Desde 2018 todas aquellas personas físicas y jurídicas que manejan datos de terceros han abordado un proceso de adaptación al RGPD, la normativa europea más importante en protección de datos personales.
Dado que no es una materia fácil, lo normal es confiar en profesionales para que hagan dicha adaptación. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha detectado un importante fraude que afecta especialmente a autónomos y pymes.
Un fraude que es doble
La ilegalidad se produce porque se está pagando un servicio de consultoría y adaptación como si fuera una actividad formativa. Utilizando los fondos públicos que empresas y autónomos tienen a su disposición para la formación profesional de sus empleados. Atentando directamente contra los derechos de estos.
Por otro lado, las actividades de formación están exentas de IVA, no así las actividades de consultoría. Si se factura el servicio realizado como una actividad formativa, quien lo recibe no paga el IVA. Produciéndose así un fraude contra la Agencia Tributaria.
