En América Latina pocos políticos generan tanta polarización como Nayib Bukele. El presidente de El Salvador se ha convertido en el mandatario más popular de la región, pero también en un autoproclamado dictador que ha desmantelado los contrapesos democráticos mientras reducía la tasa de homicidios de su país a niveles insospechados. El canal The Economist aborda en su último vídeo la gran pregunta: ¿pueden otros países replicar su controvertido modelo contra las pandillas?
El milagro estadístico que oculta un desmontaje democrático
Según el análisis de The Economist, Bukele logró lo que parecía imposible: bajar la tasa de asesinatos de más de 50 por cada 100.000 habitantes —antes de su llegada al poder— a cifras comparables a las de Canadá. ¿El método? Encerrar al 2% de la población adulta en megacárceles de máxima seguridad. El presentador del vídeo subraya que, durante su visita a El Salvador, constató cómo el presidente cambió el balance del miedo en los barrios: ahora los pandilleros temen a los ciudadanos que podrían delatarlos con una simple llamada anónima.
Pero ese éxito tiene un precio. El experto consultado, identificado como Robert, explica que Bukele simplemente “arrojó por la ventana el Estado de derecho”. Se realizan arrestos sin orden judicial, con base en tatuajes o denuncias anónimas, y los detenidos jamás reciben un juicio justo. El vídeo menciona un juicio simbólico en abril contra casi 500 personas ante un único juez, todos sin posibilidad de salir en libertad. La popularidad de estas medidas es aplastante entre los salvadoreños, pero el precio es que el presidente se ha otorgado el poder de encerrar a cualquiera: periodistas, opositores, disidentes. Ya ha amenazado con usar al ejército contra el Parlamento y la Corte Suprema si se interponen en sus planes, consolidando un modelo que, en palabras del reportaje, solo ofrece “los peores pedazos” de la democracia.
¿Por qué el modelo Bukele no es exportable?
The Economist es tajante: si la pregunta es si otros países pueden reducir su tasa de homicidios al estilo salvadoreño, la respuesta es un rotundo sí. Pero si se habla de exportar el espectáculo de mano dura que dinamita las instituciones, el rotativo lo descarta. El motivo principal es que el negocio criminal en el resto de Latinoamérica es radicalmente distinto. Las pandillas de extorsión como la Mara Salvatrucha gobernaban barrios enteros y sangraban la economía local —una estimación citada en el vídeo indica que se llevaban hasta el 16% del PIB—, mientras que en los Andes el negocio es el narcotráfico de cocaína.
El reportaje aclara que las bandas de extorsión crean un rechazo generalizado porque sus víctimas están deseando colaborar con la policía. En cambio, los campesinos que cultivan hoja de coca en Colombia o Perú reciben pagos mucho mejores que con cualquier cultivo legal, y la promesa gubernamental de construir carreteras “algún día” no compite con el dinero inmediato del narco. Robert, en conversación con The Economist, detalla que cuando se bombardea a un capo o se fumigan plantaciones, simplemente se genera una vacante increíblemente rentable que otro ocupará.
Bukele ha cambiado el balance del miedo en los barrios, pero a costa de entregarse el poder de encerrar a periodistas, disidentes y a cualquiera que considere un obstáculo.
— The Economist
La trampa de la guerra contra las drogas en los Andes
El vídeo recurre a un ejemplo demoledor: durante la ofensiva antidroga alineada con Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush, los cultivos de coca se quintuplicaron en una década. Las fumigaciones con herbicidas no solo no redujeron la producción, sino que los agricultores replantaron más hectáreas con semillas mejoradas. La cosecha de coca acabó subiendo. Un expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, llegó a comparar la estrategia con “una bicicleta estática”. Los estadounidenses exigen seguir pedaleando como condición para la ayuda, pero el resultado es un círculo vicioso de violencia y más oferta.
The Economist subraya que la estrategia de negociación total impulsada por el actual gobierno de Gustavo Petro tampoco funciona: las bandas se expanden mientras fingen dialogar. La única vía que el medio considera realista pasa por un uso inteligente de la fuerza, acompañado de policía financiera que persiga las redes de blanqueo. “No puedes lanzar bombas sobre narcos en la selva y esperar que sirva de algo; lo único que haces es crear un problema de suministro y subir el precio”, sentencia uno de los expertos.
Implicaciones para la seguridad regional
El análisis de The Economist deja claro que replicar la fórmula Bukele sin matices no solo es peligroso para la democracia, sino ineficaz contra el crimen organizado transnacional. En El Salvador funcionó porque el enemigo era una red de pandillas locales que extorsionaban cara a cara. Pero en países con economías ilegales consolidadas y demanda internacional insaciable de cocaína, la exhibición de músculo solo dispara la violencia y los precios. La conclusión implícita es que América Latina debe distinguir entre pandillas de extorsión y el complejo industrial del narcotráfico a la hora de diseñar políticas de seguridad.
El vídeo no ofrece soluciones mágicas. Pero advierte de que cualquier progreso real requerirá combinar disuasión con investigaciones profundas, y sobre todo evitar la tentación de copiar a un líder que, a cambio de paz en las calles, se ha quedado con el poder absoluto.
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