El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha advertido este martes de que España «nada a contracorriente» en la imposición sobre la riqueza dentro de la Unión Europea al crear el impuesto a las grandes fortunas –aunque sea temporalmente– para «tapar los agujeros» que algunas comunidades abren en la tributación a Patrimonios.
Pich ha criticado en rueda de prensa para la presentación del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023’ el procedimiento por el cual se ha creado el nuevo Impuesto a grandes forturnas -a través de una enmienda a una proposición de ley-, lamentando que «las prisas tampoco han ayudado en su diseño».
Además, ha pronosticado que el próximo Gobierno que salga de las urnas deberá acometer sin dilación la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva nueve años de retraso y que tendrá que llevar aparejada necesariamente una reforma fiscal bastante amplia y en un contexto en el que las comunidades autónomas habrán de tener muy en cuenta que la exigencia de austeridad presupuestaria por parte de la UE ha regresado.
Según se desprende del estudio ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023’,presentado este martes por los economistas, la aprobación de este nuevo tributo a grandes fortunas se produce en un momento en que que el Impuesto sobre el Patrimonio en cuatro comunidades –Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana– ya tenían mínimos exentos más bajos que el estatal.
De su lado, la Región de Murcia lo ha aumentado considerablemente y en Andalucía y Madrid no se paga este tributo, mientras que Galicia lo bonifica ya al 50%. Con vigencia temporal, Cataluña y Comunidad Valenciana han subido el marginal máximo de su tarifa, al igual que Navarra.
REBAJAS Y DEFLACTACIONES EN EL IRPF
De su lado, en el IRPF, las principales diferencias se producen por la regulación de las tarifas –advirtiéndose cierta tendencia a rebajarlas–, sobre todo en 2022, porque hasta ocho comunidades han optado por la deflactación o por rebajar los tipos -Aragón que rebaja el mínimo y sube el máximo-, y algunas han actualizado los mínimos personales y familiares.
De su lado, según el informe, los impuestos propios de las comunidades autónomas representan solo el 2% de los ingresos tributarios en 2021, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. No obstante, la recaudación por impuestos propios ha crecido en 2021 con respecto a 2020 un 14,1%.
En el año 2023 se han producido numerosas modificaciones en los impuestos propios como consecuencia de la creación del Impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las comunidades que tenían implantado un impuesto similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto.
Los fiscalistas del REAF, en palabras de su presidente, Agustín Fernández, constatan que «por un lado, parece que se intenta racionalizar el universo de los impuestos propios con la creación de impuestos estatales cedidos a las CCAA como el de residuos, unificando los que gravan el mismo objeto imponible, aunque, por otro lado, no se agota la imaginación para crear nuevas figuras impositivas».
Asimismo, señaló que «la utilización de la capacidad normativa que tienen las CCAA en tributos cedidos ha producido 958 impactos normativos, de los cuales 317 corresponden al IRPF, sobre todo deducciones, aunque estas sólo reportaron a los contribuyentes un ahorro en 2020 de 498 millones de euros, un 0,47% de la recaudación total».
Los economistas asesores fiscales declaran que la regulación de los impuestos cedidos es laberíntica y, por ello, solicitan a las comunidades que aún no han publicado textos refundidos que lo hagan para mayor seguridad jurídica de los ciudadanos.
