UGT y CCOO han convocado para este miércoles a sus respectivos órganos de dirección para decidir si aprueban o rechazan el texto final de la segunda pata de la reforma de las pensiones remitido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
UGT ha citado a su Comité Confederal a una reunión extraordinaria a las 11.00 horas, la misma hora a la que CCOO reunirá a su Consejo Confederal, según han informado fuentes sindicales.
Si ambas organizaciones dan el visto bueno, el Gobierno alcanzará un pacto bipartito sobre la reforma de pensiones, ya que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha adelantado que ve «imposible» aceptar la propuesta de la cartera que dirige José Luis Escrivá.
Con la firma de los sindicatos, el Ejecutivo llevará la segunda parte de la reforma de las pensiones a un Consejo de Ministros extraordinario previsto para mañana jueves y logrará así su aprobación cerca de tres meses después de la fecha comprometida con Bruselas, el 31 de diciembre de 2022.
El acuerdo de las pensiones se desbloqueó en el ámbito político a finales de la semana pasada, cuando PSOE y Podemos, socios del Gobierno de coalición, acercaron posiciones. Eso permitió que, durante la mañana del pasado viernes, el Ministerio de José Luis Escrivá citara a los agentes sociales para una nueva reunión.
La Seguridad Social compartió con los agentes sociales un nuevo texto con cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que esta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
Además, el Gobierno presentó a los agentes sociales tres fuentes de ingresos para la sostenibilidad del sistema de pensiones: la subida de las bases máximas, una ampliación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la creación de una cuota de solidaridad.
En esa primera toma de contacto entre el Gobierno y los agentes sociales, tras meses sin encuentros formales, también se plantearon otras cuestiones como la mejora de las pensiones mínimas, la cobertura de lagunas o la reducción de las brechas de géneros. Todas quedaron pendientes, a la espera de que el Gobierno enviara nuevos números a los interlocutores sociales durante el fin de semana.
Los sindicatos salieron de esa reunión con una valoración positiva, dispuestos a seguir trabajando la propuesta de cara al nuevo encuentro de este lunes y con voluntad de cerrar los flecos pendientes. Los empresarios mostraron su «frontal oposición» a ese borrador y reprocharon al Ejecutivo su «voracidad recaudatoria».
Después del fin de semana, y con los nuevos documentos analizados, los agentes sociales volvieron a sentarse este lunes con los negociadores de la Seguridad Social para avanzar en el acuerdo.
Durante la tarde del pasado lunes, las partes lograron cerrar casi todo el punto correspondiente a los ingresos, como informaron el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, Carlos Bravo.
Solo quedó por resolver el alcance de la cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).
CCOO pidió al Gobierno que desapareciera «expresamente» de la redacción que la ley de Presupuestos Generales del Estado pueda limitar cada año la cuota de solidaridad, petición que el Ejecutivo aceptó.
Las otras dos fuentes que completarán los ingresos son el MEI, que pasará del 0,6% actual al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%. El borrador establece que desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá este mismo porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador.
La otra medida para elevar los ingresos es el destope de las bases máximas, que subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050.
Los sindicatos abandonaron la reunión del lunes satisfechos con los avances, pero conscientes de que el trabajo seguía con la resolución de temas como las pensiones mínimas y la integración de lagunas.
El borrador del Gobierno sobre pensiones mínimas resultó «insuficiente» para CCOO, y trasladó al Ministerio la necesidad de establecer un «suelo» que garantice a futuro todas las pensiones mínimas del país en relación con el Índice de pobreza relativa, al menos en el 60% de ese índice o de la renta mediana, en el caso de las contributivas. Para las no contributivas, ha pedido el 75%.
Desde UGT, Luján reconoció que ese 60% de la renta mediana de un hogar de dos personas en las pensiones mínimas «aleja de la pobreza», al igual que el 75% de la renta mediana de un hogar de una persona para las pensiones no contributivas.
El texto del Gobierno propone establecer una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.
En concreto, en el borrador se establece que desde 2027 la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años y de incapacidad permanente absoluta con cónyuge a cargo, una vez revalorizada con el IPC promedio interanual de los doce meses anteriores a diciembre del año anterior, no podrá ser inferior al 60% de la renta mediana equivalente que corresponda a un hogar compuesto por dos adultos.
Para la determinación de dicha renta mediana se multiplicará por 1,5 la renta mediana correspondiente a un hogar unipersonal en los términos concretados para España en el último dato disponible de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, actualizada hasta el año correspondiente de acuerdo con el crecimiento medio interanual de esa renta en los últimos ocho años.
En el caso de las pensiones no contributivas, éstas crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, según consta en el borrador del Gobierno.
También quedó abierta la negociación sobre la integración de lagunas. Los agentes sociales tuvieron un «debate vivo al respecto, pero sin resolución ni concreción suficiente», como ha apuntado Bravo.
