España generó en 2025 el 55,5% de su electricidad con fuentes renovables y produjo tres de cada cuatro kilovatios hora sin emisiones de CO₂. Sin embargo, importa el 68,4% de la energía total que consume, una dependencia exterior que sigue lastrando su autonomía estratégica. Así lo refleja el informe «España ante el reto de la independencia energética. Cómo garantizar una transición basada en la abundancia, la competitividad y la seguridad de suministro», elaborado por Foro Regulación Inteligente y presentado este mes de julio. El diagnóstico es tan rotundo como incómodo: el país tiene uno de los sistemas eléctricos más limpios del continente, pero la factura del petróleo y el gas sigue drenando cada año decenas de miles de millones de euros.
Un mix eléctrico líder en renovables que esconde una fuerte dependencia exterior
El informe detalla que en 2025 las renovables alcanzaron el 55,5% de la generación eléctrica y que la producción libre de emisiones rozó el 75%. Sin embargo, la matriz energética nacional —que incluye el transporte, la industria y la climatización— sigue anclada en los combustibles fósiles. El petróleo y el gas representan el 97% de las importaciones energéticas, y el desembolso anual puede rozar los 40.000 millones de euros en ejercicios de precios elevados.
Los datos de suministro de gas natural muestran una paradoja adicional. En 2025, Argelia siguió siendo el principal proveedor con el 34,6% del total, mientras que Estados Unidos duplicó su cuota hasta el 30%. Rusia, a pesar de las sanciones y de la política comunitaria de diversificación, mantuvo una participación del 11,5%. Los autores del informe advierten de que sustituir una dependencia por otra no reduce la vulnerabilidad estructural: sencillamente, se cambia de suministrador pero se mantiene la exposición a las turbulencias de los mercados internacionales.
El documento introduce además el concepto de abundancia energética como condición para la competitividad industrial. Con una demanda eléctrica que podría duplicarse hacia 2035 —impulsada por la electrificación del transporte, las bombas de calor, la industria y, sobre todo, los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial—, disponer de electricidad abundante y barata se convierte en un factor de atracción de inversiones. Europa, sin embargo, compite en desventaja: en Estados Unidos y China la energía industrial resulta sensiblemente más barata, lo que ya está favoreciendo procesos de deslocalización.
El almacenamiento: 20 GW paralizados que impiden aprovechar la generación renovable
El mayor cuello de botella técnico de la transición energética española está en el almacenamiento. El país cuenta hoy con unos 7,6 gigavatios (GW) de capacidad frente al objetivo de alcanzar 22,5 GW en 2030. Sin embargo, existen más de 20 GW en proyectos ya presentados por empresas privadas que permanecen bloqueados en distintas fases de tramitación administrativa. El informe sostiene que, si se desbloquearan esos expedientes, España no solo cumpliría los objetivos previstos para finales de la década, sino que incluso los superaría.
Mientras tanto, el sistema desperdicia parte de la electricidad renovable porque no puede almacenarla. Durante aproximadamente el 6% de las horas de 2025 el precio mayorista fue negativo por exceso de producción. Ese dato evidencia que la generación limpia crece más rápido que la infraestructura necesaria para integrarla.
Sin almacenamiento, el sistema eléctrico desperdicia energía limpia mientras sigue importando gas y petróleo por valor de decenas de miles de millones de euros anuales.
Un ejemplo concreto que cita el estudio son los tres proyectos de baterías promovidos por Sungrow en Vall d’Uixó (Castellón). Sumarían 171,5 megavatios de potencia, más de 700 MWh de capacidad y una inversión cercana a los 150 millones de euros. A pesar de encontrarse en fases avanzadas, continúan bloqueados en distintas unidades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los autores lo interpretan como un síntoma de cómo los retrasos administrativos paralizan inversiones privadas ya comprometidas y retrasan proyectos considerados esenciales para la seguridad del suministro.
La comparación europea empeora el diagnóstico. Alemania ha reducido la tramitación media de proyectos renovables a unos 17 meses e Italia ha acelerado procedimientos aplicando la normativa comunitaria. España, en cambio, recibió en julio de 2025 una carta de emplazamiento de la Comisión Europea por la aplicación parcial de la Directiva de Energías Renovables, que establece plazos máximos de uno a dos años para autorizar instalaciones. El informe denuncia que numerosos proyectos acumulan esperas medias superiores a dos años y que algunos casos alcanzan hasta siete años de tramitación, pese a contar con informes técnicos favorables.
La burocracia como principal freno a la competitividad energética de España
El análisis de Foro Regulación Inteligente coloca la lentitud administrativa en el centro del problema. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé movilizar 294.000 millones de euros hasta 2030, en su mayoría capital privado, pero miles de expedientes están pendientes de resolución. Esa parálisis genera inseguridad jurídica, encarece los proyectos y frena la capacidad del país para explotar su abundante recurso renovable.
El informe alerta también sobre la limitada interconexión eléctrica con el resto del continente. La capacidad de intercambio apenas alcanza el 3% de la potencia instalada, muy lejos del objetivo del 15% para 2030. La interconexión submarina por el Golfo de Vizcaya, llamada a multiplicar la capacidad con Francia, se perfila como una obra estratégica, pero su avance dependerá, una vez más, de la agilidad administrativa.
El estudio dedica también una mención crítica a la ejecución de los fondos europeos destinados a la transición energética, con especial atención a los PERTE del área, donde detecta un bajo ritmo de ejecución que compromete la modernización industrial.
La conclusión es una advertencia envuelta en una oportunidad. España dispone de recursos renovables excepcionales, una ubicación geográfica privilegiada y un interés inversor que, a juzgar por los 20 GW de almacenamiento bloqueados, no encuentra cauce administrativo. El informe plantea que la transición energética solo será completa si el despliegue renovable se acompaña de una expansión decidida de redes, almacenamiento, interconexiones internacionales y, sobre todo, de una reforma que convierta la ventanilla única en una realidad operativa. De lo contrario, el riesgo es un proceso a medio hacer: limpio en el mix eléctrico pero incapaz de garantizar simultáneamente sostenibilidad, competitividad e independencia energética.
