El intento del Gobierno de poner coto al acaparamiento de permisos de conexión eléctrica apenas ha tenido efecto en Aragón. Dos proyectos de centros de datos han renunciado a sus ‘enchufes’, pero la región mantiene más de 3.000 megavatios en manos de 17 complejos tecnológicos. La medida, un peaje estatal sobre las concesiones, ha provocado la pérdida de solo 275 megavatios en total, de los cuales 150 corresponden a estos dos centros.
Claves de la operación
- Impacto limitado del peaje. De los 275 megavatios que han decaído en toda la comunidad, apenas 150 se deben a los centros de datos. El resto son renuncias de otros actores como Solarig, que ha soltado la mayor parte de la luz otorgada para su planta de combustible de aviación.
- Los grandes operadores conservan sus permisos. Los 17 complejos tecnológicos con derechos de acceso a la red suman más de 3.000 megavatios, una potencia que garantiza el desarrollo de los proyectos en curso y futuras ampliaciones.
- El peaje como instrumento de control. La medida se diseñó para frenar la especulación con los puntos de conexión, pero el reducido volumen de renuncias sugiere que los inversores prefieren pagar para mantener sus opciones de desarrollo.
Un peaje que disuade poco
La imposición de un canon por parte del Gobierno central buscaba desincentivar el almacenamiento de permisos eléctricos sin ejecución. Sin embargo, los datos de Aragón muestran que la renuncia ha sido testimonial. Solarig, por ejemplo, ha devuelto la mayor parte de la capacidad concedida para su planta de combustible de aviación sostenible, pero en el caso de los centros de datos, la deserción es mínima. El peaje solo ha provocado la renuncia de 275 megavatios, una nimiedad frente a los 3.000 megavatios disponibles.
Los dos centros de datos que han devuelto sus ‘enchufes’ sumaban 150 megavatios, lo que indica que sus promotores no llegaron a materializar los proyectos o consideraron que el coste del peaje no compensaba la espera. No obstante, la mayoría de los operadores ha optado por por conservar sus derechos, pagando el canon con la expectativa de ejecutar las inversiones cuando las condiciones de mercado lo permitan.
Desde el sector se apunta a que el alto precio de la electricidad y la incertidumbre regulatoria retrasaron algunas decisiones, pero la retirada de estos dos proyectos no altera el mapa de infraestructuras de la comunidad, que sigue siendo el principal polo de atracción de la nube en España.
Aragón, el polo de la nube que mira a Europa
La localización de grandes centros de datos responde a la disponibilidad de suelo, agua y, sobre todo, energía barata y renovable. Aragón reúne estas condiciones y ha captado inversiones milmillonarias de hyperscalers como Amazon Web Services, que anunció una inversión de 17.000 millones en tres centros de datos en El Burgo de Ebro, Huesca y Zaragoza. La comunidad se ha convertido en el eje de la infraestructura cloud del sur de Europa, con más de 3.000 megavatios comprometidos en permisos activos.
La medida apenas ha movido la aguja de los permisos eléctricos. El verdadero pulso entre el Gobierno y los grandes operadores aún no ha empezado.
Solarig, por su parte, ha optado por soltar la mayor parte de su adjudicación para la planta de combustible de aviación, un proyecto de descarbonización que, según fuentes del sector, podría haber sufrido retrasos por la propia evolución tecnológica y de mercado. Aun así, la compañía mantiene una porción de la capacidad, lo que deja abierta la puerta a una futura reactivación.
El riesgo de una regulación que llegue tarde
El sector de los centros de datos ha entrado en una fase de despliegue masivo que tensiona las redes eléctricas. Red Eléctrica ya ha advertido de la necesidad de reforzar las infraestructuras de transporte en el eje del Ebro para absorber la nueva demanda. El peaje estatal podría quedarse corto si el objetivo es realmente ordenar el territorio frente a la avalancha de proyectos.
En este escenario, la administración se enfrenta a un dilema clásico: frenar la inversión con medidas que ahuyenten a los promotores o permitir el desarrollo acelerado asumiendo el riesgo de congestión. Por ahora, los datos de Aragón indican que la balanza se inclina hacia lo segundo.
Lo que está en juego para el ecosistema español
Aragón no es el único territorio en liza. Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha también compiten por captar centros de datos, pero el valle del Ebro ofrece precios de suelo y condiciones fiscales atractivas. La apuesta de los hyperscalers por la región consolida un clúster de proveedores de servicios, generación renovable y talento especializado.
El precedente de los dos centros de datos que han perdido sus permisos sirve como señal: el peaje no detendrá a los grandes, pero sí puede filtrar a los actores especulativos que carecen de proyectos sólidos. A medio plazo, la clave será si Red Eléctrica y el Gobierno son capaces de acompañar esta expansión con las inversiones necesarias en la red. De lo contrario, la burbuja de permisos podría explotar antes de tiempo.
