El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antonio Cañete, ha exigido este miércoles «la urgente implementación» de la Ley Crea y Crece para contribuir a mejorar los plazos de pago en España, como ha manifestado durante su intervención en la Asamblea Abierta, que ha celebrado en la sede del Parlamento Europeo, en Madrid.
Cañete considera que ante un contexto de inflación y subida de tipos como el actual, y previsiones como las de Crédito y Caución, que cifran en 171.000 las empresas que ven amenazada su supervivencia por la morosidad, es necesario actuar «de manera urgente» para «salvar a pymes y autónomos». El presidente de la PMcM también ha compartido las cifras de la Plataforma, que elevan la previsión de cierre de empresas a 200.000.
Por este motivo, pide que se apliquen las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece, y reclama un control previo de los pagos para acceder tanto a las subvenciones públicas como a la contratación pública.
Además, PMcM señala que es «imprescindible» que las grandes empresas compartan públicamente todos los datos «sobre los que están dejando de informar». La PMcM ha aludido al último informe de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, relativo a 2020, que recoge que de los 1.250 casos en los que se estaba obligado a comprobar los pagos de los contratistas a subcontratistas tan solo 27 contenían lainformación pertinente.
La PMcM ha aprovechado el acto de este miércoles para anunciar que seguirá de cerca la aplicación normativa y fiscalizará el cumplimiento de la Ley Crea y Crece. Para ello, exige la puesta en marcha del Observatorio de la Morosidad, en el que Cañete espera que la PMcM tenga un papel activo.
Sobre este futuro Observatorio de la Morosidad, Cañete ha advertido de que no debería constituirse «de forma sesgada desde un sector interesado, que está dando informes alterados sobre morosidad», según recoge la nota de prensa de PMcM.
Cañete también ha defendido incluir el régimen sancionador en la ley, para evitar situaciones de impago por parte de las grandes empresas a sus proveedores por encima del plazo legal de pago de 60 días. Las estimaciones elevan el impago a unos 82.000 millones de euros, según los datos ofrecidos en la nota de prensa de PMcM.
«Es absolutamente necesario que la ley se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado. No se entiende que lleve más de dos años en trámite», ha expuesto.
La PMcM espera facilitar a la Unión Europea información sobre las malas prácticas habituales en España para que las considere de cara a la revisión de la Directiva Europea sobre morosidad. En este sentido, Cañete ha valorado muy positivamente la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respecto a la Directiva Europea sobre morosidad.
