El macroproyecto de Hard Rock y la ampliación de El Prat se han convertido en las exigencias del PSC para dar el sí a los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña, gobernada por Pere Aragonés. Los socialistas de Salvador Illa han puesto un precio muy alto a ERC, una condición acorde con el pago realizado en el Congreso de los Diputados, donde los republicanos e independentistas han arrancado al PSOE de Pedro Sánchez la modificación del delito de malversación para poder realizar un referéndum pactado y vinculante si la opción ganadora obtiene el 55% de los votos.
Hard Rock no va a hacer ninguna obra ni petición de licitación alguna hasta que no se apruebe el PDU
Pero el proyecto de Hard Rock, denominado BCN World y ubicado entre los municipios de Vila-Seca y Salou, tiene aún que superar numerosas trabas, incluso obteniendo el sí de ERC. Y es que, el proyecto tendría que rehacerse por completo debido a un informe medioambiental desfavorable de la propia Consejería de Acción Climática.
Asimismo, están en duda la vigencia de las actuales licencias para establecer un casino. Y es que, se otorgaron hace cuatro años y entre los requisitos se estipuló que los dueños del macrocomplejo fueran también los propietarios de los terrenos. Sin embargo, según ha podido conocer este medio, estos suelos no obran bajo su poder, sino que están aún en el perímetro de La Caixa. Para la operación, el Incasòl, el Instituto Catalán del Suelo, los compraría a la entidad financiera y a su vez los destinaría a los inversores del macrocomplejo.
TODO ESTÁ PARALIZADO EN LOS TERRENOS PARA LEVANTAR EL HARD ROCK
Con todo, los inversores del proyecto van con pies de plomo a la hora de aflojar el dinero para la inversión. Y es que, diferencias casi irreconciliables entre los alcaldes de Vila-seca y Salou está volando la paciencia de los promotores, que han dado a su vez el ultimátum de sacar adelante el nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) antes de dar un paso más. «Está todo paralizado», han asegurado fuentes conocedoras de la situación a MERCA2. «No se va a hacer ninguna obra ni petición de licitación alguna hasta que no se apruebe el PDU», han destacado.
Y es que, desde marzo no se ha realizado obra alguna. «La paciencia tiene un límite», han señalado y el caso extremo es retirar un proyecto de 700 millones de euros directos y otros 1.300 millones de forma indirecta para la zona, un auténtico mazazo para una zona turística en el sur de Tarragona. El tiempo apremia y los plazos dados apuntan al mes de febrero de 2023 como máximo. Si para entonces no hay proyecto, la inversión daría al traste.
LOS INVERSORES Y HARD ROCK EXIGEN UN NUEVO PLAN DIRECTOR
Para aprobar el nuevo PDU es necesario que la Generalitat pase del pasotismo a la acción. Sin embargo, en ERC hay posiciones contrarias. Desde el Govern aseguran que se está haciendo todo lo posible para que el proyecto encaje en los criterios medioambientales que se exigen, mientras que desde la bancada republicana del Parlament existen voces que estudiarían votar en contra del proyecto debido a su enorme impacto medioambiental, especialmente en esta zona protegida de Tarragona.
En el territorio, más de 270 entidades han unido sus fuerzas para tratar de paralizar completamente el proyecto o bien alargar la concesión de licencias y permisos lo máximo posible con el fin de «agotar la paciencia de los inversores». Desde Salou aseguran que el Plan Director Urbanístico no se aprobará hasta el próximo año como muy pronto debido a que no entrará en los Presupuestos.
El PSC intenta sacar un beneficio de su posición actual -único apoyo de ERC- para iniciar su ataque contra el medioambiente y la vida de los vecinos de Salou y Vila-seca
Por otro lado, los empresarios de la zona se han movilizado, con un gran acto en la Cámara de Comercio de Tarragona, para respaldar el proyecto. A este movimiento se sumaron también instituciones públicas y políticos, con el PSC como uno de los máximos exponentes.
LA OPOSICIÓN A HARD ROCK PROMETE UNA LARGA BATALLA JUDICIAL
«Están jugando con nuestras vidas», han asegurado desde la nueva plataforma, nacida del movimiento Aturem Hard Rock. «Entendemos que ahora los partidos políticos traten de sacar un rédito con los Presupuestos y están dispuestos a pasar por encima de la ciudadanía», han afirmado. «El PSC intenta sacar un beneficio de su posición actual -único apoyo de ERC- para iniciar su ataque contra el medioambiente y la vida de los vecinos de Salou y Vila-seca», han señalado.
«El informe de Acción Climática es demoledor y obliga a cambiar por completo todo el proyecto. Es un estudio realizado por expertos, ajenos a los partidos políticos, y su dictamen muestra que el planteamiento ofrecido tiene un fuerte impacto medioambiental», han insistido las mismas fuentes. Además, otro de los motivos por los que rechazan este proyecto es la temporalidad de los empleos y los bajos salarios vinculados al turismo. «Los estudios muestran una brecha de 5.000 euros respecto al salario medio», han subrayado. A su juicio, este tipo de inversión fomenta el trabajo precario.
LAS BARRERAS AGOTAN LA PACIENCIA DE HARD ROCK
La plataforma que se opone a este proyecto desgrana los graves problemas que han tenido durante este verano las empresas dedicadas al sector de la hostelería para encontrar trabajadores. Faltaban empleados en todos los puestos, desde camareros a ayudantes de cocina, debido a las condiciones precarias. «Para trabajar doce horas y no poder pagar el alquiler es mejor no trabajar», ha sostenido.
«Paralizaremos el proyecto por las buenas o por las malas», han incidido. En este sentido, están en condiciones de presentar otro contencioso-administrativo que alargaría entre cuatro o cinco años más este proyecto. El propio alcalde de Salou sostenía que los inversores muestran ya algunas reticencias al proyecto y no se descarta atacar la licencia de casinos, que debería ser revocada porque hay diversos criterios que ya no se cumplen. Entre otros, los temporales y la acreditación de la propiedad de los terrenos.
LA INVERSIÓN EN EL PRAT ALCANZA LOS 1.700 M€
La otra lucha del PSC es tratar de desbloquear la ampliación de El Prat desde la propia Generalitat. ERC no se ha opuesto a ninguna inversión, sino que trata de que todas cumplan con los criterios y exigencias pedidas en cada uno de los proyectos. La del aeropuerto de Barcelona es una inversión directa de otros 1.700 millones de euros, necesaria para evitar que la brecha con Madrid se agrande y atraer a un turismo de mayor de calidad.
Sin embargo, los republicanos no se han mostrado tan favorables como los socialistas. En este sentido, fueron los propios republicanos quienes rompieron las negociaciones tras el anuncio del Gobierno, en agosto del año pasado, para llevarlo a cabo.
Sin embargo, el proyecto de Aena pasa por una zona de gran interés ecológico y medioambiental, perteneciente a la Red Natura 2000, dependiente a su vez de Bruselas. La Comisión Europea ya rechazó este proyecto ante la falta de cuidados en la primera ampliación de esta infraestructura estratégica.
