advirtió durante la tramitación de la norma que el reglamento europeo no obligaba a un registro único estatal y que la propuesta invadía competencias autonómicas. Sin embargo, el Gobierno no atendió ninguna de las alegaciones, ni siquiera las de su propio órgano consultivo. Raquel Hurtado, letrada del Consejo de Estado, fue contundente: “se aprobó una norma que se advirtió que podría tumbarse por invadir competencias. Generó más inseguridad jurídica y resultó contraproducente”.
Críticas al Gobierno, los registradores y la batalla por los daños
Fevitur, que representa a 526.000 viviendas de uso turístico y a 350.000 alojamientos temporales, denuncia que los registradores de la propiedad se convirtieron en un “cuello de botella” que paralizó la comercialización. Según sus cálculos, los daños ascienden a un promedio de 33.000 euros por propietario afectado, entre lucro cesante, gastos de tramitación y revocaciones de códigos de comercialización. “Están cansados, era su valor refugio. El daño ha sido grande”, resumió Silvia Blasco.
En paralelo, los propietarios afectados, muchos de los cuales en en la práctica no pudieron alquilar sus inmuebles durante meses, preparan reclamaciones patrimoniales. Javier Valentín, abogado que representó a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional en el recurso, criticó que los registradores se negaran a devolver las tasas cobradas alegando que solo aplicaban una norma vigente en ese momento. “Los registradores se quisieron convertir en una pseudoautoridad. Estaban resolviendo sobre la posibilidad de comercializar tu vivienda”, afirmó.
La vivienda, independientemente del uso al que se destine, sigue siendo un techo en el que cobijarse, pero la inseguridad jurídica puede convertirla en un lastre financiero para quien invierte.
La Ficha del Inversor
El coste de 496 millones de euros equivale a una factura media de 33.000 euros por inmueble afectado, una cifra que pone de relieve el impacto inmediato de una regulación que se aplicó sin un análisis previo de consecuencias. Para el pequeño inversor en alquiler turístico o temporal, la suma equivale a varios años de rendimientos netos evaporados de golpe.
La tendencia a seis meses es de alta incertidumbre. El Gobierno ha anunciado su intención de elaborar un nuevo real decreto que no invada competencias, pero sin desdibujar el alquiler temporal, tal como pide Fevitur. Mientras tanto, miles de viviendas operan en un limbo: sin el paraguas del registro estatal pero con los registros autonómicos en vigor. El perfil más expuesto es el del propietario que compró para destinar su inmueble a alquiler de corta estancia, confiando en una rentabilidad que ahora depende de la próxima decisión del Ejecutivo.
El precedente histórico más cercano es la batalla de las comunidades autónomas por la regulación de las viviendas de uso turístico, un conflicto que el Supremo ya zanjó en 2016 al avalar que las autonomías podían limitar este tipo de alquileres. Ahora, el debate se traslada al terreno de la coordinación estatal: si Madrid vuelve a legislar sin consenso, el riesgo de una nueva anulación es real, lo que ahuyentaría la inversión. Para el inversor institucional, la lección es clara: en materia de vivienda turística, la inseguridad jurídica sigue siendo el principal riesgo regulatorio.
El cierre del capítulo dependerá de la capacidad del Ministerio de Vivienda para presentar un texto que respete las competencias autonómicas y, al mismo tiempo, dé seguridad a los propietarios. Hasta entonces, los 496 millones perdidos quedarán como un recordatorio de lo que cuesta una norma que no supera el filtro judicial.
