El Consejo de Ministros ha dado este martes un nuevo acelerón al gasto público. El nuevo techo de gasto no financiero para 2027 se sitúa en 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior y un máximo histórico absoluto. La cifra, aprobada junto a la nueva senda de estabilidad, llega avalada por una recaudación tributaria que sigue creciendo a ritmo de doble dígito, pero también marca el punto de partida de unos Presupuestos que el Gobierno utiliza como plataforma electoral de cara a las generales de 2028.
Adiós definitivo a los fondos europeos
Por primera vez desde 2021, el límite de gasto se financiará íntegramente con recursos nacionales. Los fondos del programa Next Generation EU agotan su ejecución este próximo mes de agosto, lo que obliga a que cada euro adicional salga de la caja común. Sin el colchón europeo, el crecimiento del gasto se queda en el 4,6%, pero aún así el techo marca un nuevo máximo y coloca el presupuesto ante un escenario inédito.
Según la documentación presentada por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno aún negocia con Bruselas la extensión de algunas partidas de gasto. Sin embargo, la mayor parte de los fondos quedará liquidada, lo que implica que el Ejecutivo deberá sostener el nivel de inversión con ingresos propios o recurrir a mayor deuda.
Más gasto y menos déficit: el milagro de la recaudación
La senda fiscal aprobada este martes contempla llevar el déficit público al 1,8% del PIB en 2027, desde el 2,1% previsto para este año. El esfuerzo recaerá casi por completo sobre la Administración Central, que pasará del 1,8% al 1,3%. La reducción es modesta —tres décimas— y se apoya en dos palancas: el fuerte ritmo de los ingresos tributarios y las cláusulas de escape que Bruselas mantiene para el gasto en defensa y la transición ecológica.
Arcadi España, ministro de Hacienda, defendió que será la Administración Central la que asuma el peso del ajuste. Pero el verdadero motor que permite compatibilizar un alza del 6,6% en el gasto con una senda de consolidación es la recaudación. En lo que va de año, los ingresos fiscales avanzan a tasas de doble dígito, impulsados por el crecimiento, la inflación y el incremento de la presión fiscal.
En paralelo, los objetivos de deuda pública aprobados este martes dibujan una trayectoria descendente: 97,6% del PIB en 2027, 96,4% en 2028 y 95,3% en 2029. Si se cumple, el país regresará el año que viene a niveles de endeudamiento previos a la pandemia, aunque todavía lejos del 60% que marca el Pacto de Estabilidad.
El Gobierno está cuadrando el círculo: disparar el gasto a costa de una recaudación que, si la economía se enfría, podría volverse en su contra.
Un presupuesto electoral con sombras en el Congreso
El techo de gasto y la senda de estabilidad tienen los días contados en el Congreso. Junts, PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra, lo que forzará al Gobierno a prorrogar la senda anterior o a negociar contrarreloj. Esta debilidad parlamentaria introduce un factor de incertidumbre que contrasta con la ambición de las cifras.
Más allá de la aritmética fiscal, el presupuesto de 2027 se lee en clave política. Con elecciones generales en el horizonte de 2028, el Ejecutivo diseña unos Presupuestos que son, ante todo, una declaración de intenciones: blindar el gasto social, mantener la inversión y proyectar una imagen de control del déficit compatible con un Estado del bienestar robusto. En un contexto en el que la inflación aún castiga las rentas bajas y la vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de los hogares, mostrar músculo fiscal sin alarmar a Bruselas es una prioridad.
Sin embargo, el supuesto de que los ingresos sigan creciendo a doble dígito de forma indefinida es arriesgado. La propia AIReF ya ha advertido en informes recientes que la elasticidad de la recaudación podría moderarse si el ciclo económico pierde fuelle. De materializarse ese escenario, el margen fiscal que hoy permite aumentar el gasto sin disparar el déficit se estrecharía, y las cuentas de 2027 quedarían obsoletas antes de llegar a su ecuador.
Además, el coste de la deuda —en proceso de normalización monetaria— podría encarecer el servicio de la deuda, restando margen fiscal. El Gobierno apuesta por un aterrizaje suave que le permita llegar a 2028 con la economía aún en expansión y el déficit bajo control. La incógnita es si, cuando llegue el momento, las cuentas resistirán un entorno de tipos más altos y un crecimiento que ya no sea tan boyante.
