La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas que suman 22 años y cinco meses de prisión al empresario hotelero Miguel Rifá por vaciar patrimonialmente sus sociedades y, así, defraudar a la Agencia Tributaria más de 88 millones de euros mediante una trama en la que usó paraísos fiscales.
La sentencia de la Sección Segunda, le atribuye la comisión de dos delitos de alzamiento de bienes y de hasta cinco delitos contra la Hacienda Pública, uno de ellos en grado de tentativa, por los ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 2011 aunque aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas al remontarse los hechos a más de una década.
El tribunal establece que Rifá debe indemnizar a la AEAT con más de 88 millones de euros e impone multas por una cantidad superior a los 34,9 millones de euros, si bien en algunos supuestos deberá hacer frente a estas cuantías económicas de forma conjunta y solidaria con su socio y también condenado, I.M.M., o sus sociedades.
El fallo del que es ponente el magistrado Luis Durbán indica que el empresario «controlaba y dirigía» el grupo de mercantiles integrado por Hotel Almería SL, Alvari Hotelera, y por Predios del Sureste SL, y remarca que, en 2008, tenían contraídas con la Agencia Tributaria deudas por un global de más de 84,1 millones de euros.
Señala que, pese a que «tenían bienes para hacer frente a las mismas», Miguel Rifá, junto a otros coacusados y guiado por «la intención de frustrar las legítimas expectativas de cobro», de la AEAT «ideó y ejecutó un plan en virtud del cual dejó a dichas sociedades sin bienes con los que hacer frente a las deudas».
La sentencia destaca que el plan diseñado se estructuró en dos fases; una primera en la que las sociedades deudoras «aportaban bienes a otras sociedades del grupo a cambio de participaciones que éstas emiten al ampliar capital» y una segunda en la que las sociedades deudoras «vendían esas participaciones a terceras sociedades, siempre del mismo grupo, recibiendo en contraprestación pagarés no a la orden con vencimiento generalmente a muy largo plazo y sin garantías, que en la mayor parte de los casos quedan incobrados».
Precisa el tribunal que, de «forma simultánea y con la finalidad de distraer» a la Agencia Tributaria y de «retrasar» la fase ejecutiva, las sociedades deudoras realizaban «sucesivas solicitudes de aplazamiento, ofreciendo a menudo en garantía bienes sobrevalorados».
Así, según sostiene como probado, las sociedades deudoras «quedaban sin bienes con los que hacer frente al pago de sus deudas tributarias» mientras que los inmuebles de los que eran titulares inicialmente pasaban «a otras sociedades del mismo grupo cuyos propietarios formales eran sociedades portuguesas, a su vez propiedad de una sociedad británica, a su vez propiedad de sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas».
«Todas, a su vez, pertenecían a Miguel Rifá», recoge la resolución, que añade que los pagarés «nunca llegan a hacerse efectivos porque se emitieron sin intención real de que sirvieran como instrumentos de pago».
El modus operandi diseñado por Rifá, quien se enfrentaba a 26 años y once meses de cárcel por petición fiscal en una causa en la que también está personada como acusación particular la Agencia Tributaria, incluía que sociedades «desplegasen diversos mecanismos defraudatorios» que, al final, «acababan» aumentando la deuda con la AEAT, según describe.
