En 2026, la izquierda estadounidense ya no sueña con subir el IRPF a las clases medias. Los demócratas más moderados coquetean con la idea de que el contribuyente medio no pague ni un dólar de impuesto federal sobre la renta. The Economist, en su último análisis, subraya este giro copernicano: el centro político ha adoptado el lenguaje de la Generación Z, que prefiere clavar el hacha fiscal sobre los billonarios antes que tocar el bolsillo de las mayorías.
El giro de la izquierda: cómo la Generación Z convirtió a los billonarios en el enemigo fiscal
Para el equipo de The Economist, la obsesión con los superricos no se explica sólo por una mayor desigualdad — las cifras de concentración de riqueza no han empeorado drásticamente en los últimos años — sino por la visibilidad de fortunas como las de los magnates de la inteligencia artificial y por un desencanto profundo con las políticas redistributivas clásicas, que no aliviaron la crisis del coste de la vida. La urgencia del día a día empuja a los jóvenes a buscar soluciones rápidas, que en las redes sociales se traducen en vídeos de pocos segundos señalando yates y mansiones.
Del TikTok al ayuntamiento: el impuesto sobre apartamentos de lujo que divide a Nueva York
El caso más sonado lo protagoniza Zohran Mamdani, un político local que ha impulsado en Nueva York un impuesto ‘Pied-à-Terre’: una tasa anual sobre propiedades de lujo valoradas en más de cinco millones de dólares cuyos dueños no residen a tiempo completo en la ciudad. El ejemplo estrella es el ático de 238 millones que compró el CEO de Citadel, Ken Griffin. The Economist califica de “golpe bajo y peligroso” el señalamiento personal del inversor, pero defiende sin ambages la legitimidad de la tasa. “Llevamos mucho tiempo defendiendo los impuestos sobre la propiedad — explica el semanario británico — porque el ladrillo no se muda a otro país”. Además, los datos fiscales de Nueva York muestran que las propiedades de lujo están infravaloradas fiscalmente en comparación con el resto del parque inmobiliario, lo que convierte el gravamen en una medida con más base económica que populista.
La receta británica: antes de ir a por los billonarios, arregla el council tax
Al otro lado del Atlántico, los Verdes británicos llevan en su programa electoral un impuesto a la riqueza que The Economist ve con escepticismo. El verdadero disparate, señalan, es el council tax: un tributo municipal que sigue anclado en los valores catastrales de 1991. Como resultado, el dueño de una mansión en Londres puede pagar menos que el propietario de una vivienda modesta en una zona deprimida. “Reformar eso sería mucho más sensato que perseguir a los poco más de 90 billonarios que hay en el Reino Unido”, ironizan desde la redacción. La importación acrítica del debate americano, alimentada por las redes sociales, ha hecho que la izquierda británica se olvide de los impuestos que realmente podrían recaudar fondos sin grandes resistencias políticas.
Para The Economist, el denominador común de estas dos aproximaciones es que el debate sobre la riqueza no puede limitarse a un puñado de ultrarricos mediáticos. La propiedad inmobiliaria es un depósito de riqueza mucho más amplio, difícil de ocultar y, por tanto, fiscalmente más eficaz.
La cuestión de los impuestos sobre la propiedad es perfectamente legítima. The Economist lleva décadas defendiéndolos porque son una fuente de riqueza sencilla de identificar y, sobre todo, porque un edificio no puede mudarse a las Islas Caimán.
— The Economist
¿Hemos alcanzado el pico del debate sobre los superricos? El experimento apenas empieza
Los periodistas del semanario descartan que la discusión vaya a enfriarse. Las inminentes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial van a crear una nueva hornada de billonarios, y la presión política no hará sino aumentar. Ya se discute en California un impuesto puntual sobre el patrimonio. La literatura económica más reciente, eso sí, avisa de que unos impuestos sobre la riqueza demasiado elevados pueden tener costes reales en innovación. La diferencia con los oligarcas rusos, subrayan, es que los millonarios tecnológicos estadounidenses han creado productos extraordinariamente valiosos para la sociedad. Aun así, The Economist sostiene que una tasa moderada — del 12% anual sobre el patrimonio, por ejemplo — no desincentivaría la creación de riqueza, porque la mayor parte de las ganancias sociales quedan igualmente en manos de los consumidores.
El contexto de 2026 refuerza la tesis del semanario. Tras varios años de tensiones inflacionistas y una crisis energética que ha castigado a las rentas bajas, los gobiernos buscan fórmulas para financiar el gasto sin estrangular el crecimiento. La OCDE lleva meses recomendando a los países que actualicen los valores catastrales y exploren gravámenes sobre la propiedad inmobiliaria de alto standing, un recurso que apenas araña el apoyo electoral.
Para el lector, la lección es clara: el impuesto a los billonarios vende en TikTok, pero las reformas que de verdad pueden mover la aguja de la desigualdad están en la letra pequeña municipal. El ‘Pied-à-Terre’ neoyorquino o la actualización del council tax británico son medidas aburridas, técnicamente complejas, pero mucho más dificiles de eludir que un gravamen nominal a los Gates y Bezos de turno. The Economist apuesta por esa vía pragmática: si la Generación Z quiere resultados, tendrá que salir del scroll infinito y entrar en el tedioso mundo de las ponencias catastrales.
El debate, lejos de apagarse, promete convertirse en uno de los ejes de las próximas campañas electorales. La pregunta incómoda que deja el análisis de The Economist es si los movimientos políticos nacidos en las redes son capaces de traducir su indignación en políticas viables, o si se conformarán con quemar a un billonario distinto cada semana en Instagram.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo de The Economist:
