La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado demandas contra Coinbase y Gemini acusando a ambos exchanges de operar ‘casinos ilegales’ a través de sus mercados de predicción. La acción legal, anunciada el 21 de abril, busca miles de millones de dólares en compensaciones y podría redefinir cómo operan estos productos en Estados Unidos.
No es una disputa menor. James argumenta que los contratos de predicción que ofrecen ambas plataformas —apuestas sobre resultados de eventos deportivos, políticos y de mercados— constituyen juego ilegal bajo la legislación del estado de Nueva York. Si prospera, el caso sentará un precedente que afectará a todo el sector de mercados de predicción crypto en el país.
Qué alega exactamente Nueva York contra los dos exchanges
La demanda se centra en los productos de mercados de predicción que ambas compañías han expandido agresivamente en los últimos dos años. Según la oficina de la fiscal general, estos instrumentos funcionan como apuestas deportivas y de eventos encubiertas, sin las licencias que exige el estado para operar casinos o plataformas de gambling.
Coinbase lanzó su mercado de predicciones integrado en 2025, permitiendo a usuarios apostar sobre todo tipo de resultados: desde el precio de bitcoin en fechas concretas hasta quién ganaría las elecciones presidenciales. Gemini, por su parte, adquirió una startup especializada en contratos de eventos y la integró en su plataforma principal. Ambos movimientos buscaban capturar el creciente interés en prediction markets que había impulsado Polymarket, pero también atrajeron la atención de los reguladores.
James sostiene que la estructura de estos productos es indistinguible del juego: los usuarios depositan fondos, apuestan sobre resultados inciertos y reciben pagos basados en si aciertan o no. La diferencia con un casino tradicional, según la demanda es puramente semántica.
Miles de millones en juego y un mensaje al sector
Las cifras que maneja la fiscalía son significativas. La demanda contra Coinbase reclama 2.100 millones de dólares en daños, mientras que la acción contra Gemini busca 890 millones. Estos montos reflejan, según los documentos judiciales, las comisiones y beneficios obtenidos por ambas plataformas desde que lanzaron sus respectivos productos de predicción.
Pero el dinero no es lo único que está en juego. Si Nueva York gana estos casos, otros estados con legislaciones similares podrían seguir el mismo camino. California, Illinois y Texas ya han mostrado interés en regular los mercados de predicción crypto, y una victoria judicial en Nueva York les daría argumentos legales sólidos.
Coinbase ha respondido calificando la demanda de ‘ataque político’ y defendiendo que sus mercados de predicción son instrumentos financieros legítimos, no juegos de azar. La compañía argumenta que existe una diferencia fundamental: en un casino, la casa siempre gana; en un mercado de predicción, los participantes intercambian riesgo entre sí sin que la plataforma manipule las probabilidades.
Gemini, por su parte, ha sido más cauta en sus declaraciones públicas. Cameron Winklevoss se limitó a publicar en X que la empresa ‘defenderá vigorosamente’ su posición y que los mercados de predicción ‘son herramientas de información, no casinos’.
El precedente que puede cambiar las reglas del juego
Creo que este caso ilustra una tensión que llevamos años arrastrando en el sector crypto: la línea entre innovación financiera y actividades reguladas es difusa, y cada jurisdicción la dibuja donde le conviene. Los mercados de predicción son un ejemplo perfecto. ¿Son instrumentos de price discovery que agregan información dispersa y mejoran las previsiones colectivas? ¿O son apuestas disfrazadas con jerga financiera?
La respuesta depende de a quién preguntes. La CFTC lleva años debatiendo cómo clasificar estos productos. En 2024, la agencia federal aprobó algunos mercados de predicción regulados bajo ciertas condiciones, pero dejó claro que los contratos sobre eventos deportivos o electorales rozaban el territorio del gambling. Nueva York ha decidido no esperar a que Washington resuelva la ambigüedad.
Lo que me parece relevante es que Letitia James ha elegido a los dos exchanges más visibles del país para enviar su mensaje. No ha ido a por Polymarket, que opera desde el extranjero y tiene una estructura legal más opaca. Ha demandado a empresas estadounidenses, con sede en Estados Unidos, que cotizan o han cotizado en bolsa. El objetivo parece claro: establecer que ninguna compañía está por encima de la ley estatal de juego, independientemente de si sus productos se llaman ‘contratos de predicción’ o ‘apuestas’.
El calendario judicial apunta a audiencias preliminares para septiembre de 2026, aunque ambos exchanges probablemente presentarán mociones para desestimar antes de llegar a juicio. Si las demandas sobreviven esas mociones, estaremos ante un litigio que podría extenderse varios años.
Mientras tanto, el sector observa. Otras plataformas que ofrecen productos similares —desde Kalshi hasta startups más pequeñas— tendrán que evaluar su exposición legal en estados con legislaciones restrictivas sobre el juego. La pregunta que nadie quiere responder es si los mercados de predicción tienen futuro en Estados Unidos o si acabarán operando exclusivamente desde jurisdicciones offshore, como ya ocurre con buena parte del trading de derivados crypto.
