El despliegue desordenado de data centers puede triplicar el coste de generación y encarecer la factura de la luz. Lo avisa el propio Gobierno.
El Ejecutivo pone cifras a ese escenario en la memoria del análisis de impacto normativo del real decreto con el que quiere ordenar estas infraestructuras, un documento que ya obra en poder del Consejo de Estado y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto lo firman Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, y compara dos mundos: diez gigavatios conectados sin reglas frente a un escenario base de uno.
La diferencia no es cosmética. Con 10 gigavatios (GW) de potencia de computación sin exigencias energéticas, el coste variable de generación sube un 200%, el gas quemado en ciclos combinados crece un 107% y las emisiones de dióxido de carbono aumentan un 65% en el horizonte de 2030.
Claves de la operación
- El escenario desregulado triplica el coste variable. Diez gigavatios sin requisitos renovables elevan un 200% el coste de generación, un 107% el consumo de gas y un 65% las emisiones contaminantes en 2030.
- Doce gigavatios de permisos ya concedidos. Red Eléctrica y las distribuidoras de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP han otorgado acceso a más del triple de lo previsto en la Estrategia de Inteligencia Artificial.
- Adicionalidad del 80% y recargos de hasta el 500%. El real decreto exige renovable nueva, correlación horaria y clase A de eficiencia; incumplir cuesta el permiso de acceso.
Diez gigavatios sin normas: el multiplicador que nadie quiere pagar
El mecanismo no es intuitivo, pero está bien documentado en la memoria. Los centros de datos vinculados a la nube y a la inteligencia artificial tienen un perfil de consumo plano y constante los 365 días del año. No reducen potencia durante las horas punta ni se acompasan al ciclo solar o eólico.
Cuando decae la producción renovable, el sistema tapa el hueco encendiendo centrales térmicas de gas. Ese respaldo fósil es el que rompe la ventaja competitiva española, construida sobre los bajos precios mayoristas que permiten la fotovoltaica y la eólica.
Un consumidor que no puede apagarse nunca obliga al sistema a tener siempre encendida la planta más cara.
La memoria insiste en el reparto desigual del golpe. Frente a los hiperescaladores —Amazon, Microsoft o Google, con capacidad de inversión extraordinaria—, hogares y tejido manufacturero cuentan, según el documento, con menor poder adquisitivo y capacidad competitiva para absorber tensiones en el mercado mayorista. Sin la obligación de costear su propia energía, la factura recae en los más vulnerables.
Doce gigavatios ya concedidos y una red sin hueco para la vivienda
El papel admite una segunda lectura, más incómoda: la congestión ya está aquí. Los gestores de red han otorgado permisos de acceso y conexión por más de 12 GW. Algo más de 6 GW corresponden a la red de transporte que opera Red Eléctrica y el resto a las redes de distribución autonómicas de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Los permisos firmados triplican la previsión más ambiciosa de la Estrategia de IA.
El atasco tiene consecuencias fuera del sector energético. El bloqueo de nudos de conexión, advierte el texto, puede dejar sin potencia eléctrica promociones de vivienda y rehabilitaciones. Subestaciones locales copadas por reservas especulativas o preventivas de megavatios complican además la electrificación de la aerotermia y de las bombas de calor domésticas.
El coste tampoco es una hipótesis lejana. Los estudios académicos citados por el Ejecutivo calculan que solo 4 GW de hiperescaladores encarecerían el sistema en 2.000 millones de euros anuales. La memoria recurre a Irlanda, Países Bajos, Alemania, y Estados Unidos como casos donde la regulación llegó después del problema, y recuerda que esos 12 GW equivalen al 29% de la punta histórica peninsular, fijada en 41,5 GW.
Adicionalidad, avales y un calendario electoral que aprieta
El real decreto fija un filtro duro para las instalaciones de 10 MW o más. Deberán acreditar el principio de adicionalidad: cubrir al menos el 80% de su consumo con generación renovable nueva o almacenamiento contratado a largo plazo, con un mínimo de seis años y un desfase máximo de 36 meses entre la planta y el centro.
También se exige una correlación horaria del 80% en tiempo real y el estándar clase A de eficiencia en energía y agua. El incumplimiento abre la puerta a recargos en los peajes de hasta el 500% y a la caducidad y revocación inmediata de los permisos de acceso.
Hay una red de seguridad para los promotores inviables: seis meses de gracia para renunciar a los derechos sin perder los avales depositados. La patronal Spain DC considera que el texto contiene ilegalidades e intenta frenarlo. El Ejecutivo quiere que llegue al Boletín Oficial del Estado antes del 29 de noviembre, jornada de elecciones generales, y no descarta aprobarlo en funciones.
Lo que se juegan Iberdrola, Endesa y los hiperescaladores
Aquí se cruzan dos intereses que rara vez se sientan en la misma mesa. De un lado, la promesa de inversión digital: los proyectos de hiperescaladores anunciados en España en los últimos años se han vendido como motor industrial y reclamo fiscal. Del otro, la arquitectura de precios que ha convertido al país en una de las pocas plazas europeas con coste eléctrico competitivo para la industria.
La comparación con Endesa e Iberdrola resulta inevitable, y no solo por su papel de distribuidoras. Ambas ganan en dos frentes cuando el sistema se tensa: colocan más electricidad y la cobran más cara en el mercado mayorista. Pero también son las primeras interesadas en una red con capacidad para electrificar demanda doméstica e industrial, y en no cargar con la factura reputacional de un atasco que paraliza vivienda.
El riesgo que no aparece en la memoria es el de la inversión extranjera. Un marco con recargos del 500% y revocación automática puede espantar proyectos que España necesita para no quedarse fuera del mapa europeo de cómputo. La contrapartida es conocida: si el precio se tensa, la factura la pagan los mismos hogares que ya arrastran el coste de la electrificación. Seguimos de cerca cómo encaja el sector este equilibrio.
Queda un hito concreto para medir la ambición real del texto: su paso por el Consejo de Estado, la publicación en el BOE antes del 29 de noviembre y, sobre todo, el periodo de gracia de seis meses. Si los avales se devuelven sin ruido, sabremos cuántos de esos 12 GW eran proyecto industrial y cuántos, simple reserva de suelo eléctrico.
