El Reino Unido se embarca en la mayor movilización de ladrillo público desde la posguerra. Hoy, 20 de julio, con la llegada al cargo de primer ministro de Andy Burnham, el Ejecutivo laborista de Keir Starmer lanza un plan para construir 300.000 viviendas en diez años con un presupuesto de 39.000 millones de libras (46.000 millones de euros). Todo el dinero se canalizará directamente a los ayuntamientos, recuperando un modelo que sepultó el ‘Right to Buy’ de Margaret Thatcher.
Un siglo de abandono del ladrillo público
El dato que mejor retrata el desplome es demoledor: en 1968 los ayuntamientos británicos entregaron 191.000 viviendas; en el ejercicio 2024/2025, apenas 10.500. La mitad de los municipios de Inglaterra y Gales no levantó ni un solo inmueble. «. Muchos consistorios transfirieron además su patrimonio a housing associations (asociaciones de vivienda), lo que los dejó sin músculo promotor. Hoy solo 162 de los 317 ayuntamientos ingleses son propietarios activos, según el Instituto Colegiado de Vivienda.
Esa atrofia explica el giro estratégico de Burnham: centralizar todo el programa de 39.000 millones de libras en las administraciones locales y rescatar el concepto de vivienda pública municipal (council housing) frente a la vivienda asequible genérica. La diferencia tiene costes. Aproximadamente la mitad de los alquileres construidos hoy por los ayuntamientos son “asequibles” —rentas de hasta el 80% del mercado—, mientras que el council housing clásico implica alquileres sociales en torno al 50% del valor de mercado, lo que exige subvenciones más altas.
Las cuentas detrás de una promesa electoral ambiciosa
Steve Partridge, director de vivienda asequible de Savills, ha puesto cifras al dilema: si el paquete de 39.000 millones se destinara íntegramente a alquiler social, el coste real ascendería a unos 48.000 millones de libras. La alternativa asusta tanto por su recorte de unidades como por su factura adicional: entre 60.000 y 75.000 viviendas menos con el mismo dinero. Tim Leunig, economista jefe del think tank Nesta, estima que replicar los ritmos de posguerra exigiría más de 20.000 millones anuales. La liberalización normativa, defiende, es la vía más eficiente.
El argumentario del nuevo Gobierno laborista, sin embargo, apunta al retorno fiscal. El Reino Unido gasta ya 38.000 millones de libras en ayudas al alquiler —un 10% más en términos reales que hace una década— y superará los 40.000 millones antes del final del decenio. A ello se añaden los 1.300 millones en alojamiento temporal de emergencia, que han multiplicado casi por diez en diez años. Shelter, la principal organización benéfica del país, respalda el plan: invertir en stock público es una forma de reducir esa factura.
Devolver el ladrillo público a los ayuntamientos suena a política de Estado, pero las cuentas revelan que cada libra gastada en alquiler social subvenciona de inmediato la factura del housing benefit.
La Ficha del Inversor: ¿El espejo británico puede reordenar el residencial español?
El anuncio británico sirve para examinar la viabilidad de un regreso masivo a la vivienda pública en España, un país donde el 92% de la promoción residencial es privada. La métrica clave es el coste unitario: el programa británico sitúa cada nueva vivienda en torno a las 130.000 libras (155.000 euros), muy por debajo de los 200.000 euros que cuesta de media una VPO en Madrid o Barcelona tras la subida de materiales y mano de obra. Para un inversor patrimonial, este diferencial de coste es un aviso: si un Estado decide subvencionar directamente la producción municipal, el rendimiento esperado (yield) del alquiler libre puede contraerse con rapidez.
A corto plazo —seis meses—, la tendencia es de mimetismo discursivo en Europa, pero no de réplica legislativa inmediata. España mantiene el foco en la Ley de Vivienda, el control de alquileres y los fondos Next Generation; el regreso a la promoción directa por parte de ayuntamientos exigiría reformas fiscales y una ley de suelo que hoy no está en agenda.
El perfil recomendado es mixto: los grandes inversores institucionales en ‘built to rent’ deben monitorizar los costes de subvención pública competitiva; para el pequeño ahorrador, la vivienda protegida de promoción privada seguirá siendo la opción más accesible en los próximos años. En el pulso entre operadores, promotoras como Aedas o Metrovacesa observarán de reojo el experimento británico: si los ayuntamientos recuperan suelo a bajo coste y subvencionan alquileres sociales, la renta de mercado en las zonas colindantes podría resentirse. No obstante, la debilidad municipal española —ayuntamientos sin apenas equipo técnico promotor— hace improbable una réplica a gran escala sin el concurso del sector privado.
A un horizonte de cinco a diez años, lo que sí podría calar es la lógica del ‘right to buy’ en España. El actual canon de vivienda protegida permanente impide al inquilino comprar la vivienda; el modelo inglés demuestra que, bien diseñado, puede ser una fuente de ingresos para el municipio y una salida para el inquilino. La cuestión es si la política española se atreve a abrir ese debate.
