EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Apartur exige la retirada inmediata de la campaña municipal de Barcelona que anuncia el fin de las licencias de pisos turísticos en 2028.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Jaume Collboni, y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), presidida por Enrique Alcántara.
- ¿Qué impacto tiene? La campaña genera inseguridad jurídica para 10.000 propietarios de pisos turísticos legales sin que exista una decisión municipal firme, mientras el sector denuncia que se ignoran 60.000 viviendas vacías y otros usos económicos de la ciudad.
Apartur ha exigido este lunes la retirada inmediata de la campaña institucional del Ayuntamiento de Barcelona sobre la extinción de las licencias de pisos turísticos en 2028, alegando un uso partidista de la publicidad y la ausencia de una decisión municipal firme que respalde la medida.
El alcalde Jaume Collboni anunció a mediados de 2024 su intención de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre de 2028, una medida que afectaría a unas 10.000 viviendas, según los datos del consistorio. La campaña publicitaria puesta en marcha en los últimos días, que invita a los ciudadanos a denunciar apartamentos turísticos ilegales, ha encendido los ánimos de la patronal de los pisos turísticos.
Para Apartur, el Ayuntamiento está haciendo un uso partidista de la publicidad institucional y, sobre todo, actúa contra un vacío legal. «No existe a fecha actual ninguna decisión adoptada por los órganos competentes del consistorio» que avale la eliminación de los pisos turísticos, sostiene la asociación, que califica la campaña de «totalmente contraria a la legalidad y al ordenamiento jurídico aplicable».
La falta de una decisión firme es el núcleo del conflicto. Las licencias de los pisos turísticos, recuerda Apartur, fueron otorgadas con carácter indefinido hace más de una década y no pueden extinguirse mediante una campaña mediática. «Resulta muy grave que una administración pública destine recursos institucionales a señalar y desacreditar a un sector plenamente legal», lamentó el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.
Alcántara fue más allá y vinculó la campaña con la crisis de la vivienda. «Resulta especialmente preocupante que el Ayuntamiento haya decidido situar a los pisos turísticos como principal foco de confrontación pública, en lugar de crear una hoja de ruta clara y capaz de dar solución a la actual crisis de la vivienda», enfatizó.
La asociación ha contraatacado con datos que apuntan a otras prioridades urbanísticas. Mientras la administración local carga contra un sector que representa apenas el 1% del parque inmobiliario de la ciudad, hay cerca de 30.000 viviendas destinadas a actividades profesionales —despachos, consultas, peluquerías o clínicas estéticas— y otras 60.000 que permanecen vacías, según la Agencia Tributaria. Frente a esos números, subraya Apartur, los pisos turísticos legales constituyen un «sector regulado, contributivo y fiscalizado» que genera empleo y descentraliza la actividad turística.
La inseguridad jurídica pesa más que la propia fecha de extinción: sin una decisión firme, el Ayuntamiento campaña contra un sector que opera con licencias válidas desde hace más de una década.
La Ficha del Inversor
La amenaza de extinción masiva de 10.000 licencias turísticas en Barcelona en 2028 se ha convertido en un lastre reputacional y de confianza para los propietarios e inversores del sector. El yield (la rentabilidad anual de un alquiler turístico antes de impuestos y gastos) en zonas tensionadas de la ciudad ronda entre el 5 y el 7%, una cifra que explica por qué el Ayuntamiento se enfrenta a un sector que no quiere ceder su negocio. Pero el dato clave que desvela Apartur es que la eliminación unilateral de los pisos turísticos no supondrá, según diversos estudios, un retorno masivo de esas viviendas al mercado residencial tradicional. Los propietarios decidirán libremente el uso futuro de sus inmuebles, y la experiencia de otros controles de alquiler en Europa sugiere que muchos elegirán la venta o el destino profesional en lugar de alquilar a precios asequibles.
En cuanto a la tendencia a seis meses, la batalla legal parece inevitable. Apartur ha dejado claro que la campaña carece de base jurídica, y la mesa de negociación entre el consistorio y la patronal está lejos de haberse abierto. Mientras tanto, la inseguridad jurídica frenará nuevas inversiones en apartamentos turísticos legales y empujará a parte de la oferta hacia el mercado negro, precisamente lo que el Ayuntamiento quiere combatir. El perfil más aconsejado para esta contienda es el del propietario con licencia que debe documentar minuciosamente su derecho y, en paralelo, preparar un plan B —alquiler temporal o uso profesional— para cuando el horizonte 2028 se aclare. Los inversores con vocación patrimonial en Barcelona harán bien en esperar señales firmes antes de comprar.
El pulso entre Apartur y el Ayuntamiento de Collboni ilustra cómo la regulación urbana puede divorciarse de la seguridad jurídica. De un lado, una administración que quiere recuperar vivienda para los vecinos; del otro, un sector que se siente estigmatizado injustamente y que recuerda que la ciudad cuenta con 60.000 pisos vacíos a los que nadie presta atención. Mientras la campaña siga activa y las licencias sigan vigentes, el verdadero perjudicado será la confianza del pequeño ahorrador que apostó por el alquiler vacacional como complemento de rentas. La próxima cita clave tendrá lugar cuando el consistorio tenga que pronunciarse oficialmente sobre la validez de sus propias campañas frente a las licencias que él mismo otorgó.
