El Gobierno llevará mañana, lunes 29 de junio, al Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que servirá de base para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la decisión de adelantar la reunión al lunes —habitualmente se celebra los martes— responde a la urgencia de que las actuales medidas anticrisis, muy centradas en la energía, decaen en buena parte el 30 de junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anticipado que sería «un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país», aunque no ha detallado las herramientas fiscales concretas. El texto, que se aprobará primero en el Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tendrá después un plazo de treinta días para ser convalidado o derogado en el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros adelantado y el fin de las ayudas vigentes
La guerra de Irán provocó que el pasado marzo el Ejecutivo aprobara un decreto ley con ayudas fiscales para paliar la subida de los precios energéticos. Entre las medidas más visibles figuraban la rebaja del IVA de la electricidad y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad. Sin embargo, ambos incentivos caducaron este mismo mes de junio, aprovechando la favorable evolución de los precios en los mercados mayoristas.
Con el horizonte del 30 de junio como fecha límite, el Gobierno ha estado monitorizando la evolución del conflicto y manteniendo reuniones con los agentes sociales y los sectores más expuestos al shock energético. La decisión de no haber prorrogado automáticamente las rebajas fiscales deja un vacío regulatorio que podría traducirse en un incremento de la factura eléctrica para hogares y empresas a partir del 1 de julio.
El real decreto ley que se aprueba mañana debería aclarar si esas deducciones volverán a estar vigentes, se modularán o se sustituirán por otras ayudas directas. Por ahora, la única certeza es que el Ejecutivo pretende aprobar un paquete de “protección” que incluye tanto la electricidad como los carburantes, y que se tramitará en paralelo a las grandes cifras de los Presupuestos de 2027.
¿Qué pasará con la factura de la luz a partir del 1 de julio?
La gran incógnita para los consumidores es si la factura de la luz volverá a los niveles previos a la crisis energética desatada en 2022. Las rebajas fiscales aplicadas desde entonces situaban el IVA de la electricidad en el 10% —e incluso en el 5% para los hogares con bono social—, muy por debajo del 21% general. Su caducidad devolvería el tipo impositivo al entorno del 10% o, en ausencia de una nueva prórroga, al 21% habitual.
Trasladado al recibo mensual de un hogar medio, la diferencia podría oscilar entre 5 y 12 euros adicionales, dependiendo del tipo que se aplique y del consumo. Para la pequeña y mediana empresa, el impacto es proporcionalmente mayor y se suma a la incertidumbre sobre los costes de los carburantes, otro de los frentes energéticos abiertos por la guerra de Irán.
El propio presidente Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la convalidación del decreto cuando llegue a las Cortes y ha asegurado que pondrá los recursos del Estado «todo el tiempo que sea necesario» para proteger a la economía. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses muestra que la evolución de los precios ha permitido al Gobierno ir retirando estímulos sin que el consumo se resintiera significativamente.
Protección económica vs. normalización fiscal: el dilema del Gobierno
El debate de fondo que planea sobre este nuevo decreto ley es si la palabra “protección” se traduce en mantener artificialmente bajos los impuestos energéticos o si, por el contrario, se opta por una estrategia de normalización fiscal que devuelva la carga tributaria a sus niveles estructurales. La respuesta del Ejecutivo tiene implicaciones que van más allá de la factura doméstica: condiciona la recaudación, el déficit público y la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas.
De hecho, el propio cuadro macroeconómico que se presenta mañana junto al decreto contempla un déficit del 1,6% del PIB para 2026 —mejor que el 2,1% previsto en noviembre— y una ratio de deuda pública que romperá la barrera del 100% este mismo año, adelantándose un ejercicio a lo previsto. Mantener las rebajas fiscales sobre la electricidad supondría un coste recaudatorio de varios cientos de millones de euros anuales, lo que tensaría esos objetivos, sobre todo cuando la guerra de Irán sigue presionando al alza los precios del crudo y del gas.
En lo que va de año, el precio medio del Brent ha oscilado entre los 75 y los 85 dólares, con repuntes puntuales por encima de los 90 cada vez que se intensifican las hostilidades en Oriente Próximo. Aunque la Comisión Europea sitúa el crecimiento del PIB español en el 2,4% —por encima del 2,2% que mantiene el Gobierno—, la persistencia de la inflación subyacente y el riesgo geopolítico aconsejan, a mi juicio, una retirada gradual de los estímulos en lugar de un apagón fiscal inmediato. Devolver el IVA de la luz al 21% de golpe en pleno verano, con el consumo eléctrico disparado por el aire acondicionado, sería una decisión tan impopular como discutible desde el punto de vista de la protección ciudadana.
Sin embargo, el margen fiscal no es infinito. Los Presupuestos de 2027 que empiezan a dibujarse mañana necesitan certidumbre sobre los ingresos, y cada prórroga de los descuentos energéticos resta espacio para otras partidas de gasto. La cuadratura del círculo pasa, probablemente, por un esquema de ayudas más focalizado que el de marzo —solo para colectivos vulnerables o sectores especialmente expuestos— y por un calendario de salida que evite sobresaltos en plena canícula. El nuevo decreto ley dará la primera pista de por cuál de esos caminos opta el Ejecutivo.
La decisión de devolver el IVA eléctrico a los tipos anteriores al verano se ha convertido en el primer test de credibilidad del nuevo paquete de protección.
Mientras tanto, los consumidores esperan. El recibo de julio será el primero sin la red de seguridad fiscal que ha contenido las subidas desde 2022. Y, a la espera de que el BOE aclare qué medidas se aprueban, la única certeza es que la factura energética seguirá siendo el termómetro más fiable de la geopolítica en Oriente Próximo.
