EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La CMA ha abierto una investigación formal contra Ryanair por la tarifa de asiento familiar que pagan los padres para sentarse junto a sus hijos en los vuelos.
- ¿Quién está detrás? La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), que ha iniciado un procedimiento por posible cláusula abusiva en los contratos de la aerolínea.
- ¿Qué impacto tiene? Si se confirman las sospechas, Ryanair podría enfrentar reclamaciones y tener que modificar su política de reservas, con implicaciones directas para millones de familias viajeras en toda Europa.
La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido ha abierto una investigación formal contra Ryanair por los cargos que impone a los padres para sentarse junto a sus hijos en los vuelos. La medida coloca a la aerolínea irlandesa en el punto de mira de los reguladores británicos por una tarifa obligatoria que, según la versión del organismo, podría ser abusiva.
La investigación se centra en el denominado asiento familiar obligatorio: un cargo de alrededor de 8 libras por trayecto que al menos uno de los padres debe pagar para asegurar un asiento reservado junto a su hijo cuando el menor tiene entre 2 y 11 años. La CMA considera que esta exigencia podría perjudicar injustamente a los consumidores.
¿Qué investiga exactamente la CMA y cuál es la tarifa obligatoria?
El regulador británico examina si la cláusula contractual que Ryanair impone a las familias es abusiva según la legislación de protección al consumidor. La normativa define como abusivas aquellas condiciones que desequilibran la balanza de derechos y responsabilidades a favor de la empresa, y la CMA sostiene que el cobro obligatorio por acompañar a los hijos podría encajar en ese supuesto.
Además de la cláusula en sí, la investigación también analizará si la tarifa se desglosa correctamente durante el proceso de reserva y si a los consumidores se les muestra el precio total que pagarán. En otras palabras: si Ryanair oculta el cargo hasta el último paso de la compra, la práctica sumaría un segundo problema.
La CMA ha aclarado que aún está al inicio de la investigación y no ha llegado a ninguna conclusión sobre una posible infracción. Sin embargo, el simple hecho de abrir el procedimiento ya supone un toque de atención para la aerolínea, que transporta a millones de familias cada año desde y hacia Reino Unido.
La respuesta de Ryanair: «No cobramos nada por los niños»
La compañía irlandesa ha rechazado de plano las acusaciones y las ha tachado de «falsas». En un comunicado, Ryanair asegura que no cobra ninguna tarifa para que los niños se sienten junto a sus padres, ya que se pueden seleccionar asientos reservados para hasta cuatro niños en la misma reserva sin coste alguno.
No obstante, la propia aerolínea reconoce que el adulto sí paga por su asiento reservado, mientras que los asientos de los menores no suponen un desembolso adicional. La diferencia de interpretación estriba en si ese pago por parte del progenitor es realmente un cargo por sentarse con los hijos o una tarifa opcional por elegir asiento, que en la práctica se convierte en obligatoria al viajar con niños pequeños.
Ryanair ha llevado la polémica al terreno político, al calificar la investigación como «un intento fallido del Gobierno de Starmer de aparentar que se preocupa por los consumidores, cuando no ha logrado abolir el Air Passenger Duty (APD)».
Por su parte, la CMA recuerda que las aerolíneas tienen la obligación legal de cumplir con las normas de seguridad infantil y discapacidad, y que un sobrecoste que limite ese acceso podría ser injusto.
El verdadero riesgo para Ryanair no es el expediente británico, sino que otros reguladores europeos cojan el testigo y empiecen a aplicar la misma lupa sobre las tarifas de asiento familiar en toda la red.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto de esta investigación trasciende las 8 libras por trayecto. Si la CMA determina que la cláusula es abusiva, Ryanair se verá obligada a modificar su política de reservas y, previsiblemente, a devolver los cargos cobrados de forma indebida a los padres que hayan pagado en los últimos años. Eso podría abrir la puerta a reclamaciones masivas en Reino Unido y, por arrastre, en otros países europeos.
La zona cero es el mercado británico, donde Ryanair es la aerolínea de tarifas más bajas y mueve un volumen de familias considerable. Pero la presencia de Ryanair en España es igual de relevante: la compañía controla un porcentaje muy alto del tráfico en aeropuertos como Barcelona o Alicante, y sus políticas de asientos se aplican de manera homogénea en toda su red. Si la práctica se declara abusiva en Reino Unido, es muy difícil que la compañía pueda mantenerla intacta en el resto de territorios.
El dato que define el caso es la tarifa de 8 libras (unos 9,5 euros al cambio actual). No parece una gran cantidad, pero sumada al precio del billete de un adulto que ya de por sí no es tan bajo si no se esprinta a la caza de la oferta, el cómputo final hace que volar en familia con Ryanair no siempre sea la opción más económica. De hecho, otros comparadores ya muestran que en rutas de alta densidad, Vueling o easyJet pueden salir más rentables si se añaden todas las extras.
El pulso entre el regulador británico y la aerolínea irlandesa es, en realidad, una batalla más de las que mantiene Ryanair con las autoridades de consumo. En 2024, la compañía ya fue multada en Italia por prácticas similares de selección de asientos. El precedente histórico más cercano en España es la multa de 5,6 millones de euros que la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) impuso a Ryanair en 2018 por cobrar el equipaje de mano, que finalmente fue anulada por la justicia. En esta ocasión, la diferencia es que el enfoque está en la protección al consumidor y no en la seguridad operativa.
Observamos un riesgo real de contagio. Si el regulador británico establece un estándar, las autoridades de consumo españolas —como Facua o la propia Dirección General de Consumo— podrían encontrar argumentos legales suficientes para abrir procedimientos paralelos, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea refuerza cada vez más la directiva sobre prácticas comerciales desleales en el transporte aéreo.
