lunes, 11 noviembre 2024

Los profesionales del ‘lobby’ reclaman una pronta regulación del sector

El director de Análisis, Estudios y Comunicación de Acento, David Álvaro García, ha presentado su último libro, ‘Lobby en positivo’, en el que reclama una regulación del sector como sucede en la mayoría de países occidentales.

Acompañado por los exministros Alfonso Alonso y Valeriano Gómez, junto con el cofundador de Transparencia Internacional España, Jesús Sánchez Lambás, presentaron esta obra en la que se abordan los retos que deben afrontar los profesionales del ‘lobby’ en España.

Un sector en auge, según avalan las cifras de las principales consultoras de asuntos públicos, que demanda la existencia de una legislación pública que “dote de transparencia, integridad y normas claras e iguales para todos”, tal y como defiende Álvaro García.

Para explicar las bondades y ventajas del ‘lobby’, los ponentes recordaron diferentes ejemplos históricos desde la primera y segunda Revolución Industrial hasta la exitosa colaboración público-privada que ha posibilitado que tengamos la vacuna contra la Covid-19 en un tiempo récord.

En opinión del autor, “las multinacionales, pymes y organizaciones de la sociedad civil cada vez tienen más en cuenta la importante labor de interlocución estratégica con las administraciones públicas como forma de trasladar sus inquietudes, preocupaciones o propuestas de futuro”.

Una acción que debe ser llevada a cabo con profesionalidad y donde el valor diferencial lo aporta “la capacidad estratégica, el análisis de escenarios, la búsqueda de sinergias entre sectores divergentes, todo ello teniendo como objetivo final la consecución de un bien común que mejore las sociedades en las que vivimos y que ofrezca un ‘win-win’ a ciudadanos, empresas e instituciones públicas”.

Desde el sector son muchas las voces que vienen demandando una regulación del ‘lobby’, prometida por los gobiernos de Rajoy y Sánchez, y aun no materializada, con el fin de que todos los profesionales de los asuntos públicos operen con seguridad jurídica, imposibilitando posibles malas praxis y dando a conocer la realidad de un sector que genera ingentes beneficios a las organizaciones, empresas e instituciones públicas con las que operan.


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