Bruselas ha remarcado que limitar la compra de vivienda a no residentes requiere razones imperiosas de interés general. Así, la Comisión Europea ha remarcado que para que un Estado miembro de la Unión pueda limitar la compra de vivienda a no residentes deben concurrir «razones imperiosas de interés general» reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo (TJUE).
Así lo expresa la comisaria europea de Servicios financieros, Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs.
Unas palabras que podrían afectar a todos aquellos países con ese tipo de limitaciones, como es el reciente caso de Portugal. Hace unas semanas que el vecino íbero anunció la intención de prohibir la compra de viviendas a extranjeros y de eliminar las conocidas como ‘visas de oro’ para no residentes: residencia a cambio de inversión.
“El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles”
La pregunta formulada por la eurodiputada fue si sería posible que los Estados miembros limitarán la adquisición de viviendas a los no residentes, teniendo en cuenta las restricciones a la circulación de capitales entre países de la Unión.
En su respuesta oficial, la Comisión recuerda que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, «incluidas las viviendas», por parte de nacionales de la UE no residentes.
BRUSELAS ACLARA: SOLO PUEDE DARSE POR RAZONES IMPERIOSAS
Con todo, puntualiza que «no obstante, tales restricciones pueden estar justificadas» por «razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido».
Eso significa que las medidas deben ser «adecuadas para garantizar, de manera coherente y sistemática, la realización del objetivo perseguido» y no ir «más allá de lo necesario para alcanzarlo», añade.
Juan Pedro Yllanes ha defendido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría aceptar una «excepción balear»
La pregunta de la eurodiputada mallorquina no hacía ninguna mención a esta posibilidad que se debate desde hace unos meses en Baleares. Precisamente, el pasado sábado la secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se comprometía a «presionar» a la parte socialista del Gobierno de España para que «las islas puedan legislar la restricción de compra de viviendas a no residentes».
El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha defendido en reiteradas ocasiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría aceptar una «excepción balear» para permitir esta medida atendiendo a las «circunstancias especiales» que se dan en las Islas. Yllanes asegura que el TJUE «no se cierra en banda» a este tipo de regulaciones y que Baleares «cumple los requisitos» para que se permita esta restricción.
REGULACIÓN DE ALQUILERES EN LA ESPAÑA VACIADA
Aunque España no se haya pronunciado todavía sobre la limitación a extranjeros de la compra de viviendas, tiene su propio plan para equilibrar el mercado inmobiliario, y sobre todo el referido al de los precios del alquiler.
Así, el portavoz de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transporte para lanzar un programa piloto de viviendas públicas en alquiler en pequeños municipios de la España Vaciada.
En rueda de prensa en el Congreso, Guitarte ha explicado que este programa se introduciría en la Ley de Vivienda, con la intención de revertir uno de los «problemas estructurales» de la España Vaciada, que es precisamente la falta de acceso a la vivienda.
La vivienda también afecta «de manera estructural» a la España Vaciada
Y es que, el diputado ha apuntado que los problemas de la vivienda no solo se ciñen a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sino que también afecta «de manera estructural» a la España Vaciada.En lo que se refiere a la vivienda en pequeños municipios, el diputado ha indicado que la promoción de viviendas públicas en alquiler no solo debe centrarse, al margen de las grandes ciudades, en cabeceras de comarcas, puesto que esto podría ser un elemento «incentivador» de despoblación y de migración interior en comunidades como Aragón.
