En España hay 3.420 millones de euros esperando a que alguien los pida. Los fondos NextGenerationEU reservados para rehabilitar edificios están sobre la mesa desde hace tres años y la mayoría de las comunidades de vecinos aún no ha movido un dedo. El arquitecto Jordi Martí lo ha dicho con una crudeza que ha encendido las redes: ‘Muchos propietarios serán pobres porque nunca llega el momento de hacer una gran rehabilitación en el edificio’.
Las ayudas del PRTR: hasta el 80% del coste y 3.420 millones disponibles
El programa de rehabilitación residencial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) cubre entre el 40% y el 80% del coste total de las obras. En hogares en situación de vulnerabilidad económica, la subvención puede llegar al 100%. Para acceder, basta con que el proyecto acredite un ahorro energético de al menos el 30%: cambiar ventanas, aislar fachadas, sustituir calderas comunitarias o renovar cubiertas. Son reformas que, con ayudas, reducen la factura y disparan la calificación energética del inmueble.
Las oficinas de rehabilitación de las comunidades autónomas, además, facilitan asesoramiento técnico y un simulador de ayudas para calcular el consumo actual y la subvención aplicable. Y las ventajas fiscales no se quedan atrás: la subvención está exenta de tributación y la parte no cubierta puede disfrutar de deducciones en el IRPF que alcanzan el 60%. Sin embargo, el ritmo de ejecución del programa sigue muy por debajo de lo esperado.
Las comunidades de vecinos, el eslabón más débil
Martí pone el foco en un obstáculo que no sale en los boletines oficiales: la parálisis de las comunidades de propietarios. Muchas llevan décadas aplazando la reforma integral del edificio porque reunir mayorías, acordar derramas y contratar es un laberinto de papeleo y desconfianza. ‘Uno intenta ser propietario para asegurarse un futuro mejor, pero esto puede salir muy mal si no paran de aparecer derramas elevadísimas, suben los gastos de electricidad y gas, y al final la vivienda pierde valor’, advierte.
Esta inacción tiene un coste silencioso. Los inmuebles construidos hace más de 50 años, que son legión en barrios enteros de las grandes ciudades, se deprecian año a año, mientras el mantenimiento urgente se come cada vez más presupuesto familiar. Cuando por fin se aborda la obra, el gasto es mayor y la ayuda europea puede haber caducado.
El valor de una vivienda en 2030 lo decidirá la etiqueta energética que cuelgue del portal, no los muebles del salón.
Las subvenciones están condicionadas a alcanzar una mejora certificada del consumo de energía primaria no renovable. Eso significa que, si el edificio no se rehabilita ahora, difícilmente podrá competir en un mercado donde el comprador y el inquilino miran cada vez más la letra de la eficiencia energética. Y las directivas europeas no van a rebajar la exigencia: la nueva EPBD obligará a todos los Estados miembros a establecer estándares mínimos en los próximos años.
Más allá de la subvención: el riesgo de la pobreza patrimonial
La alerta de Martí tiene un trasfondo que va mucho más allá de los fondos. Lo que está en juego es la solvencia futura de una parte importante de la clase media propietaria. En España, la vivienda es el principal activo de los hogares. Cuando ese activo pierde valor porque el edificio se degrada, la familia se empobrece sin haber vendido nada. Las derramas imprevistas, el encarecimiento de la energía y la imposibilidad de vender a un precio razonable pueden convertir un piso heredado en una trampa financiera.
No se trata solo de euros. La rehabilitación energética masiva que proponen los NextGeneration es también una decisión estratégica sobre qué modelo de ciudad queremos. Los barrios que actúen ahora se revalorizarán; los que esperen, entrarán en una espiral de deterioro difícil de revertir. Y en el medio, millones de propietarios que, sin saberlo, están dejando pasar una ventana que no volverá a abrirse.
