Desde el sector taxi hace meses hay un choque abierto por las medidas tomadas hacia el sector por la Comunidad de Madrid. Lo perciben como un ataque constante a su modelo de negocio, al defender a las VTC y aplicar medidas de liberalización, unas medidas que, según el gobierno regional de Madrid, suponen una forma de ayudar a los taxistas a competir con las nuevas aplicaciones del sector transporte. Es un choque de criterios imposible de resolver entre ambas partes.
LA AMPLIACIÓN PARA EL TAXI
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto para ampliar hasta el 31 de diciembre de este año la antigüedad máxima que pueden tener los vehículos que prestan servicio de transporte de viajeros con licencia de autotaxi.
La transición a vehículos nuevos, eléctricos o, al menos, no tan contaminantes, ha sido más lenta de lo esperado y la crisis económica inflacionaria actual, así como la recesión pandémica, sin duda han obligado a retrasar algunos planes que siguen siendo claves tanto en España como en Europa de cara a la agenda 2030.
Lo ha anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo madrileño, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos. La nueva normativa establece que se podrán acoger a este aplazamiento aquellos taxis que el 1 de enero de 2023 hayan superado los diez años de antigüedad, así como aquellos profesionales del sector que acrediten haber formalizado la compra de un nuevo vehículo antes del 31 de diciembre del año pasado y todavía no lo han recibido.
La nueva normativa establece que se podrán acoger a este aplazamiento aquellos taxis que el 1 de enero de 2023 hayan superado los diez años de antigüedad
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha propuesto esta moratoria por «el contexto económico mundial y la crisis energética que afecta a la producción de vehículos, lo que ha originado retrasos importantes en los tiempos de entrega de los nuevos automóviles, especialmente significativos en el caso de los eléctricos y adaptados para personas de movilidad reducida».
El texto aprobado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y recuerda a los municipios y órganos supramunicipales afectados la obligación de su aplicación en beneficio de los taxistas, sus familias y usuarios de este servicio público.
UNA MEDIDA PARA PROTEGER UN SERVICIO PÚBLICO
La decisión de Madrid es una prueba más de la importancia que se le ha dado desde el Gobierno y las instituciones de España de cuidar el sector taxi. Si bien en algunas comunidades como Madrid y Andalucía se apuesta por una convivencia entre ellos y las VTC y en otras como el caso evidente de Cataluña, se intenta eliminar a las nuevas aplicaciones, asumiendo que su funcionamiento no puede permitir que los taxis compitan en una situación justa.
La decisión de Madrid es una prueba más de la importancia que se le ha dado desde el Gobierno y las instituciones de España de cuidar el sector taxi
Finalmente, su existencia como servicio público en España termina protegiéndolos de algunas situaciones complicadas. De hecho es evidente al ver que los vehículos privados no tienen este tipo de extensiones, y siguen teniendo que asumir algunos problemas delicados para pasar por algunas zonas de Madrid. Esto puede generar algunas críticas para estas nuevas medidas, pero en la práctica son situaciones profundamente diferentes.
La existencia del taxi como servicio público en España termina protegiéndolos de algunas situaciones complicadas.
De todos modos habrá que estar atentos a la respuesta del sector. Aunque pueda parecer como una ofrenda de paz la situación entre las dos partes sigue siendo delicada, y probablemente lo siga siendo mientras las posiciones entre ambas partes se mantengan tan firmes en sus posiciones como lo han sido hasta ahora.
UNA SOLUCIÓN TEMPORAL PARA EL TAXI
A pesar de este salvavidas es complicado imaginar que pueda asumirse la solución como permanente. La realidad es que no deja de ser una solución temporal, que solo aplica mientras que no se pueda acelerar el proceso de transformación de los vehículos que usan en el sector la situación seguirá siendo complicada para todos los involucrados.
Es bueno mencionar que de hecho desde Bruselas la meta es que no haya vehículos de combustión interna antes del final de la década, lo que incluye a los taxistas y a los conductores de las VTC. Pero en ese proceso también es necesario proteger a los profesionales que dependen de coches para poder trabajar. Es un equilibrio complicado que se debe asumir entre ambas partes, y que se debe asumir en Madrid, España y Bruselas.
