La crisis energética derivada de la inestabilidad geopolítica ha dejado una lección grabada a fuego en la economía europea: la dependencia es una vulnerabilidad crítica. En este escenario, España busca desesperadamente fórmulas para descarbonizar su sistema sin perder competitividad. Mientras la atención mediática se suele centrar en la fotovoltaica o el hidrógeno verde, existe una energía silenciosa, gestionable y circular que ya está lista para ser inyectada en nuestras tuberías: el biometano.
España podría prescindir del 15% del gas importado produciendo el suyo propio
Según el nuevo análisis de APPA Biogás, España cuenta con un potencial bruto de generación de biometano de 97 TWh anuales. Esa cantidad representa aproximadamente el 42% del consumo total de gas natural en nuestro país durante el último ejercicio. Sin embargo, el volumen «movilizable» de forma inmediata, teniendo en cuenta la logística y la dispersión de los residuos, se sitúa entre los 25 y 35 TWh.
España podría sustituir entre el 11% y el 15% de su consumo actual de gas natural con producción propia para el horizonte de 2035. Producir el gas aquí, a partir de nuestros purines, lodos de depuradora y restos agroindustriales, no solo es una cuestión ambiental; es una estrategia de ahorro masivo de divisas y una mejora directa de nuestra balanza comercial. El informe de APPA subraya que el biometano es la única energía renovable que puede sustituir directamente al gas natural sin necesidad de cambiar las infraestructuras de transporte ni las calderas de los ciudadanos.
Cuarto en potencial, último en desarrollo: la paradoja española del biometano
Si miramos el mapa que dibuja el último informe estadístico de la European Biogas Association (EBA), la situación de España es, cuanto menos, paradójica. El país ocupa la cuarta posición en el ranking europeo de potencial de producción, solo por detrás de gigantes como Francia, Alemania o Italia. Pero si bajamos a la realidad de las plantas operativas, la imagen cambia drásticamente.
Al cierre de 2024, según datos de Enagás y AEBIG, España apenas contaba con unas 270 plantas de biogás (donde el gas se quema para producir electricidad in situ) y tan solo 14 plantas de biometano capaces de limpiar ese gas e inyectarlo en la red nacional. El contraste con nuestros vecinos es desolador: Francia supera las 500 instalaciones de inyección y Dinamarca ya cubre el 40% de su demanda de gas con este recurso.
Seguridad energética, economía circular y menos dependencia del gas ruso: el triple argumento del biometano
El argumento a favor del biometano es, en realidad, un tridente de beneficios que encaja perfectamente con las exigencias de Bruselas. En primer lugar, la seguridad de suministro. En un mercado volátil donde el precio del gas depende de lo que ocurra en el Estrecho de Ormuz o en las fronteras de Ucrania, producir energía localmente blinda la economía.
En segundo lugar, la economía circular. El biometano convierte un problema (el residuo) en un recurso. Los purines de las granjas, que hoy suponen un quebradero de cabeza por la contaminación de acuíferos por nitratos, pasan a ser la materia prima de una energía limpia. Además, el residuo final de este proceso, el digestato, es un fertilizante orgánico de alta calidad que reduce la dependencia de los abonos químicos derivados del petróleo.
Por último, está la descarbonización. El biometano es neutro en emisiones, pero en casos vinculados a la gestión de residuos ganaderos, incluso puede tener una huella de carbono negativa, al evitar que el metano (un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2) se libere de forma natural a la atmósfera.
El reloj corre: 2035 está más cerca de lo que parece y el sector pide acción ya
El 2035 es la fecha marcada para que el biometano sea un pilar estructural del sistema energético español. Sin embargo, el sector advierte: el tiempo no es infinito. La construcción y puesta en marcha de una planta de biometano requiere años de tramitación.
Lo que las asociaciones como APPA, AEBIG y SEDIGAS reclaman no es una subvención a fondo perdido, sino un marco jurídico estable. Esto implica agilizar los permisos de la CNMC para la conexión a la red, simplificar las evaluaciones de impacto ambiental y, sobre todo, consolidar el sistema de Garantías de Origen. Este sistema es vital para que las empresas industriales que consumen gas puedan certificar que están usando una energía verde y así cumplir con sus compromisos de sostenibilidad.
