Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, defendió este jueves el papel de la energía nuclear como tecnología de base y reclamó una política energética con horizonte a largo plazo para sostener la competitividad de la economía española.
Durante una conversación con el decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, Ruiz-Tagle insistió en que el desarrollo energético necesita ‘seguridad, visión a largo plazo, regulación estable y predictibilidad’. En un contexto en el que el calendario de cierre de las centrales nucleares marca hitos a tres años vista, el directivo fue tajante: ‘No podemos vivir con decisiones a tres años vista; necesitamos pensar en horizontes de 20 años’.
La declaración no es casual. Iberdrola opera directamente la central de Cofrentes (Valencia) y participa en otros reactores del parque nuclear español. Mantener esa capacidad de generación estable —libre de emisiones y con un coste marginal muy bajo— resulta clave para el mix de la eléctrica, sobre todo cuando el despliegue renovable tropieza con cuellos de botella regulatorios y de redes.
Ruiz-Tagle vinculó además la estabilidad del suministro con la atracción de inversiones industriales: ‘Si una empresa tiene que instalar una nueva planta, la península ibérica estará entre sus primeras opciones’, afirmó, subrayando que el diferencial competitivo de España se sostiene precisamente sobre un mix energético diversificado y fiable.
El debate nuclear en España: cierres programados y el peso de Iberdrola
El plan de cierre pactado entre el Gobierno y las eléctricas prevé el apagón escalonado de los siete reactores operativos entre 2027 y 2035. Iberdrola, que además de Cofrentes tiene participaciones en Almaraz, Ascó, Vandellós y Trillo, vería cómo un 20 % de la electricidad nuclear del país —y una fuente relevante de ingresos regulados— desaparece en menos de una década si no se revisa ese calendario.
Aunque el Gobierno ha abierto la puerta a reconsiderar los plazos, el marco normativo sigue sin ofrecer certidumbre más allá del próximo trienio. La indefinición regulatoria afecta también a otros grandes operadores como Endesa y Naturgy, que en sus últimas presentaciones de resultados han advertido del impacto que tendría un cierre prematuro sobre sus cuentas.
Las nucleares españolas generan alrededor del 20 % de la electricidad y lo hacen de forma continua, compensando la intermitencia de eólica y solar. Sin ellas, la dependencia del gas —y, por tanto, de los precios internacionales— se dispararía, algo que los mercados ya descuentan cuando se debate cualquier cambio en el calendario de clausura.
Análisis: la inestabilidad regulatoria como riesgo para las utilities
El discurso de Ruiz-Tagle no es solo una defensa corporativa. Pone el dedo en la llaga del principal riesgo que los analistas asignan a las utilities españolas: la ausencia de un marco retributivo estable. Sin una señal clara sobre la vida útil de las nucleares, las inversiones en mantenimiento y seguridad quedan en el aire, y los modelos de valoración se resienten por la incertidumbre sobre los flujos futuros.
El precedente francés es ilustrativo. Mientras París ha aprobado la extensión de sus reactores más allá de los 50 años de operación y ha incluido la nuclear en su plan de reindustrialización, España mantiene un calendario de cierre que, aunque revisable, sigue sin despejar la duda. La CNMC y el propio Gobierno acumulan informes contradictorios: unos subrayan la viabilidad técnica, otros alertan del coste fiscal de mantener las centrales abiertas.
Iberdrola, con una cartera mayoritariamente renovable, no depende de la nuclear como Endesa, pero la contribución de Cofrentes a su generación y a la retribución regulada es notable. El bloque nuclear le aporta estabilidad en un entorno de precios mayoristas volátiles, y su desaparición obligaría a buscar coberturas o a acelerar inversiones en almacenamiento que todavía no tienen la madurez tecnológica suficiente.
La defensa de la nuclear no es solo un posicionamiento ideológico; para Iberdrola, mantener Cofrentes y sus participaciones supone proteger una fuente estable de generación y dividendos en plena transición energética.
Además, la mayoría de los analistas espera que el próximo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoja algún tipo de moratoria o, al menos, flexibilice los plazos de cierre. El debate de fondo es si el sistema puede permitirse prescindir de 7 GW de base sin comprometer la seguridad de suministro ni disparar los precios.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La actualización del PNIEC prevista para 2027, en la que el Gobierno deberá decidir si mantiene, flexibiliza o extiende el calendario de cierre nuclear. Cualquier señal de alargamiento sería positiva para la valoración de los activos nucleares de Iberdrola.
- Reacción del valor: Iberdrola cotiza a múltiplos que ya descuentan una contribución decreciente de la nuclear. Una decisión favorable alargaría la vida útil de activos con costes marginales casi nulos, mejorando el perfil de caja recurrente y, potencialmente, la política de dividendos.
- Precedente sectorial: La decisión de Francia de extender la operación nuclear más allá de 2035, unida a la inclusión de esta tecnología en la taxonomía verde europea, crea un entorno propicio para que España reconsidere su estrategia. Endesa y Naturgy serían los otros grandes beneficiados de un cambio de rumbo.
