Barclays encara una queja formal por su vínculo financiero con la central de carbón de Rampal, situada junto a los Sundarbans, el mayor bosque de manglar del mundo. La reclamación pone a prueba la coherencia climática de la banca británica.
Una queja formal en el corazón del carbón de Rampal
Tres demandantes de la región han presentado el caso ante la Office for Responsible Business Conduct del Gobierno británico, el organismo que supervisa la conducta de las empresas del país en el exterior. Alegan que el banco incumplió las directrices internacionales al suscribir empresas vinculadas al proyecto Maitree, conocido también como la central de Rampal.
La denuncia se centra en una instalación de carbón señalada en la queja como de altas emisiones. El proyecto se levanta cerca de los Sundarbans, declarados patrimonio de la humanidad y hogar de millones de personas a caballo entre Bangladesh e India.
- Quién presenta: tres demandantes de la región de los Sundarbans.
- Ante quién: la Office for Responsible Business Conduct del Reino Unido.
- Qué alegan: que Barclays incumplió directrices internacionales al suscribir empresas ligadas al proyecto Maitree/Rampal.
El regulador británico deberá ahora decidir si la conducta financiera de Barclays vulnera las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas normas fijan expectativas de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente, pero no son jurídicamente vinculantes; su fuerza reside en la presión reputacional y en el escrutinio público.
La coherencia climática de un banco ya no se mide por sus compromisos, sino por dónde sigue fluyendo el dinero.
Aquí es donde la queja se convierte en algo más que un expediente: pone a prueba la coherencia climática de la banca. Barclays se presenta como un actor de la transición energética, pero su historial reciente de financiación fósil obliga a leer la letra pequeña.
La letra pequeña del dinero que financia el carbón
La financiación de carbón sigue siendo una de las mayores paradojas del sistema bancario europeo. Mientras los compromisos Net Zero se suceden en los informes anuales, el dinero fluye hacia infraestructuras de alta intensidad de carbono en mercados emergentes. La queja sobre Rampal coloca ese desajuste en el centro de la mesa.
Para los inversores que integran criterios ESG, el caso es relevante: una entidad con exposiciones fósiles crecientes acumulan riesgo climático en su balance. Ese riesgo puede materializarse en forma de activos varados, litigios o costes regulatorios.
La pregunta que se dirime no es menor. ¿Debe un banco retirarse de proyectos de carbón aunque el país receptor lo defienda como necesario para su electrificación? La debida diligencia exigida por la OCDE aproxima la respuesta: la financiación debe evaluar los impactos ambientales y sociales, no solo el retorno financiero.
El contexto importa. La central de Rampal ha generado oposición local durante años por su proximidad a los Sundarbans. La queja sostiene que la contaminación atmosférica y la extracción de carbón degradan un ecosistema que protege la costa frente a ciclones y mareas.
El proyecto se conoce como Maitree, una colaboración entre Bangladesh e India. Aunque el origen del capital no se limita a Barclays, la queja apunta al papel de la entidad británica como suscriptora de compañías implicadas. La línea entre financiador indirecto y responsable del impacto es, según la denuncia, más fina de lo que la banca quiere admitir.
Por qué este caso tensiona a la banca responsable
El expediente de Rampal no es un hecho aislado. Refleja una tendencia creciente: comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil recurren a los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE y a los reguladores de conducta para exigir coherencia climática a las entidades financieras.
El riesgo climático inversión ha cambiado la conversación en las salas de riesgo. Los bancos ya no solo gestionan el riesgo de crédito de un proyecto; gestionan el riesgo reputacional y legal de financiar proyectos incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París.
En paralelo, el enfoque del regulador europeo es cada vez más exigente. La Taxonomía Verde y la CSRD obligan a las grandes entidades a reportar con granularidad la sostenibilidad de su cartera. Aunque Barclays opera bajo el regulador británico, la presión normativa comunitaria marca el estándar global.
El caso Rampal podría sentar precedente si el organismo británico considera que hay méritos. No se trata de sanciones económicas, sino de una señal: la financiación de proyectos de altas emisiones junto a ecosistemas críticos se vuelve cada vez más difícil de defender.
Desde la perspectiva del inversor responsable, el caso tiene una doble lectura. Por un lado, refuerza la tesis de que el riesgo climático no es un concepto abstracto; aquí se materializa en manglares, comunidades costeras y una central de carbón en funcionamiento. Por otro, demuestra que los compromisos sectoriales de descarbonización solo valen si se auditan a nivel de operación.
La OCDE rara vez impone sanciones duras, pero sus Puntos Nacionales de Contacto han mediado en conflictos globales y han obligado a grandes corporaciones a revisar políticas internas. El hecho de que el regulador británico haya admitido la queja a trámite ya es una señal de que la materia merece examen.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: si la queja prospera, se eleva el listón de la debida diligencia para la financiación de carbón en ecosistemas protegidos.
- Modelo que cambia: la banca asumirá que financiar carbón en zonas vulnerables es un pasivo reputacional y legal, no un simple activo de rentabilidad.
- Para las próximas generaciones: proteger financieramente a los Sundarbans es garantizar la resiliencia climática de una región que alberga a millones de personas.
