En el grupo Prisa se respira inquietud. La reciente reacción en redes sociales y algunas bajas en el diario El País han encendido las alarmas en la cúpula del grupo, en un contexto ya de por sí sensible por la creciente tensión política y mediática. La situación se ha visto agitada tras la salida de Àngels Barceló de Hoy por hoy, un movimiento que ha sido interpretado por algunos sectores como el inicio de un cambio de ciclo dentro de la radio líder en España.
Barceló habría expresado, según estas interpretaciones, su malestar ante la supuesta intención de incorporar tertulianos más próximos al Partido Popular. Su salida ha sido leída por parte de la audiencia más crítica como una señal de «derechización» del espacio informativo, especialmente después de que su relevo recaiga en Aimar Bretos, «página derecha» según Barceló y considerado por algunos como un perfil más moldeable ideológicamente que ella.
Sin embargo, dentro del propio grupo, hay voces que intentan rebajar la tensión. Carles Francino ha mostrado públicamente su escepticismo ante la idea de un giro conservador en Prisa, defendiendo la continuidad editorial del grupo. En esa línea, la compañía también ha tratado de lanzar un mensaje de equilibrio hacia su base más progresista: por un lado, colocando a la mano derecha de Barceló, José Luis Sastre, en el tramo principal de Hora 25; por otro, reforzando la presencia femenina con la elección de Esther Bazán para conducir el primer tramo del mismo programa.
Esta última decisión ha sido interpretada internamente como un gesto deliberado para evitar que los principales espacios de la SER queden exclusivamente en manos masculinas. Así, el organigrama de los grandes programas de la cadena queda repartido entre Aimar Bretos, Francino, Sastre, Javier del Pino, Manu Carreño, Javier Casal y Dani Garrido.
En paralelo, estos movimientos internos, la Cadena SER y El País intentan mantener una línea editorial prudente en relación con los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. En particular, las referencias a José Luis Rodríguez Zapatero y Leire Díez han sido tratadas con cautela, en contraste con otros medios progresistas que sí lo han hecho.
No obstante, esta estrategia de contención convive con una paradoja evidente: mientras Prisa intenta no incomodar a la izquierda mediática y política, El País, bajo la dirección de Jan Martínez Ahrens, ha impulsado una campaña que pide al PSOE que facilite la formación de gobiernos del Partido Popular en determinadas circunstancias, con el objetivo de impedir la entrada de Vox en las instituciones.
Este posicionamiento se ha concretado en editoriales recientes en los que se defiende la idea de permitir gobiernos del PP como mal menor frente a la ultraderecha. En esa línea, el periódico ha destacado el caso de Extremadura como ejemplo de «otra vía» política posible. Allí, el nuevo líder socialista autonómico, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido apoyo presupuestario al PP a cambio de expulsar a Vox del gobierno regional.
María Guardiola, presidenta autonómica que quería tener luz propia y ha acabado siendo rehén de la ultraderecha, no puede aceptar fácilmente esa condición debido a su dependencia política de Vox. El movimiento de Sánchez Cotrina parece más un brindis al sol que una jugada con intención de cambiar la dinámica de pactos.
Prisa vuelve a pedirle a Sánchez que se abstenga ante el PP, tal y como hizo Cebrián
El País omite la falta de posibilidades de Sánchez Cotrina y ha saludado esta iniciativa con entrevistas y editoriales, entre ellos uno publicado el 11 de junio titulado «Una vía extremeña». En ese texto se afirmaba: «La oferta del líder socialista extremeño tiene la virtud de abrir el juego en el ambiente de polarización y descalificación sistemática, contra el que el Papa ha alertado este semana en el Congreso. Y coloca al partido de Feijóo ante su responsabilidad: la de propiciar la llegada al poder de la extrema derecha de la ‘prioridad nacional’, o evitarla. El gesto en Extremadura es la prueba de que existen otras fórmulas».
El periódico ha acompañado esta línea con debates y tribunas cruzadas entre defensores y detractores de la estrategia. Entre ellos, el filósofo Manuel Cruz ha defendido la posibilidad de acuerdos puntuales entre PSOE y PP, mientras que la politóloga María Eugenia Palop ha rechazado esa idea.
Todo ello refuerza la percepción de que dentro de Prisa conviven dos impulsos difíciles de reconciliar: por un lado, la necesidad de mantener la credibilidad entre los lectores y oyentes progresistas tradicionales; por otro, el deseo de cambio de Gobierno de su presidente Joseph Oughourlian y su omnipresente y cada vez más poderosa vicepresidenta Pilar Gil, consejera del descendido Real Zaragoza a pesar de sus nulos conocimientos futbolísticos.
Oughourlian accedió al cargo con la imprescindible ayuda del presidente del Gobierno en un momento clave de la compañía y ahora está reproduciendo los errores que antaño le criticaba a su antecesor Juan Luis Cebrián, que quiso tapar su incapacidad para cuadrar números acercándose al PP, tal y como hace ahora el líder de Amber Capital. Con una deuda que ronda los 800 millones de euros, Prisa sigue dependiendo del poder político.
Curiosamente, durante la etapa de Juan Luis Cebrián al frente de El País, el grupo alcanzó uno de sus puntos más polémicos cuando el diario calificó en 2016 a Pedro Sánchez de «insensato sin escrúpulos» para instarle a abstenerse y facilitar un gobierno de Mariano Rajoy, con el argumento de frenar el auge de los extremismos.
Ahora, bajo la presidencia de Joseph Oughourlian, se percibe un movimiento que recuerda en el fondo a aquella lógica: la idea de pedir al PSOE que facilite un gobierno del PP. La diferencia, según sus defensores, es el tono; el actual presidente del grupo lo hace de manera más moderada, aunque el fondo del planteamiento resulte incómodamente similar.
Oughourlian, que pasó de entregar la línea editorial de Prisa a emisarios de Sánchez a comparar a este con Franco porque quería mantener la dinámica, ahora teme que la izquierda, ayuna de grandes medios privados que defiendan al Gobierno, se le enfade mientras coquetea con la derecha que normaliza la «prioridad nacional».
