Pekín ha dado luz verde a una batería de regulaciones que amplían de forma sustancial su capacidad de respuesta frente a las sanciones y los controles de exportación impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que más me preocupa, tras analizar los tres textos aprobados —y el borrador de una cuarta ley— desde el pasado mes de marzo, es la posición casi imposible en la que quedan las compañías extranjeras con intereses en China.
El nuevo blindaje legal de Pekín
El arsenal se compone de dos decretos del Consejo de Estado y una reforma procesal en gestación. El Decreto n.º 834, aprobado en marzo, permite sancionar a empresas que “perturben, socaven o discriminen” las cadenas industriales y de suministro chinas. Apenas un mes después, el Decreto n.º 835 habilitó la imposición de multas, la congelación de activos, la cancelación de visados o restricciones a la importación y exportación contra cualquier entidad extranjera que aplique medidas con “jurisdicción extraterritorial improcedente”. El tercer pilar, aún en fase de borrador, dotaría a los fiscales chinos de la capacidad de presentar demandas contra organizaciones y particulares extranjeros cuyos “actos ilegales perjudiquen los intereses nacionales o el interés social”.
Estos movimientos, leídos en conjunto, dibujan una arquitectura de represalia mucho más ágil que la de 2020, cuando Pekín estrenó la Unreliable Entities List. Entonces la única herramienta de choque eran las declaraciones y las interrupciones comerciales selectivas. Ahora, el reglamento procesal y los decretos permiten un castigo directo, inmediato y, sobre todo, altamente discrecional.
El conflicto de obligaciones que atenaza a las multinacionales
“Algunas empresas han expresado preocupación por que estas medidas puedan afectar a transacciones comerciales ordinarias, especialmente cuando las compañías se enfrentan a obligaciones legales potencialmente contradictorias.” — James Hsiao, socio de White & Case en Hong Kong, julio de 2026
Esta es la clave, y la comparto. Una firma estadounidense o europea que cumpla con las restricciones impuestas por Washington o Bruselas puede verse de inmediato investigada o sancionada por Pekín. Como explica Hsiao, “una empresa puede estar obligada, según las normas de sanciones de EE. UU. o la UE, a restringir sus relaciones con una contraparte, pero al mismo tiempo debe considerar si esa acción genera un riesgo bajo las contramedidas chinas”. El resultado es un callejón regulatorio sin salida clara.
Los despachos internacionales ya avisan. Paul Hastings, un bufete estadounidense con fuerte presencia en Asia, ha señalado que los decretos expondrán a las empresas a “un mayor escrutinio cuando sus decisiones de negocio o sus medidas de cumplimiento puedan percibirse como la implementación de medidas extranjeras discriminatorias o restrictivas”. Y la consultora Trivium China, con sede en Pekín, resume la situación con una imagen muy gráfica: las multinacionales quedarán “cada vez más atrapadas entre la espada estadounidense y la pared china”.
La doctrina del ‘cumplimiento selectivo’ y el primer precedente
No hablamos de un riesgo teórico. En mayo de 2026, Pekín invocó por primera vez la blocking law de 2021 para prohibir a ciudadanos y empresas chinas cumplir con las sanciones estadounidenses vinculadas a las refinerías independientes que compraban crudo iraní. Ese mismo mes, el Ministerio de Justicia chino determinó que una investigación de la UE sobre Nuctech, una firma china de equipos de seguridad con filiales europeas, constituía un caso de “jurisdicción extraterritorial improcedente” y ordenó que ninguna persona u organización colaborara con la pesquisa.
Estos episodios marcan un punto de inflexión. La doctrina del cumplimiento selectivo —te obligan a elegir a quién obedeces— deja de ser un debate académico para convertirse en un coste operativo real. Lo que veo aquí es una lectura fría y deliberada de la guerra comercial: Pekín ya no se limita a protestar; ahora construye un aparato legal para igualar el terreno de juego asimétrico que le imponen los sistemas de sanciones occidentales.
🌍 El impacto en España y Europa
Para las empresas españolas con intereses en China —desde firmas del IBEX con plantas de producción hasta pymes exportadoras—, el nuevo marco introduce una capa adicional de inseguridad jurídica. Cualquier paso que den para cumplir con las sanciones europeas contra Rusia, las restricciones a la transferencia de tecnología o las investigaciones por prácticas desleales puede exponerlas a represalias como la congelación de activos o la prohibición de operar en el mercado chino. Aunque el impacto en el Euríbor o en las hipotecas es indirecto, el encarecimiento del cumplimiento normativo y la posible retracción de inversiones en Asia pueden erosionar la confianza empresarial europea y, por esa vía, restar tracción a la recuperación económica de la eurozona en la segunda mitad de 2026. El BCE, atento a los canales de incertidumbre global, seguirá de cerca hasta qué punto esta escalada normativa se traduce en un freno al comercio exterior del continente.
