El Departamento de Interior de Estados Unidos ha paralizado de inmediato los permisos de construcción de cinco grandes parques eólicos marinos que ya estaban en obras, una decisión que frena más de 4.000 megavatios de capacidad renovable en la costa Este. La medida, firmada por el secretario Doug Burgum, invoca por primera vez la seguridad nacional para detener proyectos ya autorizados y con contratos de suministro en vigor. La energía eólica marina (offshore wind) se enfrenta así a un parón sin precedentes que reconfigura el mapa de inversiones limpias en Norteamérica.
Los proyectos afectados son Vineyard Wind 1, Revolution Wind, Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), Sunrise Wind y Empire Wind 1, todos en avanzado estado de construcción. La justificación oficial apunta a un supuesto riesgo de interferencia de radar provocado por el movimiento de las palas y las torres reflectantes, una perturbación que el Pentágono califica de «clutter» y que, según los informes clasificados citados por Interior, crearía vulnerabilidades frente a potenciales adversarios.
Los cinco gigantes que se quedan quietos
La pausa abarca proyectos con una potencia conjunta que supera los 4 GW, suficiente para abastecer a más de dos millones de hogares en el corredor noreste del país. En cabeza está el CVOW de Dominion Energy, con 2.600 megavatios a apenas meses de empezar a verter electricidad a la red de Virginia, uno de los nodos de consumo que más crece del mundo gracias a los centros de datos de inteligencia artificial y a las instalaciones militares más sensibles.
A Dominion le acompañan Vineyard Wind 1 (el primer gran parque marino de EE.UU., que ya había conectado sus primeros aerogeneradores), Revolution Wind (704 MW frente a Rhode Island y Connecticut), Sunrise Wind (924 MW) y Empire Wind 1 (816 MW). Todos contaban con contratos de compraventa de energía a largo plazo y habían superado los procesos de revisión ambiental y de coordinación militar exigidos por la legislación federal.
La orden del Departamento de Interior no establece un plazo de revisión ni detalla los criterios técnicos para levantar la paralización, lo que introduce una incertidumbre regulatoria que los promotores califican de inédita.
El argumento de seguridad nacional y la réplica de Dominion
El secretario Burgum defendió la decisión alegando que «el primer deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo americano» y que las nuevas amenazas tecnológicas obligaban a reevaluar los riesgos de infraestructuras energéticas situadas cerca de centros de población de la costa Este. Sin embargo, los datos que manejan las propias empresas y los precedentes con el Pentágono ponen en cuestión la urgencia de la medida.
Dominion Energy emitió el mismo día un comunicado en el que advertía de que detener CVOW «por cualquier periodo de tiempo pondrá en riesgo la fiabilidad de la red para algunas de las instalaciones militares y de inteligencia artificial más importantes del país, disparará la inflación energética y amenazará miles de empleos». La empresa recordó que el proyecto lleva más de diez años de tramitación, se ha diseñado en coordinación estrecha con las fuerzas armadas y está ubicado a entre 27 y 44 millas de la costa, una distancia que elimina cualquier impacto visual y, según los registros operativos, nunca ha generado interferencias de radar con las dos turbinas piloto que llevan funcionando cinco años sin incidentes de seguridad.
El parón no cuestiona una instalación experimental, sino una central de 2.600 MW que es la respuesta de Virginia a un crecimiento de demanda que se duplicará en pocos años.
La letra pequeña de la decisión: ¿un parón técnico o una barrera energética?
Vamos a los datos. Los informes clasificados que menciona el Departamento de Interior no se han hecho públicos, y la referencia al «clutter» de radar ya fue analizada y descartada en los estudios de impacto ambiental aprobados durante la administración anterior. Además, el Pentágono había emitido dictámenes favorables para cada uno de los proyectos, incluido el CVOW, cuyo emplazamiento está alejado de las rutas de vuelo más sensibles. La parálisis, por tanto, introduce una contradicción regulatoria que tendrá que resolverse en los tribunales o mediante una nueva evaluación técnica que, por ahora, carece de calendario.
La decisión del gobierno de Trump llega en un momento en que la energía eólica marina era una de las bazas del plan de descarbonización de varios estados del Este. Virginia, por ejemplo, ha aprobado un plan energético «all-of-the-above» que combina gas natural, nuclear avanzada y renovables, y necesita cada electrón disponible. Retirar 2.600 MW de la ecuación justo cuando la demanda de los centros de datos de IA se dispara supone un riesgo cierto para la estabilidad eléctrica que la propia Dominion ha cifrado en un encarecimiento del suministro y en una mayor dependencia de centrales de gas que, además de emitir CO2, no se construyen de un día para otro.
La pausa tampoco es una anécdota administrativa: afecta a la cadena de suministro global de la eólica marina, que ya había movilizado a cientos de proveedores, astilleros y empresas de instalación en todo el mundo. El efecto dominó se traduce en contratos suspendidos, barcos de instalación parados y una señal de riesgo país que los inversores internacionales van a internalizar antes de comprometer capital en nuevos proyectos renovables en Estados Unidos.
La medida se enmarca además en un contexto de creciente hostilidad de la administración hacia las renovables, que ya había ordenado la revisión de los permisos de exportación de tecnología eólica y había reducido los objetivos de despliegue marino fijados por el anterior ejecutivo. Los analistas del sector creen que la pausa, aunque se presente como temporal, puede convertirse en una barrera de facto que desvíe la inversión hacia otros mercados como Europa o Asia, donde la regulación es más predecible. Según las estimaciones de la industria, los cinco proyectos paralizados emplean directamente a más de 5.000 trabajadores en la cadena de suministro, sin contar los miles de puestos indirectos en logística, fabricación de componentes y servicios portuarios.
La credibilidad del argumento de seguridad nacional
Aquí está la letra pequeña que más chirría. La afirmación de que las turbinas crean vulnerabilidades que no se habían detectado en cinco años de funcionamiento real (con dos turbinas piloto idénticas a las del proyecto completo) carece, hasta la fecha, de evidencia pública que la respalde. El Departamento de Guerra, que ha asumido competencias de inteligencia sobre infraestructuras energéticas civiles, no ha presentado imágenes, simulaciones ni datos de incidentes que justifiquen la paralización inmediata de instalaciones multimillonarias ya en fase terminal.
Mientras, los promotores recuerdan que la supervisión de ciberseguridad y seguridad física de CVOW la realizan tanto los reguladores estatales de Virginia como varias agencias federales, que han certificado el programa de protección del proyecto entre los más sólidos del sector energético. La suspensión, por lo tanto, no responde a una carencia de control, sino a una reapertura política de los criterios de autorización que la industria renovable interpreta como una moratoria encubierta.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible que queda en suspenso: 2.600 MW de capacidad eólica lista para verter electricidad limpia a la red justo cuando la demanda se duplica por la IA y el sector defensa.
- Modelo que se tambalea: La decisión cuestiona la estabilidad regulatoria de las renovables en EE.UU. y puede disparar la prima de riesgo para proyectos similares en todo el mundo.
- Para las próximas generaciones: Si el argumento de seguridad nacional se consolida sin evidencia técnica, se abre un precedente para frenar infraestructuras limpias bajo cualquier administración futura, retrasando la transición energética sin un análisis riguroso de costes y beneficios.
