Alberto Núñez Feijóo aseguró en la Cadena Ser que el Gobierno hace negocio cada vez que sube el salario mínimo. La réplica del Ejecutivo fue casi instantánea: Yolanda Díaz le acusó de mentir y el ministro de Hacienda sacó la calculadora para demostrar que se equivocaba. En su último análisis, Juan Ramón Rallo sostiene que el líder del PP patinó en el mecanismo, pero que el ruido de fondo que describió no era en absoluto imaginario.
La conversación venía de una pregunta muy concreta de Aimar Bretos: si consideraba que el salario mínimo había subido demasiado en los últimos años. Feijóo, según la lectura del canal, no quiso entrar en ese cuerpo a cuerpo y abrió un flanco distinto, el de la recaudación. De ahí salió su tesis: de cada subida del SMI, cerca de un 30% acaba en manos del Estado, entre impuestos y cotizaciones. La afirmación se convirtió en el titular de la jornada y en el objeto de dos desmentidos oficiales.
El 30% que se queda el Estado
Rallo dedica la parte más técnica del vídeo a comprobar si esa cifra resiste. Con el salario mínimo bruto de 2026, en torno a 17.100 euros anuales, la empresa no paga solo ese sueldo: añade cerca de un 32% en cotizaciones sociales, unos 5.500 euros, hasta un coste total de aproximadamente 22.590 euros por trabajador. Del otro lado, al empleado se le retiene alrededor de un 6,5% de cotización a su cargo, unos 1.111 euros, de modo que el neto se queda en torno a 15.983 euros.
La resta es la que da sentido a la denuncia del líder popular: si la empresa desembolsa 22.590 y el trabajador percibe 15.983, el Estado se queda con unos 6.607 euros, es decir, un 29%. Casi el 30% que Feijóo mencionó en antena. El dato, por tanto, no es un invento. Ahora bien, el creador de contenido subraya que ese dinero no sale del IRPF, sino de las cotizaciones sociales, y que por el impuesto sobre la renta el trabajador que cobra el SMI paga exactamente cero euros. Lo pagaba también con el PP en el Gobierno.
El matiz importa porque desplaza el debate. La pregunta de fondo no es si Hacienda exprime el salario mínimo a través del IRPF, sino si el coste laboral total está gravado en casi un tercio. Y ahí, admite Rallo, el diagnóstico de Feijóo es grosso modo defendible aunque su explicación fuera torpe.
Feijóo se equivoca al señalar el IRPF, pero el sonido que ha oído de las campanas iba en la buena dirección: el Estado se queda cerca del 30% de lo que cuesta un trabajador en el salario mínimo.
— Juan Ramón Rallo
La trampa de la calculadora del ministro
El titular de Hacienda compareció con una comparación que, a juicio del canal, es más tramposa que didáctica. Sostuvo que con el PP un asalariado del SMI pagaba de media unos 1.800 euros de IRPF, frente a los cero euros actuales. El problema, explica Rallo, es que en 2015 el salario mínimo tampoco tributaba: si un sueldo nominal de entonces pagaba esa cantidad, era porque no era el salario mínimo, igual que hoy un sueldo por encima del SMI tampoco paga cero. La comparación mezcla escalas distintas y construye un bulo para refutar otro.
Yolanda Díaz y los 21.000 euros que sí tributan
La ministra de Trabajo fue más lejos al afirmar que las rentas salariales y las pensiones por debajo de 21.000 euros no tributan. Para Rallo, esa frase es directamente falsa. Sus cálculos: quien cobra 18.000 euros brutos paga 624 euros de IRPF; con 19.000, la factura sube a 1.354; con 20.000, a 2.035; y con 21.000, a 2.525. El canal ironiza con que para quien vive del presupuesto público esa última cantidad parezca calderilla, pero recuerda que equivale a más del 10% de un sueldo adicional.
Del 0% al 69% al cruzar el umbral
El hallazgo más incómodo del vídeo no es la polémica política, sino la geometría del impuesto. Justo por encima del salario mínimo, el tipo marginal se dispara. Y no porque el legislador lo haya decidido expresamente, sino porque allí coinciden dos beneficios fiscales que se retiran de golpe: la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, que se pierde a razón de 1,75 euros por cada euro extra, y la deducción por salario mínimo, de unos 590 euros anuales, que se extingue a 20 céntimos por euro. El resultado es que la base imponible crece más rápido que el sueldo.
De ahí sale un tipo marginal cercano al 69% nada más superar el umbral. Con la cotización del trabajador, cada euro adicional deja unos 25 céntimos en el bolsillo. En la franja de 18.570 a 18.900 euros, además, se entra en el tramo del 24% y el marginal efectivo alcanza el 82%; sumando la cotización, el trabajador retiene apenas 12 céntimos por euro. Rallo insiste en una precisión que suele confundirse: no dice que alguien entregue el 88% de su salario, sino que ese es el precio de cada euro de subida. Un escalón así es más alto que el de rentas de 300.000 euros.
Quién quiso cobrar el IRPF al salario mínimo
Hay un episodio que desmonta la versión oficial. En febrero de 2025, Hacienda decidió no actualizar el mínimo exento y anunció que el SMI empezaría a tributar. El PSOE se quedó solo: Sumar votó junto al PP y Vox para forzar una rectificación que llegó en forma de deducción de 340 euros. Es decir, hoy el salario mínimo paga cero, pero no porque el Gobierno renunciara a cobrarlo, sino porque la aritmética parlamentaria le obligó. Ese detalle, señala el canal, explica por qué Feijóo mezcló conceptos: recordaba vagamente el intento, no el resultado.
Un debate fiscal que se queda en el titular
El contexto ayuda a entender la magnitud del asunto. El SMI ha encadenado subidas consecutivas desde 2018, y cada año el Ejecutivo ha tenido que retocar el mínimo exento para que la promesa de no tributar se cumpliera. Es una política fiscal a la carta: el umbral se mueve para que el anuncio político cuadre, mientras las rentas inmediatamente superiores asumen el coste del ajuste. Feijóo, es cierto, no supo explicarlo. Tampoco Díaz, que negó una tributación que existe desde el primer euro por encima del mínimo.
Para el lector hay una consecuencia práctica. Si alguna vez ha negociado un aumento de sueldo de 500 euros y ha tenido la sensación de que Hacienda se llevaba buena parte del gesto, no era una impresión: en determinados tramos, la combinación de IRPF y cotizaciones convierte la mejora en una victoria pírrica para la nómina. Y ese efecto se concentra precisamente en los salarios bajos, los que la política dice proteger con más énfasis.
La lectura editorial es incómoda para todos. El PP hizo un diagnóstico aproximado con una explicación defectuosa. El Gobierno defendió su gestión con una afirmación falsa sobre quién tributa. Y los verificadores, subraya Rallo, se lanzaron sobre el error del primero mientras ignoraban el del segundo. Cuando el debate público funciona así, la política fiscal se convierte en un intercambio de consignas y no en una discusión sobre incentivos, cuñas y progresividad real.
Queda una pregunta sin responder: si el umbral del salario mínimo genera un tipo marginal superior al de las grandes fortunas, ¿alguien tiene interés en corregirlo? O, dicho de otro modo, ¿le conviene al Estado mantener una frontera donde cada euro de subida se grava como si fuera el último?
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
