Distintas filiales de ACS, Ferrovial, OHLA y Acciona, junto con Aceinsa y otras compañías locales catalanas, se encargarán de la conservación y la explotación de las autopistas AP-2 y AP-7 a su paso por Aragón y Cataluña durante dos años por un importe total de 95 millones de euros.
El pasado 1 de septiembre, los 477 kilómetros que tienen estas dos autopistas entre Zaragoza y El Vendrell y entre la frontera francesa y Tarragona dejaron de ser peaje tras la decisión del Gobierno de no prorrogar el contrato de concesión con Abertis. Pese a que esta compañía ha optado por hacerse con algunos de estos contratos de conservación, tras perder la gestión de los peajes, no ha ganado ninguno de los contratos. No obstante, ACS, propietario de casi la mitad de su capital, sí se ha hecho con uno de los tramos.
A través de una de sus filiales, API Movilidad, el grupo que preside Florentino Pérez se encargará de los 85 kilómetros que separan Cataluña de Francia por la AP-7, un contrato de 21,8 millones de euros. Ferrovial, por medio de Ferroser y junto con Romà Infraestructuras y Obras, Pavimentos e Instalaciones, se ha hecho con dos tramos en Barcelona, el de la AP-7 entre los kilómetros 147 y 207 y el de la B-30, por 16,5 millones de euros.
Otro de los contratos en Barcelona ha recaído en Elsan, una de las empresas que se encuentran bajo el perímetro de OHLA, que conservará y explotará la AP-7 entre los kilómetros 85 y 147 por un importe total de 16,27 millones de euros. El cuarto contrato, concerniente a la explotación de la A-2 a su paso por la provincia de Zaragoza, lo ha ganado un consorcio formado por Acciona e Innovia Coptalia, empresa perteneciente a Copcisa, por 13,6 millones de euros.
LABORES A REALIZAR
Estas adjudicaciones estrenan el nuevo modelo de conservación de carreteras lanzado por el Ministerio que ahora dirige Raquel Sánchez e inició su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, en el que se persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y de la red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria como la vigilancia y atención de accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. Por ejemplo, en el sector 5 de Barcelona se incluirán las obras de mejora de la seguridad vial mediante la construcción de un carril de trenzado en la autovía B-30.
