La guerra en Oriente Medio ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad de Europa ante los vaivenes del petróleo. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, lo ha dejado claro esta semana desde Lisboa: acelerar la transición verde no es solo cuestión ambiental, sino también de seguridad energética y estabilidad de precios.
En su intervención en el séptimo Congreso Mundial de Economistas Ambientales y de Recursos, recogida en la web del BCE, Elderson ha desgranado los beneficios económicos que ya está generando la inversión en tecnologías limpias y las barreras que aún impiden que el capital fluya con más fuerza hacia estos activos. Un análisis con claves directas para cualquier inversor que siga de cerca la transición energética.
Beneficios tangibles de la inversión verde
Las cifras que maneja el BCE son contundentes. Entre 2010 y 2024, los costes totales instalados de la energía solar fotovoltaica cayeron un 87%, los de la eólica terrestre un 55% y los de los sistemas de almacenamiento con baterías un 93%. A día de hoy, producir un kilovatio con renovables es más barato que quemar combustibles fósiles en todas las grandes economías europeas.
El caso español es paradigmático. Según los datos citados por Elderson, los precios mayoristas de la electricidad en España fueron un 40% más bajos durante la primera mitad de 2024 de lo que habrían sido si la cuota de renovables se hubiera mantenido en los niveles de 2019. Además, la transmisión del precio del gas a la factura eléctrica se ha reducido a la mitad en los últimos años. Para carteras expuestas a utilities, el mensaje es inequívoco: la descarbonización abarata costes y reduce la volatilidad.
El ahorro también llega al transporte. Los vehículos eléctricos evitaron en Europa el consumo de 67 millones de barriles de petróleo en 2025, lo que supuso un recorte de 4.100 millones de euros en importaciones. Con el barril de crudo disparado por el conflicto del Estrecho de Ormuz, la cifra para la primera mitad de 2026 será aún mayor. Este ahorro beneficia directamente a los fabricantes europeos de baterías y a las firmas de recarga, segmentos que atraen cada vez más interés institucional.
El mensaje para los gestores de carteras es claro: las renovables ya no necesitan subsidios para ser rentables. El riesgo ahora es de política, no de tecnología.
Barreras que mantienen frenada la transición
Elderson no ocultó las dificultades. El precio insuficiente del carbono sigue otorgando una ventaja competitiva a las empresas intensivas en combustibles fósiles. Mientras no se internalice por completo el coste de las emisiones, los activos verdes compiten en un terreno de juego desigual. Esto se traduce en primas de riesgo que aún frenan a los inversores más adversos al riesgo regulatorio.
El ejecutivo del BCE también señaló las brechas de financiación, sobre todo en proyectos de adaptación climática, y la necesidad de políticas complementarias que coordinen esfuerzos. «Unas pocas medidas aisladas no bastan», insistió durante su ponencia. El propio BCE, como tomador de políticas climáticas —no como diseñador—, solo puede actuar cuando el marco normativo sea predecible y ambicioso.
La falta de armonización y la incertidumbre política en varios países europeos retrasan decisiones de inversión. Para los bonos verdes y los fondos de infraestructuras, este es un factor limitante que impide que los flujos alcancen la escala necesaria para financiar la transición.
Análisis: ¿está el mercado valorando los riesgos climáticos?
Desde esta redacción lo hemos repetido varias veces: los mercados descuentan lo que quieren ver y postengan lo que les resulta incómodo. Las pruebas de estrés del BCE a la banca ya han demostrado que más del 75% de los préstamos corporativos de la eurozona dependen críticamente de al menos un servicio ecosistémico. Sin embargo, los múltiplos actuales de muchas compañías verdes no reflejan esa exposición. Hay una oportunidad de valor relativo que pocos grandes fondos están aprovechando con convicción.
La contradicción es evidente. El discurso de Elderson enumera ventajas económicas tangibles y, al mismo tiempo, barreras que en su mayoría son políticas. Eso significa que la revalorización de los activos verdes no depende tanto de un avance tecnológico como de una señal política creíble. La pregunta que todo inversor debe hacerse es si confía en que esa señal llegará antes de que los riesgos físicos —olas de calor, sequías, interrupciones en el suministro— golpeen con fuerza las carteras. La respuesta, en mi opinión, es que el coste de esperar es cada vez más alto.
Los datos macroeconómicos ya incorporan estos choques. El BCE revisó a la baja el crecimiento para 2026 y 2027 y elevó sus previsiones de inflación por el impacto de la guerra en el Golfo. Si a eso se le suman los episodios climáticos extremos, que según sus propios cálculos pueden añadir hasta 1,8 puntos porcentuales a la inflación de los alimentos en un escenario de calentamiento severo, el escenario base tradicional de muchas gestoras empieza a quedarse corto. La transición hacia una cartera más verde no es solo cuestión de convicción ideológica: es una cobertura cada vez más racional frente a riesgos sistémicos.
