El 54% de las posiciones de la red de transporte eléctrica en España acumula retrasos medios de 5,7 años. El dato, recogido en un informe de PwC para Aelec, es todavía más grave en las subestaciones: el 63% arrastra demoras superiores a siete años. La planificación 2025-2030, que movilizará 13.590 millones de euros, nace con un déficit de ejecución que pone en jaque la electrificación del país.
Los números los presentó esta semana la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP España, entre otras. El estudio analizaba el borrador de la nueva planificación de la red de transporte, lanzado a consulta el pasado septiembre. De las 659 posiciones necesarias para atender 27,7 GW de nueva demanda, 354 presentan demoras. Y de las 254 subestaciones previstas, 161 están fuera de plazo.
La directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, calificó el informe como un «buen diagnóstico de la situación». La afirmación no es menor: la red de distribución está saturada al 100% y cualquier retraso adicional convierte en papel mojado los objetivos de descarbonización.
La radiografía del atasco: posiciones y subestaciones
Una posición es el punto físico donde un equipo se conecta al sistema eléctrico. El borrador 2025-2030 identifica 659 nuevas posiciones. Más de la mitad, 354, llevan esperando una puesta en servicio que no llega. El retraso medio es de 5,7 años, pero 63 posiciones han superado ya la década de parálisis.
Las subestaciones, instalaciones clave para transformar tensiones e interconectar circuitos, están peor. De las 254 planificadas, 161 acumulan demoras. La media supera los 7 años y 49 de ellas sobrepasan los 10 años de espera. La Rioja lidera el ranking con 12 años de retraso, seguida de Murcia y la Comunidad Valenciana, con 7,2 años.
Alberto Martín, socio de energía de PwC, advirtió de que el problema «es homogéneo a nivel nacional». No hay una comunidad que escape: todas las regiones arrastran cifras cercanas al promedio, lo que revela un bloqueo estructural, no puntual.
Un problema heredado que se enquista
La mayoría de las infraestructuras con afección a la demanda no son siquiera nuevas. 402 de las 659 posiciones proceden de planificaciones anteriores. Es decir, más del 60% de lo que el borrador 2025-2030 pretende ejecutar ya debía haberse hecho. De ellas, 294 vienen de la Planificación 2021-2026, 67 de la de 2015-2020 y 41 fueron aprobadas originalmente en la lejana Planificación 2008-2016.
El dato es demoledor: los proyectos se heredan de un plan a otro sin materializarse. El 43% del presupuesto previsto en posiciones y líneas corresponde a activos retrasados que ya tendrían que estar operativos. En euros, de los 873 millones asignados a posiciones, 477 millones son para infraestructuras que llevan lustros de dilación.
La fotografía deja claro que la red de transporte no funciona al ritmo que exige la demanda. La saturación de la distribución frena en seco cualquier intento de electrificar la economía. Las eléctricas no piden más dinero: piden agilidad regulatoria y un real decreto que articule los planes de inversión con plazos reales.
La red eléctrica española arrastra retrasos estructurales que la planificación 2025-2030 no puede absorber sin un cambio en la ejecución.
El coste de la parálisis: electrificación e inversiones en juego
El borrador de planificación prevé destinar 1.342 millones de euros, el 10% del total, a posiciones y líneas que afectan directamente a la distribución y a la demanda. Pero esa cifra incluye activos que ya deberían estar amortizados. La electrificación de la industria y el transporte necesita que la red de transporte crezca a la par, no que herede cuellos de botella de hace más de una década.
Marta Castro lo resumió con claridad: los retrasos desde 2008 son «fundamentales» para entender por qué no se puede abordar la electrificación al ritmo que pide la demanda. El sector reclama ese real decreto que incrementa la inversión en redes hasta 2030 en 3.600 millones para transporte y 7.700 millones para distribución, sobre un PIB que apenas crece.
Sin embargo, la burocracia y la falta de agilidad han convertido la planificación en un cementerio de buenas intenciones. Cada año de demora deja fuera del sistema nuevos proyectos renovables que no encuentran capacidad de evacuación, frena la recarga del vehículo eléctrico y encarece el suministro industrial.
Un apagón regulatorio que frena la transición energética
Mi experiencia cubriendo la evolución de las redes me dice que el problema no es de diagnóstico, sino de ejecución. Hace tres décadas que se planifica la red con un horizonte de cinco años que casi nunca se cumple. El informe de PwC no hace sino poner cifras a una realidad que el sector conoce de sobra: la electrificación exige una red robusta, y España la está postergando.
El desafío es doble. Por un lado, la integración masiva de renovables exige nuevas posiciones y subestaciones. Por otro, los centros de datos, la industria que se descarboniza y la movilidad eléctrica disparan la demanda. Sin red, no habrá transición energética real, solo cuellos de botella cada vez más caros.
La solución pasa por desbloquear la tramitación administrativa, coordinar a las comunidades autónomas y cumplir los plazos. Las cifras de inversión están sobre el papel. Lo que falta es la voluntad de ejecutarlas antes de que los retrasos se conviertan en una losa permanente para la competitividad española.
Quizá la próxima planificación, la de 2031-2036, remedie algo. Pero a juzgar por la herencia recibida, el historial no invita al optimismo. El tiempo se agota.
