El anteproyecto de ley para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, impulsado por el Ministerio de Trabajo, está generando preocupación en amplios sectores empresariales y técnicos por su marcado carácter político y por el impacto económico y organizativo que puede tener, especialmente sobre pymes y compañías que externalizan la prevención.
El texto, presentado por el Ministerio de Trabajo el pasado 16 de marzo y que actualmente está en fase de tramitación, introduce una profunda modificación del modelo preventivo vigente desde 1995 y, según distintas fuentes del sector consultadas, parte de un planteamiento equivocado: priorizar la internalización de la prevención frente a la integración real y efectiva de la cultura preventiva en las empresas.
Más allá del contenido concreto de las medidas, numerosas voces del sector coinciden en que el anteproyecto supone una oportunidad perdida para actualizar de forma equilibrada la normativa preventiva y adaptarla a los desafíos reales del mercado laboral actual.
Los expertos recuerdan que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha contribuido desde 1995 a una mejora sostenida de los índices de siniestralidad laboral y sostienen que la reforma debería haberse centrado en reforzar la eficacia práctica del sistema, simplificar su aplicación en pymes y adaptar la prevención a las nuevas formas de trabajo, la digitalización o el envejecimiento de las plantillas.
Sin embargo, consideran que el texto prioriza una reorganización del modelo preventivo en favor de estructuras internas y mayores mecanismos de control, sin aportar evidencias claras de que ello vaya a traducirse en una mejora real de la seguridad y salud laboral.
Internalización, no integración.
La filosofía de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente se basa en que la prevención forme parte de la gestión diaria de la empresa, independientemente de si las actividades preventivas se desarrollan con medios propios, ajenos o mixtos.
Sin embargo, según denuncian fuentes empresariales y técnicas, el anteproyecto desplaza el foco desde la integración hacia la internalización de recursos preventivos, imponiendo nuevas obligaciones internas incluso a empresas que ya tienen concertada su prevención con un servicio especializado externo.
La medida más criticada es el refuerzo obligatorio de la figura del trabajador designado. El nuevo texto fija requisitos concretos de dedicación, formación y presencia para estas figuras, incluso cuando la empresa tenga contratada toda la actividad preventiva con un SPA.
El sector interpreta esta medida como una penalización directa a la externalización preventiva. En la práctica, numerosas empresas tendrán que asumir nuevos costes laborales y organizativos únicamente para mantener el mismo modelo que ya utilizan. Algunas estimaciones internas sitúan ese sobrecoste entre 8.000 y 12.000 euros anuales para pequeñas empresas que actualmente tienen externalizada la prevención.
Además, el borrador introduce una posible responsabilidad compartida entre empresario y trabajador designado, cuya delimitación jurídica sigue sin estar clara.
Más servicios propios y más costes
Otra de las modificaciones estructurales más relevantes es la reducción de los umbrales a partir de los cuales será obligatorio constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP). El anteproyecto rebaja de 500 a 300 trabajadores el límite general para empresas no incluidas en actividades de especial peligrosidad y de 250 a 150 trabajadores en las actividades del Anexo I, que engloba sectores y actividades con mayor riesgo laboral, como construcción, industria química, minería, trabajos con explosivos o actividades con exposición a agentes especialmente peligrosos. Además, amplía a tres el número mínimo de especialidades preventivas exigidas.
Fuentes del sector alertan de que esta modificación obligará a muchas empresas medianas a crear estructuras internas preventivas con un fuerte impacto económico. Solo el coste de personal especializado podría superar los 150.000 euros anuales en determinadas compañías.
A ello se añade un problema añadido: la escasez actual de técnicos superiores en prevención. El sector advierte de que no existe suficiente oferta profesional para cubrir la demanda que provocaría la reforma, especialmente en disciplinas como higiene industrial o psicosociología aplicada.
Más burocracia y más intervención
El texto amplía de forma significativa las obligaciones empresariales relacionadas con salud mental, riesgos psicosociales, violencia laboral, adaptación de puestos de trabajo, perspectiva de género y edad, riesgos climáticos y retorno tras bajas prolongadas.
Aunque el sector reconoce que estos ámbitos requieren actualización normativa, considera que el anteproyecto opta por un enfoque excesivamente intervencionista y burocrático, centrado en multiplicar obligaciones formales más que en mejorar la eficacia real del sistema preventivo.
Entre las novedades figuran nuevas obligaciones documentales, revisiones de evaluación de riesgos ante cambios organizativos, procedimientos específicos de reincorporación tras bajas largas, ampliación de la vigilancia de la salud física y mental y mayores exigencias formativas, incluida la formación práctica presencial en numerosos supuestos.
También genera preocupación la introducción de conceptos jurídicos indeterminados como violencia laboral algorítmica, riesgos emocionales o factores organizativos, que podrían aumentar la inseguridad jurídica y la litigiosidad.
Otro de los elementos que ha despertado críticas es la creación de agentes territoriales de prevención con acceso a pequeñas empresas sin representación sindical para realizar labores de seguimiento preventivo. Algunas organizaciones empresariales consideran que esta figura amplía indirectamente los mecanismos de control sindical sobre la actividad empresarial.
