La capital de Bolivia se ha convertido en un campo de batalla. Grupos cocaleros, mineros y sindicales han cercado La Paz exigiendo la dimisión del presidente Rodrigo Paz, en un estallido social que el subsecretario de Estado estadounidense no ha dudado en calificar como ‘literalmente un golpe de estado’. Según VisualPolitik, lo que empezó como una disputa salarial ha derivado en una insurrección que deja al país partido en dos.
Las demandas económicas que mutaron en insurrección
Según el análisis de VisualPolitik la Central Obrera Boliviana (COB) convocó movilizaciones a principios de mayo con reivindicaciones clásicas: un alza salarial del 20%, reducción de impuestos y combustible más barato. Sin embargo, en apenas unos días, las peticiones económicas pasaron a un segundo plano. El canal subraya que, tras firmar el ‘acta interinstitucional de unidad y lealtad’, diez grandes organizaciones sindicales y campesinas pusieron sobre la mesa una única exigencia: la renuncia del presidente y elecciones anticipadas. La protesta se tornó violenta: oficinas gubernamentales fueron saqueadas, la policía antidisturbios se enfrentó a los manifestantes con balines y los mineros empezaron a usar cartuchos de dinamita como arma de presión en plena ciudad. Hasta la caravana del ministro de Obras Públicas fue emboscada mientras supervisaba el desbloqueo de carreteras; el ministro permaneció desaparecido durante varias horas.
La herencia envenenada de dos décadas de gobiernos socialistas
VisualPolitik recuerda que el germen del caos actual se plantó durante los casi catorce años de gobierno del MAS bajo Evo Morales. Entre 2006 y 2014, el país creció a un ritmo del 12% anual y la pobreza cayó, pero esa bonanza dependía exclusivamente del gas natural. En lugar de diversificar la economía, el gobierno del MAS compró lealtades con subsidios, bonos escolares y programas sociales. Cuando el gas dejó de fluir, el castillo se derrumbó: el déficit rozó los diez puntos del PIB durante años, el Banco Central se quedó sin divisas y la inflación se disparó hasta cerca del 25% anual en julio de 2025. Rodrigo Paz, un político de centro derecha que ganó las elecciones en noviembre de 2025, recibió un país en estado terminal, sin reservas y al borde de la suspensión de pagos.
Las reformas de choque que encendieron el polvorín
El nuevo mandatario, según relata el canal, puso en marcha en su primer mes un paquete de shock para estabilizar las finanzas. La medida más explosiva fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, que le costaban al Estado diez millones de dólares diarios. De la noche a la mañana, el diésel triplicó su precio. Eso bastó para que los transportistas bloquearan accesos a La Paz y la COB declarara una huelga general indefinida, con mineros lanzando explosivos. Paz resistió tres semanas y negoció una marcha atrás parcial: mantuvo las subvenciones al gas de cocina y aprobó compensaciones salariales, pero la oposición ya había aprendido que podía doblegar al Ejecutivo. La lección se aplicó apenas semanas después, cuando el presidente promulgó la Ley 1720, que permitía a pequeños propietarios reclasificar sus tierras como medianas para acceder a crédito bancario.
VisualPolitik advierte que, aunque la ley parecía técnica, ocultaba un riesgo: la pequeña propiedad agraria en Bolivia es inembargable, pero la mediana no. Las comunidades indígenas y campesinas interpretaron la norma como una amenaza de expropiación encubierta y la calificaron de inconstitucional. El 8 de abril, días antes de que Paz firmara la ley, una marcha indígena partió de la Amazonia rumbo a La Paz. Recorrieron 28 días a pie y fueron sumando apoyos. El 4 de mayo entraron en la capital y la COB aprovechó esa chispa para transformar la protesta en una ofensiva por el poder.
‘Lo que estamos viendo en Bolivia se asemeja cada vez más a una guerra civil, a una insurrección contra la autoridad competente.’
— VisualPolitik
El Chapare, la fortaleza de Evo y el verdadero motor de la crisis
Para VisualPolitik, el rostro invisible de esta insurrección es Evo Morales. El expresidente, prófugo de la justicia por causas de terrorismo, sedición y trata de menores, se encuentra refugiado en el Chapare, una región cocalera que escapa por completo al control estatal y donde los campesinos han montado una guardia permanente para protegerlo. El canal señala que, según el propio Gobierno de Paz, todas las movilizaciones se coordinan desde ese enclave. Evo, inhabilitado legalmente para regresar al poder, estaría utilizando las protestas para descarrilar la consolidación institucional del nuevo gobierno, bloquear la cooperación con la DEA y conservar el Chapare como su último bastión judicial y político. VisualPolitik incluso traza un paralelismo con Venezuela, sugiriendo que la misma agencia que participó en el intento de desestabilización contra el chavismo estaría ahora activa en Bolivia.
Una crisis con ecos autoritarios y un futuro incierto
Más de 59 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos bolivianos dejan al país prácticamente paralizado mientras se suceden enfrentamientos diarios entre manifestantes, antidisturbios y efectivos del Ejército. La pregunta que lanza VisualPolitik es hasta dónde llegarán estas protestas y si Paz podrá resistir una presión cada vez más organizada. La crónica del canal deja entrever que el verdadero pulso no es solo entre un presidente y los sindicatos, sino entre un proyecto de Estado en reconstrucción y las fuerzas que se niegan a perder sus feudos de poder forjados durante la era del gas fácil.
El caso boliviano expone una verdad tan antigua como la política: las crisis económicas no corregidas se convierten en tempestades perfectas cuando hay alguien dispuesto a capitalizarlas. Lo que queda por ver es si la comunidad internacional actuará o si el Chapare se convertirá en un segundo Catatumbo. Mientras, la capital sigue sitiada y la democracia boliviana, en vilo.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de VisualPolitik en YouTube.
