La vivienda por fin comienza a ocupar espacio mediático con una intensidad que va más allá del drama social habitual. Durante años ha sido tratada como un problema episódico, casi siempre encuadrado entre la alarma social, la figura del «okupa» y la narrativa del miedo que alimenta titulares y audiencias. Interesan los propietarios, interesan las televisiones que hacen caja con los anuncios de alarmas, e interesa también la extrema derecha, que ha encontrado en la inseguridad habitacional un relato político rentable.
Ejemplo de este cambio fue el extraordinario estreno anoche de Carles Tamayo en Se nos ha ido de las manos. El reportero catalán montó un fondo buitre para evidenciar que la legislación está hecha en favor de las élites económicas.
Más allá del acierto televisivo, el experimento apunta a una realidad incómoda: el acceso a la vivienda está condicionado por dinámicas especulativas que operan con lógica de mercado y no de derecho. El foco, sin embargo, se ha desplazado hacia el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno, que ha abierto un frente de debate con organizaciones ecologistas como Greenpeace.
El Ejecutivo lo presenta como «un paso importante» para solucionar las dificultades en el acceso a la vivienda y asentar este derecho «frente a cualquier otra concepción de las viviendas», además de subrayar su objetivo de construir vivienda pública asequible, reforzar la rehabilitación y combatir la especulación.
Greenpeace, tras la aprobación del plan, «celebra que se avance en medidas para blindar el parque público social, fomentar el acceso a la vivienda digna de las personas jóvenes y en situación de exclusión y situar la rehabilitación como uno de sus ejes fundamentales».
Sin embargo, la organización advierte de que «en el contexto de las consecuencias de la guerra de Irán, en el que los precios del gas y de la factura energética siguen aumentando, Greenpeace lamenta la falta de ambición en la rehabilitación, con una meta tope de tan solo 260.000 viviendas hasta 2030 y fondos insuficientes».
En su informe ‘Tu Llave para la vivienda digna’, la organización propone «rehabilitar 10 millones de viviendas hasta 2040, lo que supondría multiplicar por diez el número de viviendas rehabilitadas». Greenpeace también afirma que «nuestras casas son hoy más caras, más viejas y más ineficientes que nunca», y advierte de que «estamos dejando a una generación entera a merced de un tsunami especulativo y de la volatilidad energética de personajes como Trump o Putin».
Añade además que «el Gobierno puede y debe hacer más para acabar con la especulación inmobiliaria y hacer de la rehabilitación energética un verdadero plan de país para beneficiar a la ciudadanía con casas más accesibles, confortables y sin combustibles fósiles. Queremos menos pelotazos inmobiliarios y más vivienda social y sostenible y protección de las personas inquilinas».
La organización recuerda que «la vivienda, además de ser un derecho constitucional en jaque frente a un mercado especulativo, consume el 30% de la energía final y es responsable del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero». Señala también que esto se debe «al deficiente comportamiento energético de un parque inmobiliario envejecido y el consumo cautivo del gas fósil, lo que es una trampa para el bolsillo de la ciudadanía y para la soberanía energética en un mundo inestable».
Greenpeace denuncia igualmente que «las compañías energéticas reciben al año, directa o indirectamente, unos 6.000 millones de euros en subvenciones públicas para el fomento del gas y otros combustibles fósiles, una cantidad tres veces más alta que los recursos propuestos para rehabilitación», y que «estas ayudas fósiles se han incrementado recientemente con las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la inflación fósil derivada de la guerra de Irán».
Según la organización, «con una inversión pública de 6.000 millones de euros anuales sostenida hasta 2040, España podría contar en ese año con un parque residencial que emita 48 millones de toneladas de CO₂ menos, ahorre al año 4.175 millones de euros en las facturas energéticas -el equivalente a la factura anual de la luz de cinco millones de hogares- y genere unos 350.000 empleos en el sector de la rehabilitación para todo el periodo.
El Gobierno, por su parte, defiende que el plan está dotado con 7.000 millones de euros y que supone triplicar la inversión anterior, con el objetivo de ampliar el parque público, rehabilitar viviendas y reforzar las ayudas al acceso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el plan responde a una demanda social y que «no valen parches y no hay una varita mágica», subrayando el cambio de paradigma en la política de vivienda del Estado. También destaca que el 40% de la inversión debe destinarse a vivienda pública, el 30% a rehabilitación y el 30% a ayudas directas, además de incorporar una cláusula antifraude, reforzar la transparencia en la adjudicación y garantizar el blindaje del parque público.
