El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con suspender las relaciones comerciales con España en el transcurso de la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Vilna. La exigencia de Washington de que los aliados europeos eleven el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB y la negativa española a sumarse a la guerra contra Irán han llevado la tensión diplomática a un terreno nuevo: el del intercambio económico directo.
He seguido la escalada verbal desde que el mandatario republicano regresara a la Casa Blanca y me detengo en la crudeza de esta última amenaza. No se trata ya de reproches en los pasillos de la Alianza, sino de un aviso que, de materializarse, rompería décadas de entendimiento comercial entre dos economías profundamente interconectadas.
La negativa española a elevar el gasto militar y a intervenir en Irán
España dedica actualmente alrededor del 1,4 % del PIB a defensa, muy lejos del objetivo del 2 % que la OTAN fijó en 2014 y a años luz de la nueva meta del 5 % que Trump ha puesto sobre la mesa. El gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido que el incremento presupuestario en este ámbito debe ser gradual y ajustado a las prioridades sociales, una postura que choca frontalmente con la urgencia que imprime la administración estadounidense.
En paralelo, la guerra contra Irán —impulsada por Washington tras el bloqueo del estrecho de Ormuz— no ha encontrado eco en Madrid. España ha evitado cualquier implicación militar directa, alineándose con la mayoría de los socios europeos que prefieren una salida diplomática. Esa falta de alineamiento es la que Trump ha calificado, según fuentes de la delegación norteamericana, como «inaceptable para un socio de la OTAN».
¿Hasta qué punto es factible una ruptura comercial?
Aquí es donde el pulso político choca con la realidad jurídica e institucional. La política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que Estados Unidos no puede suspender selectivamente el comercio con España sin romper el marco tarifario común. Una medida de ese calibre desencadenaría de inmediato un contencioso ante la Organización Mundial del Comercio y, muy probablemente, una respuesta coordinada de Bruselas en forma de aranceles de represalia.
Las cifras ayudan a dimensionar el riesgo: en 2025, las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos alcanzaron los 18.900 millones de euros, con un superávit favorable a España de unos 6.500 millones impulsado por productos farmacéuticos, aceite de oliva, vino y componentes de automoción. Del otro lado, las empresas estadounidenses facturan en España más de 12.000 millones anuales y algunas —como las grandes tecnológicas y los fondos de inversión— tienen aquí intereses estratégicos que también quedarían expuestos.
La amenaza, por tanto, parece más un movimiento de presión negociadora que un plan con visos de ejecución inmediata. Pero la mera verbalización ya tiene consecuencias económicas: la incertidumbre regulatoria enfría las decisiones de inversión y puede encarecer las coberturas de riesgo país para las empresas españolas con exposición al mercado norteamericano.
Lo que realmente está en juego: credibilidad atlántica y autonomía estratégica europea
Tras analizar los movimientos de las últimas semanas, veo un trasfondo que va más allá del gasto militar o de Irán. Trump está utilizando la presión bilateral para fracturar la unanimidad europea y ganar interlocutores más dóciles. La apuesta de España por mantener una política exterior propia y por preservar el modelo de bienestar frente a un incremento desmesurado del presupuesto de defensa se convierte en un símbolo de resistencia que Washington quiere doblegar.
No obstante, esta estrategia puede tener un coste reputacional alto para Estados Unidos si otros socios de la OTAN —como Italia o Canadá— interpretan la amenaza como un precedente peligroso. El riesgo de desacoplamiento entre las dos orillas del Atlántico es, hoy, más tangible que en cualquier otro momento desde la crisis de los aranceles al acero y al aluminio de 2018.
El verdadero termómetro no estará en las declaraciones de la cumbre, sino en si la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. abre en los próximos días alguna investigación formal sobre prácticas comerciales españolas, algo que serviría como primer paso administrativo antes de cualquier medida restrictiva. Esa es la señal que seguiré con lupa.
🌍 El impacto en España y Europa
Para el lector español, la amenaza tiene una traducción concreta: cada escalada verbal de esta naturaleza añade presión sobre el Euríbor en un momento en que el Banco Central Europeo aún no ha completado la normalización monetaria. Si las tensiones transatlánticas aumentan y se materializan en barreras comerciales, las empresas exportadoras —desde las grandes cotizadas del IBEX 35 hasta las pymes agroalimentarias— verán mermados sus márgenes, lo que puede trasladarse a una ralentización del empleo en los sectores más expuestos.
Sin embargo, el paraguas de la Unión Europea ofrece una protección institucional considerable. Bruselas cuenta con mecanismos de defensa comercial y una capacidad de respuesta conjunta que diluye, en parte, el impacto de una ofensiva unilateral estadounidense. El verdadero desafío para España no es tanto la probabilidad de una ruptura —hoy remota— sino la presión constante para que aumente el gasto en defensa en un contexto de debilidad fiscal y elevada deuda pública. Esa es la negociación de fondo que condicionará la posición española en todas las cumbres venideras.
