Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha lanzado una advertencia tan clara como inquietante: la red de distribución eléctrica está copada al 90% y la inversión actual es «ridícula absolutamente». La culpa, según su diagnóstico, la tiene el límite del 0,13% del PIB que la regulación impone a la inversión en redes. Ruiz-Tagle pide eliminarlo y «desatascar España» para que la electrificación no se pare.
Durante su intervención en un foro organizado por Deusto Business Alumni y El Economista en Bilbao, el ejecutivo fue directo: «Lo que puede invertir Iberdrola, teniendo en cuenta las necesidades de electrificación que existen, es ridículo». El techo del 0,13% del PIB —equivalente a unos 1.700 millones de euros anuales para todo el sector— supone un corsé que, a su juicio, lastra la competitividad del país.
Esa cifra es la que fija la metodología retributiva de la CNMC para el periodo 2021-2026. Ruiz-Tagle recordó que Iberdrola está invirtiendo con fuerza en Brasil y Reino Unido, pero «nos falta España». El grupo tiene capacidad y disposición para desplegar más capital, pero la regulación se lo impide. «Si nos dejaran, por supuesto que lo hubiéramos hecho», subrayó.
El problema no es solo presupuestario. Detrás del límite porcentual hay una paradoja que el directivo describió con crudeza: el sistema se está volviendo ineficiente. «Tenemos precios cero o negativos en las horas centrales del día. El cero tiene muchas virtudes, pero en economía multiplicado por algo no da nada, no da trabajo, no da impuestos, espanta la inversión». Una forma de señalar que sin redes suficientes, los excedentes de renovables no llegan a quien los demanda y el mercado se distorsiona.
El tope de inversión, un corsé para la red
El límite del 0,13% del PIB equivale a unos 1.700 millones de euros anuales para todas las distribuidoras. En un contexto donde la electrificación avanza a toda velocidad —con centros de datos, industria y movilidad eléctrica pidiendo paso—, esa cantidad se queda corta. Ruiz-Tagle lo resumió con una imagen: «Aquí deberíamos tener las puertas abiertas, nos debería sobrar capacidad de red para recibir gente».
La regulación actual, heredada de un momento en que la demanda eléctrica apenas crecía, no contempla el salto que España necesita. El Real Decreto que está en audiencia pública para elevar ese techo es, en palabras del CEO, un «momento clave». Pero la urgencia obliga a ir más allá: el mantenimiento del límite se ha convertido en un tapón para la llegada de proyectos industriales extranjeros que miran a España precisamente por su ventaja competitiva en generación renovable barata.
Si la red está al 90%, el margen para nuevos consumidores industriales es prácticamente nulo.
La red al 90%: un cuello de botella para la industria
El dato del 90% de saturación en distribución es demoledor. En transporte, la cifra ronda el 75%. Para Ruiz-Tagle, esto significa que «no hay capacidad de acceso» y que se están denegando solicitudes de conexión. Detrás de esos números hay proyectos de inversión que se pierden o se van a otros países.
El directivo puso un ejemplo concreto: si no se puede abastecer de energía eléctrica a la industria vasca, «el crecimiento está condicionado». Iberdrola trabaja con el Gobierno vasco para garantizar unos 6.000 megavatios de disponibilidad, pero la cifra de inversión necesaria se queda corta una y otra vez. «Cualquier cifra que hayamos puesto hace tres años para Euskadi hoy es insuficiente», admitió.
La comparación con el entorno no favorece a España. «Lo que no nos puede pasar es que Portugal o Francia vayan más rápido que nosotros en esto. Esas son las alertas que nosotros ponemos sobre la mesa», advirtió Ruiz-Tagle. Ambos países están acelerando sus inversiones en redes para captar la nueva demanda, mientras España se debate entre los límites retributivos y un crecimiento que no espera.
El problema de la restricción de acceso a la red tiene, en opinión del CEO, «mucho de carácter especulativo».
Análisis: ¿Por qué España se queda atrás en la carrera de la electrificación?
El diagnóstico de Iberdrola no es nuevo, pero la contundencia de las cifras y la alta exposición pública de su CEO le otorgan una relevancia que va más allá del lobby sectorial. El 90% de saturación en distribución es un síntoma de que la regulación retributiva, diseñada para contener el déficit de tarifa, se ha convertido en un freno para la transición energética. La paradoja es que España logra precios de generación competitivos gracias a las renovables, pero luego no puede entregar esa energía a los grandes consumidores porque la infraestructura no da más de sí.
El límite del 0,13% del PIB es un mecanismo de control que tiene sentido en términos de prudencia fiscal, pero choca con la realidad de una economía que necesita electrificarse. La AIE recomienda duplicar la inversión global en redes antes de 2030, y los países que aspiran a liderar la descarbonización —Francia, Alemania, los nórdicos— ya han empezado a flexibilizar esos topes. España se arriesga a quedarse en tierra de nadie: con renovables baratas pero sin capacidad de evacuación para la industria que las quiere consumir.
Ruiz-Tagle también introdujo una reflexión de fondo: el debate no es solo de euros, sino de modelo energético. La masiva penetración de eólica y fotovoltaica necesita ir acompañada de inversión en redes y en almacenamiento —donde el directivo cree que vamos «retrasadísimos»— para evitar los precios cero que ahuyentan la inversión en generación. Sin ese eslabón, la electrificación se vuelve ineficiente y se desaprovecha la ventana de oportunidad que el cierre del Estrecho de Ormuz ha abierto para Europa.
La posición de Iberdrola, con una cartera de proyectos internacionales que absorbe capital a la espera de que España desbloquee el grifo inversor, es clara: el negocio de redes es «mil por ciento regulado» y no pueden saltarse los límites por su cuenta. La pelota está en el tejado del regulador. El real decreto en audiencia pública es el primer paso, pero desatascar de verdad exigiría replantear el modelo retributivo completo y, probablemente, asumir que la transición energética requiere un esfuerzo inversor que no puede seguir midiéndose con el rasero de la contención del déficit.
La advertencia de Ruiz-Tagle suena a ultimátum: o se amplían las redes, o España perderá el tren industrial que las renovables le han puesto en la estación. Y perderlo ahora significaría despilfarrar la gran baza competitiva que el país ha construido en los últimos años.
