La decisión del Tribunal Supremo de tumbar la normativa que implantaba el Registro Único para viviendas de alquiler turístico ha dado la razón no solo a la Junta de Andalucía, sino a los propietarios que ofrecían sus pisos en plataformas como Airbnb o Booking.com. Ahora, la patronal que reúne a más propietarios del sector en tierras granadinas, Avitar, está pidiendo las indemnizaciones correspondientes a los ingresos que han perdido al no poder anunciar los pisos en las plataformas digitales.
Se trata de unas 1.664 viviendas en Granada afectadas por el movimiento. Según los cálculos de Avitar, se trata de entre 100 y 250 euros por vivienda, que, sumados a las pérdidas de aquellos que no llegaron a tiempo al registro o cuyo registro fue denegado, en total suman 33.000 euros de media por vivienda, lo que, según la patronal, alcanza los 54 millones en daños y perjuicios. Es cierto que incluso las que quedaron atrapadas en ese limbo podían seguir ofreciendo su vivienda a los turistas, pero solo podían hacerlo a través de las opciones tradicionales, es decir, el clásico cartel con el mensaje de «se alquila» en las ventanas; sin embargo, estar fuera de las aplicaciones las sacaba del mercado.
«Lo que no puede aceptarse es que las administraciones legislen primero, dañen después y solo rectifiquen cuando los tribunales los obligan. Cada norma anulada tiene consecuencias. Y esas consecuencias no pueden pagarlas siempre los ciudadanos», afirman desde Avitar, en declaraciones recogidas por el diario local Ideal.
Desde la Junta de Andalucía se ha apoyado a los propietarios afectados. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha estado en contra del registro, pues considera que las medidas de regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) deben depender de las autonomías. Desde la Consejería de Turismo andaluza se ha insistido en que en la comunidad el 89% de los pisos ofertados en plataformas como Airbnb o Booking son de particulares, no de grandes tenedores. «En su mayoría son clase media andaluza que ha ahorrado para tener un ingreso extra con una segunda vivienda», sentencian.
Por su parte, Avitar considera que las administraciones siguen una «estrategia de acoso, criminalización e improvisación normativa» contra la vivienda turística y reclama diálogo, seguridad jurídica y regulación. Además, anima a todos los afectados a acudir a esta asociación para recibir información y que sus servicios jurídicos estudien cada caso para ver lo que pueden reclamar.
AVITAR MANTIENE SU PROTESTA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
A pesar del espaldarazo del Supremo y de la Junta, la patronal mantiene su posición enfrentada con el Ayuntamiento de Granada. «Desde Avitar Granada tenemos que decir que la alcaldesa de Granada lleva 11 meses sin recibirnos. No ha podido conocer nuestro análisis de la realidad de las viviendas turísticas de Granada. Ni ella ni la empresa que contrató para hacer la radiografía del alquiler vacacional en Granada. Granada no es Nueva York ni Madrid ni Barcelona, ni en el problema ni en las soluciones, y se nos quiere asimilar a estas ciudades para perseguirnos e intentar erradicarlas», escriben en un comunicado.
«No compartimos que se presuma desde el Ayuntamiento de Granada de «mano tendida y de escuchar» en las tomas de posesión y luego se oponga a reunirse con los representantes del sector, que somos granadinos, vivimos aquí y que en un 90 %, según los datos de turismo de la Junta de Andalucía, tenemos una o dos viviendas en alquiler vacacional», sentencia la patronal.
Para ellos, el Gobierno de la ciudad está haciendo lo posible para erradicar las VUT, considerando que son una de las causas del problema de la vivienda. No entendemos cómo, en vez de recibirnos y escucharnos, nos enteramos por los medios de comunicación de las decisiones que se han tomado y se nos declara la guerra de manera injusta, promoviendo titulares en los medios de comunicación que nada tienen que ver con la realidad durante un año, en el que se nos criminaliza de manera permanente», sentencia la patronal en el texto dirigido a los medios.
AIRBNB Y SU OFERTA DE PISOS EN GRANADA
En medio de esta controversia, Granada acaba por vivir la misma problemática en cuanto a la oferta de VUT en aplicaciones que Madrid o Barcelona; es difícil saber la oferta real de la ciudad solo con los registros oficiales. Aun así, el dato granadino es uno de los más altos del país.
La provincia de Granada tiene registradas 2.129 viviendas turísticas de alojamiento rural con una capacidad de alojamiento de 13.991 plazas y, por otro lado, hay 9.537 VUT con una capacidad de alojamiento de 50.705 plazas. Estos son datos de la Junta de Andalucía del año pasado; se trata de un dato muy por encima de las licencias oficiales de Madrid, tan solo 1.008, aunque la realidad de la capital es mucho más compleja por la cantidad de ofertas ilegales del municipio.
