La cifra confirma el avance, pero también esconde una realidad incómoda. España incorporó 1.605 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos durante el segundo trimestre de 2026, elevando el total de la red pública operativa a 56.682. Un crecimiento trimestral del 2,9% que, sin embargo, no cuenta la historia completa. Porque tras el dato se esconde un lastre que frena la movilidad eléctrica en el país: uno de cada cuatro cargadores instalados no funciona.
Crecimiento con sombras: uno de cada cuatro puntos no funciona
Los robos de cable y el vandalismo han dejado inutilizado aproximadamente el 25% de la infraestructura que debería estar prestando servicio, según se desprende de los informes recogidos por varios medios. La situación es especialmente sangrante en comunidades como Cantabria, donde de los 942 puntos de recarga contabilizados, 343 permanecen apagados. Casi el 36% de la red autonómica, inoperativa por actos delictivos. Una cifra que deja en evidencia que, en muchos casos, instalar no equivale a operar.
El problema no es nuevo. La red de recarga eléctrica en España acumula un déficit de fiabilidad que alimenta las dudas de los potenciales compradores de vehículos eléctricos. Mientras la industria avanza hacia los objetivos de descarbonización, la infraestructura sigue siendo el gran cuello de botella. Y el robo de componentes, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un problema estructural que afecta a la rentabilidad de los operadores. Reponer un cable sustraído cuesta varios miles de euros y deja el poste fuera de servicio durante semanas, generando frustración en el usuario y pérdidas millonarias al sector.
Competencia y burocracia: las recetas del sector
Desde el sector, la respuesta pasa por dos ejes: más competencia y menos burocracia. La compañía de recarga ultrarápida Fastned ha respaldado recientemente la postura de la CNMC, que viene advirtiendo que la excesiva regulación local y la lentitud en los permisos lastran el despliegue. “Hay que simplificar los procesos y abrir el mercado a más actores si queremos que la red crezca al ritmo que necesita la electrificación del parque”, señaló un portavoz de la empresa. Algunos municipios exigen trámites que se alargan más de un año, un disparate en un sector que necesita duplicar el número de puntos en los próximos tres años.
El ritmo de instalación, aunque positivo, está lejos de los objetivos necesarios. Los 1.605 puntos añadidos en el segundo trimestre suponen un frenazo respecto al primer trimestre, y la tasa interanual sitúa a España por detrás de países como Alemania o Países Bajos en densidad de recarga pública. La Comisión Europea ya ha advertido de que los fondos Next Generation condicionarán futuros desembolsos al cumplimiento de hitos de infraestructura eléctrica, y España corre el riesgo de perder financiación si no acelera.
Instalar cargadores sin garantizar su funcionamiento es como construir una autopista y dejarla sin señalizar: nadie la usará.
El debate sobre la calidad frente a la cantidad se recrudece. España ha instalado muchos puntos, pero la experiencia del usuario sigue siendo errática: cargadores rotos, aplicaciones que no sincronizan o potencias de carga que nunca alcanzan las prometidas. A esa lista se suma un problema burocrático añadido: la ausencia de un estándar de mantenimiento. Hoy no existe una normativa nacional que exija un porcentaje mínimo de operatividad, y la la red pública depende del buen hacer —o no— de cada operador autonómico o municipal.
La calidad de la red, el verdadero talón de Aquiles
Detrás del ruido de las cifras de instalación subyace un problema de fondo: la movilidad eléctrica no despegará mientras el conductor no pueda confiar en que encontrará un enchufe que funcione. La tecnología existe, los vehículos mejoran y los precios bajan, pero la experiencia de recarga sigue siendo similar a la de un surtidor de gasolina en el que, aleatoriamente, no hay combustible. Y en un mercado donde la ansiedad de autonomía sigue siendo la principal barrera psicológica para la compra, cualquier punto muerto es un argumento en contra del coche eléctrico.
La paradoja es que el dinero no falta. Los fondos europeos han regado el despliegue de infraestructura, pero el modelo de subvención por instalación, sin condicionantes de mantenimiento a largo plazo, ha favorecido la cantidad sobre la calidad. Mientras no se vincule el cobro de ayudas a ratios de operatividad superiores al 95%, la red seguirá acumulando puntos fantasma. El sector lo sabe y pide un cambio de enfoque regulatorio que ponga el foco en la fiabilidad real y no solo en la potencia instalada.
