Desde Bruselas, los eurodiputados lo han visto más claro que muchos expertos del sector tecnológico y han respaldado los planes para establecer una billetera o cartera digital en todo el territorio de la UE que sirva para autenticar a los ciudadanos, y permitirles acceder a los servicios públicos y privados, así como para almacenar, compartir y firmar electrónicamente documentos. Así explicado, da la impresión de sin habilidades digitales, sin acceso a la red, es decir, sin cartera digital, los ciudadanos españoles y europeos van a tener muy difícil demostrar que lo son. Además, los expertos en ciberseguridad y privacidad no ve tan claro el dominio sobre esta que van a tener los Estados cuando entre en vigor el Reglamento elADS.
Según la comunicación europea sobre lo decidido por el parlamento en Bruselas, el nuevo marco de identidad digital aprobado en la sesión del pasado jueves «proporcionará a los ciudadanos de la UE acceso digital transfronterizo a servicios públicos clave«. El reglamento adoptado, que ya había sido acordado por los ministro de la UE, la nueva Cartera de Identidad Digital va a permitir que los ciudadanos puedan identificarse y autenticarse online sin tener que recurrir a proveedores comerciales, una práctica que hasta ahora generaba preocupación sobre «la confianza, la seguridad y la privacidad», explica el parlamento.
Eso sí, desde Bruselas aseguran que esta billetera virtual que se a poder utilizar de manera voluntaria. Las negociaciones para llegar a un acuerdo derivaron en disposiciones encaminadas a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, es decir, a fomentar un sistema digital inclusivo para «evitar la discriminación contra las personas que optan por no utilizar la billetera digital«, lo cual recoge muy buenas intenciones, pero la experiencia indica que va a general múltiples problemas de acceso a los servicios para quienes no la quiera o puedan utilizar, como ocurre ya a la hora de acceder a becas, subvenciones, banca y otros servicios públicos y privados, al menos en España.
la normativa pretende fomentar un sistema digital inclusivo para evitar la discriminación contra las personas que optan por no utilizar la billetera digital
Los especialistas en ciberseguridad no terminan de ver del todo favorable que esta cartera digital sea tan segura y privada para los ciudadanos que la utilicen. Esto de llevar una especie de DNI en el móvil es para ellos una amenaza para la privacidad de los datos de los ciudadanos y su seguridad online, y se temen que pueda ser una vía de control de las instituciones y gobiernos de los ciudadanos, lo que supondría un retroceso en nuestro derechos y libertades.
De hecho, un grupo de investigadores y científicos de toda Europa han firmado una carta en contra de esta legislación, porque entienden que «no respeta la privacidad de los ciudadanos, porque no respetará el cifrado de extremo a extremo, y permite a los gobiernos designar sus propias autorizaciones de certificación, y que vaya a ser un organismo controlado por los Estados, ETSI (European Telecommunications Standards Institute), el encargado de establecer los requerimientos de seguridad concretos, lo que suponen una injerencia.
Además, en cada país existe un organismo que controla y certifica las identidades ciudadanas. En España esta labor la realiza la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ya está controlado por el Gobierno.
BRUSELAS TENDRA TODAS NUESTRAS FIRMAS DIGITALES
El Reglamento elADS (Electronic Identification and Trust Services) que se ha aprobado prevé que los usuarios europeos de estas billeteras puedan contar con «firmas electrónicas cualificadas» de manera gratuita, porque son más confiables y cuentan con idéntico estatus legal que nuestra firma manuscrita. También pretenden que exista total fluidez en las interacciones digitales «de billetera a billetera».
Los representantes de los europeos pretenden también que se pueda contar con una «billetera de código abierto» para, según sus sanas intenciones «fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad«, además de imponer reglas muy estrictas cara a mantener a raya a las empresas involucradas en la realización del registro y la supervisión, para garantizar la «rendición de cuentas y la trazabilidad».
Las «billeteras» contarán con el llamado «panel de privacidad», en el que los usuarios, en teoría, van a poder tener el «control total de sus datos y solicitar su eliminación, tal y como recoge el RGPD. Tal y como dijo la eurodiputada socialdemócrata Romana Jerković, «esta legislación tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos dándoles el control total del uso y el intercambio de sus datos. La identidad digital ha pasado de ser una mera comodidad a convertirse en un catalizador de la participación cívica, el empoderamiento social y un medio para fomentar la inclusión en la era digital».
pretenden también que se pueda contar con una «billetera de código abierto» para, según sus sanas intenciones «fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad
A partir de esta decisión parlamentaria, que ha visto la luz gracias a los 335 votos a favor, 190 en contra y 31 abstenciones, esta normativa deberá ser respaldada por el Consejo de Ministros de la UE para que se convierta en ley. Su puesta en marcha se ha producido después de que el Parlamento Europeo realizara un estudio que demostraba que la prestación de servicios públicos y privados se había vuelto cada día más digital después de la pandemia de la COVID-19, lo que esta visible y lógico, por otro lado, dadas las circunstancias de confinamiento que se vivieron durante dos años.
Por eso se plantearon muy seriamente el establecer una solución como la billetera digital, tal y como hacían algunos ciudadanos con billeteras similares en las que almacenaban y a las que vinculaban datos en el entorno «único y fluido» de sus teléfonos móviles. Para Bruselas, estas soluciones no eran optimas, porque esas billeteras estaban desconectadas de la identidad física de sus dueños, y en casos de pérdida, también perdían el control de los datos personales, por lo que el fraude y las amenazas de ciberseguridad resultaban «difíciles de mitigar».
El establecimiento de la Cartera de Identidad Digital es una de las propuestas que pretenden dar respuesta a las recomendaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, concretamente de la propuesta 33 (5), que aboga por la creación de una «identidad digital común europea para agilizar las transacciones y servicios digitales transfronterizos, respaldada por un marco sólido de normas y directrices europeas para garantizar las salvaguardias necesarias, pero en un entorno digital seguro y fiable», según pretenden.
