El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado este lunes el recurso de España y ha dejado firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, lo que allana el camino para que los acreedores ejecuten laudos arbitrales por más de 2.300 millones de euros. La decisión afecta directamente al litigio pilotado por Blasket Renewable Investments y supone un nuevo revés para el Estado español, que ve cómo se cierra su última vía de recurso en la jurisdicción estadounidense.
El Alto Tribunal, en una orden emitida sin comentarios, rechazó la petición de amparo (writ of certiorari) presentada por el Gobierno de España, que alegaba que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos asuntos. Con ello, confirma la plena vigencia del criterio adoptado por las instancias inferiores y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en territorio estadounidense, según confirmaron fuentes de los acreedores a Europa Press.
El origen de este largo contencioso se remonta a los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquellas medidas llevaron a numerosos inversores internacionales a iniciar arbitrajes de inversión al amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). España acumula ya 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago, por un importe conjunto que supera los 2.300 millones de euros, y se enfrenta a procedimientos de ejecución en múltiples países. Los inversores afectados incluyen a grandes fondos de infraestructuras y a compañías como Eiser Infrastructure, que ya ha logrado embargar bienes inmuebles en Londres, o Antin, que ha seguido una ruta similar.
Un varapalo judicial en toda regla
La negativa del Supremo se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del ‘Solicitor General‘, recomendara de manera expresa al tribunal que rechazase la petición española. El escrito del Gobierno estadounidense subrayaba que el caso no presentaba una cuestión de importancia federal que justificara la intervención del máximo tribunal, y que la interpretación del Circuito de Columbia sobre la excepción arbitral de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) era correcta. El pronunciamiento del Solicitor General no es vinculante, pero tiene un peso considerable en el Supremo estadounidense, que en muy contadas ocasiones contradice la recomendación del Gobierno. En este caso, la administración Biden, a pesar de los estrechos lazos con España, decidió no respaldar a un aliado europeo, lo que evidencia la solidez de los argumentos jurídicos de los acreedores.
España había intentado convencer a los jueces de que la FSIA no permitía la ejecución de laudos en ausencia de un acuerdo de arbitraje firmado directamente por el Estado, una línea argumental que ya fue rechazada por el tribunal de apelaciones. Además, el Gobierno español había solicitado que se aclarase si la inmunidad soberana podía oponerse a la ejecución de laudos dictados al amparo del TCE, cuestión que el Supremo ha evitado abordar al denegar el recurso.
La negativa del Supremo estadounidense cierra una puerta decisiva y confirma que la estrategia de dilación judicial tiene un límite.
Fuentes de los acreedores calificaron la resolución como una «importante victoria» que «refuerza el principio de que los laudos internacionales firmes deben ser cumplidos y pueden ejecutarse mediante los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico internacional». Añadieron que esta decisión «concluye uno de los frentes judiciales más relevantes abiertos por España en su intento de evitar el pago de los laudos».
Con cada revés judicial, España se acerca un paso más a tener que pagar: el tiempo de la resistencia puramente procesal se agota.
El cerco se estrecha en todo el mundo
En Estados Unidos, las sentencias que condenan a España a pagar estos laudos ascienden a unos 700 millones de euros, aunque constituyen solo una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores. En Bélgica, permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores, mientras que en Países Bajos se han iniciado procedimientos para el embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. El Instituto, que funciona como centro cultural y de promoción del español, podría convertirse en el primer bien inmueble de titularidad pública española que se subasta para satisfacer un laudo internacional.
En Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España, por un importe conjunto superior a 400 millones de euros. Y el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado recientemente resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos que suman indemnizaciones de más de 300 millones de euros.
La decisión del Supremo estadounidense, aunque no ordena el pago inmediato de las indemnizaciones, elimina un obstáculo procesal esencial y envía un mensaje a otras jurisdicciones: los argumentos de inmunidad soberana esgrimidos por España tienen cada vez menos recorrido. De hecho, fuentes jurídicas consultadas señalan que el dictamen favorable de la administración Biden y la firmeza del tribunal podrían influir en los procedimientos aún en curso en Reino Unido y otros foros.
Análisis: las lecciones de quince años de resistencia
La negativa del Supremo estadounidense pone el foco en una política energética que, con la perspectiva del tiempo, ha resultado extraordinariamente costosa. Los recortes de 2013 y 2014, diseñados para contener el déficit de tarifa, desencadenaron una oleada de arbitrajes que ahora amenazan con obligar a España a desembolsar una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios ministerios. Es un ejemplo de libro de cómo una mala regulación puede erosionar la seguridad jurídica y la percepción de riesgo-país.
En mi opinión, el error de fondo no fue solo la retroactividad, sino la negativa persistente a negociar un acuerdo transaccional. Otros países que se vieron envueltos en litigios similares bajo el TCE optaron por cerrar acuerdos extrajudiciales con los inversores, limitando el daño reputacional y financiero. España, en cambio, ha mantenido una estrategia de litigación agresiva que, a la vista de los resultados en tribunales de todo el mundo, no está dando frutos. Cada tribunal que se pronuncia —en Washington, Bruselas, Londres, Singapur— reitera el mismo principio: los laudos arbitrales del TCE deben cumplirse. La comparación con Argentina tras su default de 2001 es pertinente, aunque aquí el origen está en una decisión administrativa interna con efectos retroactivos; la diferencia clave es que los laudos del TCE tienen mecanismos de ejecución más ágiles que los bonos soberanos.
No obstante, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Con los embargos avanzando en varias jurisdicciones y el Supremo estadounidense cerrando la última puerta procesal, la opción de seguir litigando se reduce a un ejercicio cada vez más caro y arriesgado. Algunos analistas sugieren que el Ejecutivo podría tratar de reactivar conversaciones para un acuerdo global que permita pagar los laudos a lo largo de varios ejercicios. Pero para eso haría falta reconocer primero que la batalla judicial está perdida.
Queda por ver si esta decisión impulsará un cambio de estrategia en Moncloa. El calendario político —con elecciones generales a la vuelta de la esquina— no facilita las cosas, pero los mercados y las agencias de calificación observan con lupa cada nuevo embargo. La credibilidad de España como destino de inversión en renovables depende, en buena medida, de cómo resuelva este contencioso. Y el tiempo no juega a favor de quien debe.
