El drama de acceso a la vivienda en Baleares ha alcanzado cotas difíciles de sostener. La presión turística, combinada con años de crecimiento desordenado del alquiler vacacional —especialmente el ilegal—, ha generado un escenario en el que cada vez resulta más complicado vivir en las islas.
No se trata solo de precios disparados: la falta de vivienda asequible está afectando directamente al tejido económico y social, dificultando la llegada de profesionales esenciales, empujando a trabajadores a abandonar el archipiélago y dando lugar a situaciones extremas como la proliferación de infraviviendas o personas residiendo en caravanas. El encarecimiento del mercado inmobiliario confirma esta tendencia.
Según el estudio IMIE Mercados Locales 2026 de Tinsa by Accumin, el precio de la vivienda en Baleares ha aumentado un 15,5% interanual, situándose por encima incluso de los niveles máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007.
Las islas no solo superan la media nacional, sino que lideran el encarecimiento junto a otras pocas comunidades, consolidándose como uno de los territorios más tensionados de España. En este contexto, la lucha contra los pisos turísticos ilegales se ha convertido en una de las principales herramientas para aliviar la presión sobre el mercado residencial.
Y es aquí donde se ha producido una llamativa convergencia política: una ‘pinza’ de facto entre el Govern balear liderado por el PP y las actuaciones impulsadas desde el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, que ha terminado con la eliminación de 60.000 plazas turísticas ilegales.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha enorgullecido del dato, calificándolo como un hito histórico mientras omitía la ayuda de Moncloa. Durante la actual legislatura, los Consells Insulars han logrado retirar del mercado decenas de miles de plazas irregulares, principalmente mediante la eliminación de anuncios ilegales en plataformas digitales.
Se trata, según el Ejecutivo autonómico, de la mayor operación de este tipo realizada hasta la fecha en Baleares. Esta ofensiva se enmarca dentro de una estrategia más amplia de contención turística. El Govern ha apostado por limitar el crecimiento del número de visitantes y priorizar un modelo basado en el valor añadido más que en el volumen.
Entre las medidas adoptadas destacan la prohibición de nuevas licencias de pisos turísticos y el uso del Impuesto de Turismo Sostenible para proteger el territorio. Prohens ha defendido que los primeros resultados ya son visibles: se alarga la temporada turística, se reduce la presión en los meses de mayor afluencia y aumenta el gasto por visitante.
Sin embargo, también ha hecho un llamamiento a la prudencia, alertando sobre los riesgos de determinados discursos que, a su juicio, pueden perjudicar la principal industria de las islas. Pero más allá del discurso político, lo cierto es que esta reducción de plazas ilegales no se entiende sin la intervención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Bajo la dirección de Pablo Bustinduy, el departamento ha desplegado una ofensiva sin precedentes contra las grandes plataformas de alquiler turístico y los operadores que actúan al margen de la legalidad.
Multa
Uno de los hitos más relevantes fue la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb en diciembre de 2025 por anunciar miles de viviendas sin licencia. La medida afectó a más de 65.000 anuncios considerados ilegales y marcó un antes y un después en la capacidad del Estado para regular este mercado. Lejos de quedarse ahí, el ministerio continuó con nuevas sanciones y actuaciones, reforzando el mensaje de que las grandes plataformas también deben cumplir la ley.
En paralelo, Consumo logró que Booking retirara miles de anuncios irregulares tras un requerimiento formal, evidenciando que la presión institucional puede tener efectos inmediatos cuando se ejerce con determinación. Estas actuaciones han sido clave para reducir la oferta ilegal que durante años ha distorsionado el mercado inmobiliario en zonas de alta demanda turística como Baleares.
Ya en febrero de 2025, Bustinduy se desplazó a Ibiza para entregar al Govern balear información sobre más de 7.000 viviendas turísticas que se anunciaban sin número de licencia. Este dato representaba cerca del 30% del total de alojamientos detectados, poniendo de manifiesto la magnitud del problema. Aunque no todos estos casos implicaban necesariamente ilegalidad, sí evidenciaban prácticas de publicidad ilícita y una falta de control generalizada.
Además, el equipo de Bustinduy ha impulsado medidas complementarias para proteger a los inquilinos, como la prórroga obligatoria de contratos de alquiler en determinados casos y la limitación de las subidas de renta.
Estas iniciativas buscan estabilizar el mercado residencial en un momento de máxima tensión, ofreciendo mayor seguridad a las familias. El contraste dentro del propio Gobierno central también ha sido objeto de debate. Mientras el Ministerio de Vivienda ha sido criticado por su falta de contundencia y su enfoque centrado en incentivos fiscales y construcción, Consumo ha asumido un papel más activo.
