La mañana del 30 de junio, la Fiscalía Europea (EPPO) ha ejecutado registros simultáneos en Francia, España, Italia y Bélgica contra el antiguo grupo parlamentario Identidad y Democracia (ID). La operación apunta a una malversación de 4,33 millones de euros en fondos del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024. He seguido de cerca la cronología de esta investigación y los datos que la sustentan, y lo que veo es una ofensiva institucional que estrecha el cerco financiero sobre la extrema derecha euroescéptica en un momento políticamente muy sensible.
La pesquisa se originó en julio de 2025, tras un informe de la Dirección General de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo. El documento detallaba que ID —que agrupaba a diputados de la Agrupación Nacional (RN) francesa, la Liga italiana y otros partidos— habría desviado fondos para contratar a asociaciones ajenas a la actividad parlamentaria y adjudicar contratos sin licitación pública. Según el informe, la mayor parte del dinero benefició a dos empresas muy concretas: e-Politic, con sede en Bruselas, y Unanime, vinculada a colaboradores de Marine Le Pen.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Jordan Bardella, presidente de RN y posible candidato presidencial si se confirma la inhabilitación de Le Pen, denunció una motivación política:
“Desde esta mañana, se están llevando a cabo registros en las sedes y en los domicilios personales de proveedores de comunicación que han trabajado con nosotros. (…) Como cada vez, los procedimientos judiciales anuncian el calendario electoral. No tenemos nada que reprocharnos, y lo demostraremos”.
Mientras, la EPPO, en un comunicado oficial, confirmaba que “actualmente está llevando a cabo diligencias de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos de la UE por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024”.
La trama financiera bajo sospecha
El desglose del presunto fraude esminucioso. De los 4,33 millones de euros señalados por el Parlamento Europeo, más de 2 millones habrían ido a parar a e-Politic, la sociedad con sede en la capital belga. Otra parte sustancial se dirigió a Unanime, mientras que en España la investigación se centra en Design Services & E-Marketing Consulting, una empresa de comunicación digital que RN fundó en 2022, tras la campaña presidencial francesa, y que habría utilizado fondos europeos.
- 4,33 millones de euros desviados entre 2019 y 2024, según el informe del Parlamento Europeo.
- e-Politic (Bélgica): más de 2 millones de euros recibidos de RN desde 2019.
- Unanime (Francia): gestionada por Frédéric Chatillon, exasesor de Le Pen, y su esposa Sighild Blanc.
- Design Services & E-Marketing Consulting (España): empresa creada tras las presidenciales de 2022, bajo sospecha de financiación con dinero europeo.
La figura de Frédéric Chatillon es clave. Desde Italia, donde ha establecido su holding Awen, controla la Asociación Francesa de Impresores, que ya fue objeto de redadas en julio de 2025 por posible sobrefacturación. Esta maraña societaria, tejida en varios países, es la que la EPPO intenta desenredar para determinar si los fondos del contribuyente europeo se utilizaron para fines partidistas o empresariales ajenos a la actividad parlamentaria.
La sombra de la inhabilitación de Le Pen
Estos registros aterrizan en un momento crítico para la extrema derecha francesa. El 7 de julio, apenas una semana después de las redadas, el Tribunal de Apelación de París debe confirmar o revocar la inhabilitación de Marine Le Pen por el caso de los falsos asistentes parlamentarios. Si se mantiene la condena, Bardella se perfilaría como candidato a las presidenciales de 2027. La coincidencia temporal entre la operación de la EPPO y la decisión judicial añade una capa de presión política que, en mi análisis, no es casual: los mercados y las instituciones europeas observan con lupa cómo la extrema derecha gestiona los fondos que recibe de un proyecto comunitario al que, en buena medida, cuestiona.
En ese sentido, la ofensiva de la Fiscalía Europea no solo tiene implicaciones judiciales, sino también reputacionales. La credibilidad de los mecanismos de control financiero de la UE está en juego, y la EPPO, creada precisamente para perseguir el fraude transnacional, necesita este tipo de operaciones contundentes para demostrar su eficacia. Sin embargo, los partidos señalados tienen ahora la oportunidad de defenderse en el ámbito judicial, y cualquier acusación no probada podría tener el efecto contrario de victimizarlos ante su electorado.
🌍 El impacto en España y Europa
España aparece directamente implicada en esta investigación a través de la empresa Design Services & E-Marketing Consulting. Aunque el volumen presuntamente malversado en territorio español aún no se ha cuantificado, la mera existencia de una sociedad vinculada a RN y financiada con fondos europeos obliga a las autoridades españolas a cooperar estrechamente con la EPPO. Para un país que es uno de los mayores receptores netos de fondos comunitarios —con más de 140.000 millones de euros del plan Next Generation asignados—, cualquier escándalo que erosione la confianza en la integridad financiera de la UE puede traducirse en controles adicionales y retrasos en los desembolsos. Además, el caso refuerza la necesidad de que las empresas españolas que compitan por contratos públicos europeos extremen la transparencia, porque el escrutinio va a aumentar. A nivel europeo, la operación consolida a la EPPO como un actor relevante en la defensa del presupuesto comunitario, lo que a medio plazo debería fortalecer la percepción de solidez institucional que tanto valora el inversor internacional.
